Las metas macroeconómicas como el déficit y el crecimiento; el control del gasto tras haber abandonado la reforma estructural sobre la eliminación del subsidio; y el tema de deuda serían los temas de interés dentro de la revisión que ejecuta en este mes de enero el Fondo Monetario Internacional (FMI) con las autoridades económicas ecuatorianas, a fin de darle continuidad al programa de financiamiento vigente.

De lo que se conoce el Fondo Monetario Internacional ya está revisando con el equipo del Ministerio de Economía y el Banco Central (BCE) el cumplimiento de las metas de diciembre. Sin embargo, no se ha fijado aún una fecha exacta para que la misión del FMI visite el país de manera presencial, aunque no se descarta que se lo haga de manera virtual, sobre todo tomando en cuenta el desarrollo de la nueva variante del COVID-19 (ómicron).

El acuerdo de $ 6.500 millones firmado con el FMI por el Gobierno anterior y que se extiende hasta el 2022, contemplaba la entrega de $ 4.000 millones en 2020; $ 1.500 millones en 2021 y 1000 millones en el 2022.

Publicidad

Sin embargo, de acuerdo con el ex ministro de Economía Mauricio Pozo al momento está pendiente del desembolso del FMI por $ 700 millones que debía haberse cumplido a finales de diciembre, en el cronograma inicial. Este desembolso está supeditado a la revisión del FMI. El experto económico considera que la nueva revisión tendrá que ver con el cumplimiento de metas y el equilibrio fiscal.

Pozo considera que posiblemente se hayan replanteado metas a la luz de la decisión del Gobierno de congelar los combustibles, lo cual no era parte del acuerdo, pues esto genera mayores gastos al Estado y por tanto, mayor déficit. Este debe ser compensado. Otro tema importante sería el tema de los pagos a la Seguridad Social, tema que aún no se resuelve.

Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad de las Américas y ex jefe para América Latina del Banco Mundial, considera que las metas para diciembre se han cumplido “con colchones”, es decir de sobra. Esto porque, por un lado, las metas fijadas, tanto por las autoridades ecuatorianas como por el FMI han sido conservadoras. Por ejemplo se consideraba que el crecimiento del país iba a ser de 2,75 % en 2021, pero al final el último anuncio del Banco Central ha sido que crecerá al 4 %. En cuanto a los ingresos, los petroleros estuvieron por encima de lo esperado y también la recaudación tributaria.

Publicidad

Sin embargo, para De la Torre quedan dos o tres puntos importantes que el FMI verificará. El primero es la reforma tributaria. Explica que a su parecer el FMI quedará conforme con la reforma que es progresiva, en la cual el que más tiene, más paga, y que sirve para cubrir los gastos del COVID-19. Lo malo es que no tuvo el contingente de la Asamblea: “el legislativo hubiese podido mejorar el proyecto”, dice.

Lo siguiente será establecer cómo se cumplirá el compromiso de reducir el gasto. Una manera de reducir era continuar eliminando el subsidio a los combustibles, pero esto no ha sucedido, más bien se congeló el precio. Hubiese sido ideal por un lado eliminar el subsidio, pero al mismo tiempo implementar un mecanismo para sustituir dicho subsidio, debidamente focalizado, por ejemplo vía transporte público, o con transferencia a la gente de bajos recursos.

Publicidad

Otro de los temas delicados es cómo alcanzar el equilibrio fiscal a futuro, para así poder frenar el peso de la deuda, dijo De la Torre.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) señala que el saldo consolidado de la deuda pública y otras obligaciones no podrá superar el 40 % del PIB. Sin embargo, en la Disposición Transitoria Vigésima Sexta del Código, se señala que con el fin de alcanzar el cumplimiento de la regla de deuda el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones, hasta el límite establecido en el artículo respectivo, considerando los siguientes límites: 57 % del PIB hasta el año 2025; 45 % del PIB hasta el año 2030; y, 40 % del PIB hasta el año 2032 y en adelante.

Justamente esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que cambiarían la metodología de cálculo de la deuda. Esto, luego de que durante cinco meses no se había publicado los boletines de deuda. El viernes, Finanzas presentó el dato de la “Deuda Pública y otras obligaciones del SPNF y la Seguridad Social /PIB” con corte a agosto que asciende a $ 62.066,82 millones, el 58,88 % del PIB. Sin embargo, también presentaron la deuda Agregada del Sector Público No Financiero que a agosto se ubica en $ 73.206,3 millones, en la cual se transparentan múltiples obligaciones de deuda interna, incluido un convenio de pago del IESS, así como obligaciones pendientes de pago.

De acuerdo con De la Torre este 2022 será clave para el control del gasto. Pero este tema sufrirá presión de una serie de gastos preasignados y por la misma reactivación de la economía.

Publicidad

Para De la Torre, otro tema pendiente, a futuro, es la reforma laboral. Explica que las otras reformas como la de ordenamiento de las Finanzas Públicas, la de Defensa de la Dolarización y la tributaria ya han sido aprobadas. (I)