Tras dos años de confinamiento, un 7 % del personal se quedó en teletrabajo

María labora en un medio de comunicación privado y permanece en teletrabajo desde el 17 marzo de 2020, luego de que anunciaron el estado de excepción y el confinamiento tras detectarse los primeros brotes de COVID-19 en Ecuador. Cuenta que al inicio fue complicado adaptarse por complicaciones con el servicio de internet de su hogar para poder trabajar, ya que la empresa no reconoce hasta ahora ningún tipo de apoyo para cubrir estos gastos.

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Con el pasar de los meses, María se fue adaptando e incluso adecuó por su cuenta un espacio en su habitación para estar más cómoda, aunque su jornada se redujo a seis horas, al igual que su remuneración. Su empleador le ha informado que eso seguirá así hasta agosto aproximadamente, una vez que se termine el contrato que le hicieron con la ley humanitaria.

Cuando empezó la pandemia, en 2020, 443.710 trabajadores se registraron bajo esta modalidad, que ya para 2021 se redujo notablemente y cerró el año con 30.920 teletrabajadores, según cifras del Ministerio del Trabajo, entidad a la que se le solicitaron cifras más actualizadas, pero no las compartió. Esos datos significan que el 93 % del personal ya está en oficina.

En total, en estos dos años, dentro del Sistema Único de Trabajo (SUT), 13.003 son las empresas del sector privado y 262 las instituciones públicas que registaron colaboradores en esta modalidad.

Liz Monserrate, trabajadora de una institución de educación superior del país, también lleva teletrabajando dos años, pero su situación es diferente a la de María.

Su institución, en la que laboran unas 800 personas, ha intentado hacer planes piloto para el regreso progresivo a la presencialidad, pero los diferentes rebrotes de contagios han hecho que opten por descartar esa opción para personal de ciertas áreas.

Liz, quien forma parte de un equipo de trabajo de 20 personas, indica que la modalidad le ha resultado algo llevadera gracias a sus superiores directos, y que el teletrabajo le ha permitido unir su vida laboral, profesional y personal en un mismo sitio, lo que considera muy valioso. Por esta razón, ahora ve difícil pensar en volver a la presencialidad total, y dice que una jornada híbrida sería algo un poco más ideal, dado el ritmo de vida actual de los trabajadores.

Emitir un informe diario por hora al área de talento humano es lo que Liz debe hacer cada día como una medida de control que ha definido la institución, que desde el inicio de la nueva modalidad le ha facilitado equipos para el desarrollo de sus labores.

La situación es similar para Karen Cevallos, parte de la agencia de comunicación estratégica Rodríguez Baudoin. Desde hace dos años, toda la nómina de la empresa se mantiene en teletrabajo y no tienen previsto regresar, principalmente como medida de seguridad, pero también porque esto ha hecho que reduzcan costos importantes, ahorro que se ha reinvertido en otras áreas.

La empresa en la que labora Karen, que desde antes de la pandemia ya permitía en ocasiones puntuales optar por trabajar desde a casa a sus colaboradores, cumple con lo que un trabajador en esta modalidad debe recibir: cubre parte del valor del internet de cada trabajador y ha facilitado equipos electrónicos y papelería necesaria constantemente en estos años.

Karen, que no ha sufrido modificaciones de contrato ni salariales, menciona que, pese al gran cambio que significó pasar de forma total a la virtualidad, la calidad del trabajo no ha dismuido; más bien, considera que ha mejorado, ya que todo el equipo mantiene reuniones semanales por Zoom y una vez por mes realizan, a modo de integración, un desayuno con el equipo para ver como están en el ámbito personal y laboral.

La abogada laboral Vannessa Velásquez refiere que en Ecuador hay que entender la diferencia entre lo que fue el teletrabajo emergente y el uso de la figura del teletrabajo, del que no había una cultura en el país hasta que se presentó la pandemia.

Menciona que para ciertos trabajadores ha resultado ventajoso; mientras que para otros, un abuso, que conlleva temor a denunciar lo que ocurre. Resalta la ausencia de inspecciones laborales para esta modalidad y también los casos de empresas que pueden estar en la virtualidad y no haberlo reportado para no asumir ciertos rubros y procesos.

El abogado laboral Francisco Zambrano menciona que, si bien el teletrabajo ayudó a salvaguardar los empleos en los momentos más críticos de la pandemia, no existe aún un sistema óptimo ni políticas fuertes en el país para desarrollarlo o regularlo, algo con lo que otros países sí cuentan y que es muy necesario.

Comenta que en estos dos años ha conocido de casos de denuncias de trabajadores a los que se les incumple el respeto a la desconexión, pese a estar estipulado en un acuerdo ministerial; que laboran más de lo establecido y no se les cancelan estas horas extras.

“Tomando en consideración esto, los trabajadores pueden apoyarse con el órgano de control para hacer cumplir lo establecido. El trabajador se encuentra en una situación desprotegida (...). Con la finalidad de no quedarse sin trabajo, tiene que dejar pasar esto y seguir con sus labores, aunque esto los perjudica”, indica.

Por otro lado, Velázquez dice que en este tiempo “muchas empresas hicieron inversiones importantes, como analizar la ergonomía del lugar de trabajo, capacitaciones para evitar accidentes en casa, y que toda esa inversión se ha visto afectada por las disposiciones de regresar a la presencialidad” emitidas por el Ministerio del Trabajo, lo cual se suma a normas del Comité de Operaciones de Emergencia en distintos momentos. En su lugar, debieron ser “parámetros de cómo sí se puede seguir utilizando el teletrabajo y en qué actividades funciona completamente bien”.

La experta subraya que es importante tomar en cuenta, a través de las encuestas obligatorias constantes que una empresa debe realizar para medir riesgos psicosociales, la decisión de los trabajadores que opten por quedarse en teletrabajo o mantener una jornada híbrida, ya que se estarían “validando las necesidades del empleador y las del trabajador”, pero que Ecuador carece de una norma técnica. (I)

Contraloría evaluó a once entidades públicas

La Contraloría General del Estado (CGE) concluyó en los últimos meses del 2021 los exámenes especiales a once instituciones para verificar los controles que estas efectuaron a las jornadas de teletrabajo durante el primer año de la pandemia.

El organismo de control examinó al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Educación y Cultura, a la regional de Pichincha de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), al Consejo de Educación Superior (CES) y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al de Economía y Finanzas, al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Superintendencia de Bancos y al Municipio de Rumiñahui.

Determinó en sus informes que hubo graves fallas en estas instituciones públicas en el control de las jornadas de teletrabajo desarrolladas durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19 en el 2020, como la ausencia de envíos de nóminas de los trabajadores en esta modalidad, el no establecimiento de plazos para la entrega de los reportes de actividades de los servidores, la falta de actualización de registros de asistencia, entre otras que hacen que no se pueda constatar que, efectivamente, sus servidores hayan laborado. (I)