Expertos económicos, académicos, abogados, miembros de la sociedad civil son quienes conforman la nueva Comisión Interdisciplinaria para la Elaboración de un proyecto de reforma del Sistema de Pensiones IVM, que deberá ser entregado en mayo del 2023 al Gobierno. La conformación de dicha comisión fue anunciada el 10 de enero por el presidente Guillermo Lasso.

Los miembros de la comisión son a la cabeza, Augusto de la Torre, quien liderará el trabajo y ejercerá como coordinador. De la Torre fue director jefe del Banco Mundial para América Latina y ha trabajado en un diagnóstico sobre la Seguridad Social en Ecuador. También están Eduardo Carmigniani Valencia, Doménica Cobo Flandoli, Andrea García Angulo, Andrés Hidalgo Cevallos, Pablo Lucio-Paredes, Karla Morales y Segundo Vilema.

De acuerdo a los compromisos adquiridos por los miembros de esta comisión, ellos deberán entregar una reforma enfocada exclusivamente en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como en otros programas intrínsecamente relacionados al IVM, como el seguro de desempleo, fondo de cesantía, fondo de reserva, los seguros complementarios y el sistema de jubilación patronal.

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Las conclusiones, recomendaciones y propuestas de reforma legal que la comisión elabore no serán de carácter vinculante.

En todo caso, la idea es generar una discusión nacional sobre la reforma que requiere el sistema de pensiones, tomando en cuenta la mayor cantidad de apreciaciones y sugerencias de las entidades públicas y la sociedad civil; y, por otro lado, el diseño de una propuesta de reforma legal con sustento técnico.

“La propuesta de reforma legal que la comisión presente apuntará a resolver los problemas de sostenibilidad y viabilidad financiera y fiscal del sistema de pensiones”, dice el documento de compromiso. Además, tomará en cuenta los principios de eficiencia, solidaridad, obligatoriedad, universalidad, subsidiariedad, suficiencia y equidad social; así como la escasez de recursos fiscales y “los desafíos que enfrenta el sistema como consecuencia del cambio del perfil demográfico de la población, con mayor expectativa de vida”.

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La comisión podrá contar con la asistencia técnica de expertos de entidades multilaterales, incluyendo el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los términos en que estas entidades otorgan estos servicios.

Entre tanto, el actual director del IESS, Diego Salgado, explicó en una entrevista en Teleamazonas que desde hace cuatro meses se han llevado adelante mesas técnicas, lideradas por el presidente del IESS, Alfredo Ortega, para analizar varios escenarios de sostenibilidad de la Seguridad Social.

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Entre dichos escenarios está, por ejemplo, el tema de la edad de jubilación. Es que la esperanza de vida cuando se hizo la ley era de 70 años, ahora es de 80 años. Salgado dijo que al momento el IESS tiene una población de tercera edad pronta a jubilarse y que en diez años ha subido un 7,9 % el número de pensionistas para jubilación, mientras que los cotizantes no son suficientes. “Tenemos 5,5 aportantes por cada jubilado, cuando deberían ser 8 aportantes”, indicó.

También está en el análisis el porcentaje de aportación de cada uno de los afiliados. En este tema, reflexionó en que hay muchos servicios que fueron ampliados durante el gobierno populista y que no están financiados.

Entonces, las posibles soluciones tienen que ver con la edad, los porcentajes de aportación o incluso escenarios mixtos. Sin embargo, aclaró que no hay ningún tipo de decisión tomada.

Para Salgado, es un avance que se haya emitido el decreto 571 de octubre pasado, en el cual se reformó el reglamento para la elección de los delegados de trabajadores y empleadores al IESS. Con una serie de tropiezos, ahora ese Consejo ya tiene a sus tres miembros: por los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez; por los trabajadores, Richard Gómez; y, por el ejecutivo, Alfredo Ortega.

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El tema de la posesión de Gómez en el Consejo es, al momento, un foco de polémica. Los representantes de las centrales sindicales no lo reconocen. De acuerdo con Fernando Ibarra, de la Cedeclat, ellos acaban de apelar una decisión de un juez de Machachi y esperan que la Corte Provincial se pronuncie en los próximos días. Además esperan que la Superintendencia de Bancos niegue la calificación de Gómez, pues dicen que no cumple los requisitos mínimos.

Por otro lado, para el 14 de enero estaría preparándose una movilización por parte de la Federación Nacional del Seguro Social Campesino (Feunassc) en contra de lo que ha sucedido en el Consejo Directivo. Ibarra dijo que, además, están opuestos a la Comisión conformada, a la que calificó de neoliberal. Dijo que seguramente lo que se propondrá es incremento de años para la jubilación o incremento de aportes. Para Ibarra, estas no son las soluciones, pues si el Estado pagara todo lo que se le debe al IESS, este no estaría en problemas financieros.

Entre tanto, Salgado señaló que el IESS al momento goza de salud, y por eso se están honrando los pagos a los afiliados. Sin embargo, explicó que la ley del IESS, que data del 2001, requiere de reformas. Esta ha tenido 31 declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, 38 reformas por parte del poder legislativo y no tiene reglamento. En este sentido, es necesaria la reforma a la normativa del IESS. (I)