El 95 % de las personas naturales y jurídicas que acudieron a presentar sus observaciones al proyecto de Ley urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal no está de acuerdo con la reforma planteada por el Ejecutivo, y se tendrán que hacer varios cambios en la propuesta que inició la elaboración del informe.

Lo reveló el legislador César Rohón (antes de PSC), quien anticipó que la Asamblea Nacional tiene que encontrar el equilibrio para garantizar la equidad, justicia tributaria y progresividad; por lo tanto, hay una serie de factores que no se han tomado en cuenta, pues se trata de una ley tributaria y no el cuadre de un balance, para establecer ingresos y gastos. “Aquí no se tienen que forzar las cifras”, refutó.

La comisión desde el 11 de noviembre empezó a elaborar el informe para primer debate y se espera que el documento esté listo el fin de semana. Todos los sectores políticos representados en la comisión hablan de que se recomendarán cambios a la propuesta inicial del Gobierno.

Mesa de Desarrollo Económico cierra socialización del proyecto urgente y entra a elaborar el informe para primer debate

El asambleísta César Rohón indicó que si bien el Gobierno necesita ingresos permanentes y tributos permanentes, no se puede quitar el derecho de las personas a deducir sus gastos personales, en un país donde no hay servicios eficientes en salud, educación y seguridad, donde las familias optan por esos servicios y buscan la factura para deducirlos.

En el momento que se quita ese derecho o se reducen las deducciones a $ 5.000 al año, simplemente se empuja a la informalidad, porque ya muchos no pedirán las facturas. Y, por otro lado, se afecta a un derecho adquirido.

El representante del oficialismo, Francisco Jiménez, mostró apertura para realizar cambios en la reforma tributaria, pero dijo que cualquier definición que se llegue tiene que tener dos pilares perfectamente cumplidos: el primero, que la reforma tributaria sea una herramienta para la reactivación económica con reglas predecibles, estables y además un monto de ingresos que permita esa reactivación. Y el otro pilar es que sea una herramienta de sostenibilidad fiscal.

En torno de las deducciones de gastos personales, Jiménez admitió que hay criterios divididos en la comisión, porque hay quienes sostienen que el rango debe ser superior a los $ 5.000 como lo propone el Ejecutivo. En todo es posible ceder, afirmó el legislador de CREO, pero la cesión debe ser con sentido común y priorizando los intereses del país.

Una mesa técnica compuesta por representantes económicos del Gobierno, los sectores productivos, la academia y la sociedad civil acompaña a la comisión legislativa en la redacción del informe para primer debate, donde prácticamente se incluirán las observaciones planteadas por más de 70 personas e instituciones que comparecieron.

Pacto fiscal

Felipe Ribadeneira, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, insistió en el planteamiento del pacto fiscal, pues sostuvo que como empresarios tienen que cuidar mucho la liquidez de las empresas. Que están conscientes del problema que existe en el Ecuador, que no se oponen a la tributación, pero que la construcción de una normativa tiene que encontrar un equilibrio entre la necesidad fiscal y la necesidad de la reactivación productiva.

Para este sector, añadió, no le queda claro por qué la recaudación es tan alta de $ 1.900 millones, en dos años, cuando el compromiso con el Fondo Monetario Internacional es que en el año 2022 tiene que haber una recaudación de $ 600 millones y en el año 2023 de $ 500 millones; entonces, por qué se habla de un monto superior de recaudación en momentos que debe haber equilibrio, preguntó Ribadeneira.

Este pacto fiscal, explicó el empresario, determina que la contribución que hagan las empresas debe tener una corresponsabilidad por parte del Estado en la reducción del gasto, en el control de la corrupción y evitar la deficiencia en las compras públicas.

Desde la academia, Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, señaló que el país necesita una buena reforma tributaria pospandemia, y resaltó que en la comisión legislativa existe apertura para realizar cambios a la propuesta del Ejecutivo, pues no se trata de castigar a la clase media ni castigar al sector empresarial.

Que es justo pagar impuestos, pero la clase profesional no quiere que le caiga sobre sus hombros todo el ajuste, pero también es cierto que está pagando menos de lo que debería pagar.

El equilibrio está en que los profesionales puedan realizar sus deducibles y que paguen impuestos, pero no en exceso; que el sector empresarial pague sus contribuciones patrimoniales, pero dándole las facilidades de pago necesarias, tomando en cuenta que en marzo y abril del 2022 se acumulan tres pagos tributarios.

Juan Francisco Jaramillo, desde la sociedad civil, manifestó que la necesidad de recaudar que tiene el Estado no puede estar por encima de los intereses de los ciudadanos, pues es importante que se tome en cuenta que se está saliendo de una pandemia que golpeó a la mayoría de los ecuatorianos y no se los puede afectar económicamente más allá de su capacidad contributiva.

La sociedad civil, añadió, plantea a la Asamblea Nacional que analice seriamente esta reforma, sobre todo en aspectos relacionados con la deducción de gastos para las personas naturales y que los plazos para las contribuciones especiales se reformen. (I)