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Un alza salarial de $ 25 ¿afectaría contrataciones y a empresas pequeñas o dinamizaría consumo y economía?

Expertos y empleadores temen efectos de un aumento fuera de parámetros técnicos. Trabajadores y régimen ven lo positivo. Ministerio debe decidir en estos días.

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/MARCELO SAYÃO Foto: MARCELO SAYÃO

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Un eventual incremento de $ 25 al salario básico unificado en 2023 terminaría beneficiando al 15 % de población con empleo, pero desincentivaría la contratación de más personas que no tienen empleo. Las empresas más afectadas y que tendrían menor posibilidad de enfrentar esta alza serían las pequeñas y medianas. A esa conclusión llegan analistas y representantes de gremios empresariales al analizar la conveniencia o no de que exista un alza de $ 25 para el salario básico del 2023.

En estos días, el Ministerio de Trabajo debe decidir sobre una posible alza, luego que trabajadores y empleadores no llegaran a un acuerdo en las reuniones previas del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

Se considera como opción -y es el pedido de los trabajadores- un alza de $ 25 como el año pasado, en línea de la promesa de campaña de Guillermo Lasso de incrementar el salario básico a $ 500 hasta el final de su periodo. El presidente había dicho en ese momento “lo que se promete, se cumple”. Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aseguró en una entrevista en Ecuavisa sobre la posibilidad de incremento de salarios que “la palabra del presidente se cumple”. Considera que este incremento no afecta al sector público, pues en la gran mayoría los servidores ya ganan más del salario básico, que puede ser algo positivo seguir dinamizando la economía con más inversión, producción y consumo.

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Los empleadores, en cambio, sostienen que si existiera un alza debería ser con relación con la inflación proyectada, es decir, el 2,7 %, lo que representaría $ 11,73.

Los parámetros técnicos para definir el salario tienen que ver con la inflación proyectada, el crecimiento del país, la productividad laboral, el decrecimiento sostenido, el empleo formal e informal, entre otros.

De acuerdo con Vanessa Velásquez, CEO de la consultora jurídica Laborlex, más allá de la cifra, lo que se debería analizar son las consecuencias del alza en las empresas. “Las empresas deben tomar en cuenta este incremento salarial, no solo desde el aumento mensual, sino desde todos los cambios y beneficios que representan para el colaborador”. Asegura que Ecuador es uno de los países con el salario básico más alto de Latinoamérica, pero con la legislación laboral menos flexible. En este sentido, se pregunta si es realmente un beneficio el incremento de sueldo para la reactivación económica en el país.

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Reflexiona en que “el incremento salarial tiene un mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas, las cuales deben tener un análisis general para entender el costo real de este incremento salarial, es decir, es de absoluta importancia saber cuál es el valor final a pagar a un trabajador”. Explica que hay valores de décimos, y las altas indemnizaciones a la hora de desvincular a un trabajador, que desincentiva la contratación.

La Cámara de Comercio de Guayaquil asegura que el fijar el salario básico no debe ser una decisión política, sino estar basado en criterios económicos como la inflación y el aumento de la productividad laboral. El gremio pidió no repetir los errores del pasado, como el incremento salarial del 2022 que no presentaba una justificación técnica.

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Explica que en 2021 la productividad laboral se encontraba en su punto más bajo en la última década. Adicionalmente, el incremento general de precios esperado para el 2022 (3,82 %) era inferior al incremento del salario básico (6,25 %). Es decir, Ecuador no contaba con las condiciones económicas para este incremento fijado para el 2022. “Es fundamental para la economía que este año sí se tomen las decisiones adecuadas con respecto al SBU que regirá en el 2023″.

Para la Cámara, la prioridad debe estar en estimular la creación de oportunidades de empleo adecuado para los 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no cuentan con un empleo adecuado.

Diego García, catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), considera que el enfoque del debate al momento está equivocado, “estamos preocupados por normar a un pequeño grupo de la población cuando lo más importante es ese 70 % de la población económicamente activa con empleo inadecuado o sin empleo”. “Se debe buscar un acuerdo con todos los actores para incentivar el empleo”. Considera importante ir hacia una flexibilidad laboral, pero sin atentar a los derechos de los trabajadores. Se debería buscar dar incentivos a las empresas para que estas contraten más.

Pero al contrario de lo que proyecta el sector empleador, desde el lado de los trabajadores se asegura que el alza de $ 25 que rige este 2022 no produjo un impacto negativo, que los indicadores macroeconómicos, de nuevos empleos y el nivel de consumo reflejan que ese aumento incidió positivamente en la economía. Una nueva alza del mismo valor es totalmente viable, según Cristóbal Buendía, uno de los representantes del sector de los trabajadores.

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Rodrigo Gómez De la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Salarios, considera que sin una reforma laboral no hay número que aguante. Asegura que el alza salarial solo beneficia al 15 % de la población con trabajo, pero esa alza sí afecta a toda la población, porque no incentiva la contratación y porque con ese incremento suben varios costos que se calculan con respecto al salario. Dice que no puede ser que el debate se siga centrando en el incremento de salarios, cuando la mayoría de las personas no tienen empleo pleno. Y asegura que sí se vieron los efectos del incremento salarial en disminución de plazas de trabajo. En febrero del 2022 hubo una caída histórica de empleos, atribuible al alza.

Indica que han pedido al ministerio que informe lo más pronto posible de la decisión que tomará sobre salario, para que así las empresas también puedan definir qué hacer con sus operaciones. Y que es importante retomar los diálogos sobre la empleabilidad y tratar de tomar decisiones legales en este sentido. Sin embargo, considera que si la Asamblea no va a dar paso, el Gobierno no pierda el tiempo y proceda más bien a través de reforzar acuerdos ministeriales. (I)

Redacción
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