Sindicalistas lograron medida cautelar y Consejo Directivo del IESS no podrá sesionar hasta que se resuelva acción de protección

La acción de protección presentada por centrales sindicales para reclamar su derecho a designar al delegado de los afiliados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue aceptada a trámite y las medidas cautelares también fueron otorgadas.

Es decir que el presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, no podrá convocar a sesiones hasta que se resuelva la acción de protección, para lo cual se fijó una audiencia para el viernes 25 de noviembre de 2022, según la convocatoria emitida a las 18:34 del miércoles y que consta en el portal de la Judicatura.

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La medida cautelar pedía que a este funcionario se le ordene a que “se abstenga de convocar a sesiones, mientras no se habilite y posesione legalmente por parte de la Superintendencia de Bancos al representante elegido democráticamente por las organizaciones de los asegurados”.

Y es que el pasado lunes 14 de noviembre se realizó la primera sesión a la que fueron convocados la nueva vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, y el antiguo representante de los trabajadores, Luis Clavijo. Ese mismo día, pero en la tarde, se presentó la acción de protección con pedido de medidas cautelares.

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Centrales sindicales reclaman porque no se renovó al vocal de los trabajadores para reemplazar a Clavijo que sigue en funciones prorrogadas. La representante de los empleadores sí fue calificada con base en el decreto 571 emitido el 3 de octubre por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, el proceso que llevaban adelante los trabajadores no concluyó debido a que la Superintendencia de Bancos ya no vio viable la calificación, porque presentaron cuatro candidatos desde diversas organizaciones, en vez de un candidato único, y también porque la Asamblea Nacional aprobó una ley que establece un nuevo proceso de elección de candidatos.

Quienes presentaron la acción de protección fueron quienes eligieron a Ramiro García y como alterno a Ramiro Beltrán; pero desde otras organizaciones se mocionaron a Richard Gómez con su alterna Mercy Maldonado; a Carlos Sánchez (sin alterno) y a Manuel Posso Zumárraga (sin alterno).

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La jueza de Violencia Contra la Mujer y la Familia, Hilda Garcés, lleva el caso de esta acción de protección planteada en contra de la Superintendencia de Bancos representada por Antonieta Cabezas y Jorge Luis Andrade.

Si bien la pretensión de la medida solicitada busca que se suspendan las convocatorias a las reuniones del directorio hasta que se posesione y habilite legalmente el representante de los asegurados, el análisis que realiza la jueza al resolver sobre la procedencia de la medida cautelar, “no puede pronunciarse sobre el fondo de la acción ya que en el caso sub judice (pendiente de resolución judicial) se trata de una medida cautelar conjunta, por tanto el resolver sobre el aspecto medular de la pretensión de la acción, a través de la medida cautelar constituiría una resolución anticipada a través del auto inicial, lo cual no es procedente”. Sin embargo, considera que la medida cautelar es procedente atendiendo una de sus características principales que es la temporalidad, por lo que para evitar posibles vulneraciones de derechos constitucionales, dispuso que Ortega se abstenga de convocar a esas sesiones mientras se resuelve la acción de protección en lo principal, dentro de la audiencia pública que se realizará a las 10:00 del próximo 25 de noviembre en Quito. (I)