Hasta finales de este mes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene previsto entregar a la Asamblea Nacional una ley que él llama “Creando Oportunidades”, según anunció en entrevista con EL UNIVERSO, el lunes pasado. De la descripción que hizo Lasso se entiende que se trataría de una megaley que involucraría reformas en las áreas de hidrocarburos, minerales, energía, telecomunicaciones, obra pública… En un principio, la Ley de Oportunidades Laborales, que había sido mencionada por el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, solo topaba el ámbito laboral.

Ahora, de acuerdo con lo dicho por el primer mandatario, la idea sería atraer las inversiones del sector privado, pero para ello se requieren una serie de reformas legales para facilitar la relación del Gobierno y el antes mencionado sector privado. El Ministerio de Energía ha estado trabajando en un texto legal relacionado, que ya fue entregado a Presidencia para su análisis.

Es que el presidente aseguró que tiene un portafolio de proyectos de inversión de $ 30.000 millones para los próximos cuatro años. Dichos proyectos tienen que ver con duplicar la inversión petrolera, aumentar la exportación de minerales, que este año van a ser de $ 1.700 millones, construcción de centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, de energía eólica y facilitar la inversión en el sector privado exportador, abriendo acuerdos de libre comercio con China, Rusia y México. “Mayores exportaciones lo que implica es mayor empleo”, sostuvo Lasso, quien dijo que la reforma laboral: nueva Ley de Oportunidad Laboral, se puede aplicar sin descartar el actual Código Laboral.

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El asambleísta Diego Ordóñez (CREO), al ser consultado sobre cómo se haría la presentación al Legislativo de esta megaley, explicó que aún no está definida la estrategia legal que se aplicará, pero se han analizado vías como la de la consulta popular o incluso de una ley económica urgente. La idea en general es viabilizar las áreas críticas de la economía en las que el país espera tener una respuesta de inversión. Esto es petróleo, minería, infraestructura, vialidad.

El principal problema que existe es la falta de apoyo de la Asamblea Nacional. En estos días, una primera prueba del respaldo o rechazo que podría tener el Gobierno se ha dado con la proforma presupuestaria 2021. Varias bancadas: PSC, UNES y Pachakutik, que aglutinan una importante cantidad de votos, han dicho que rechazarán dicha proforma.

Sin embargo, si la Ley se planteara con calidad de económico urgente, habría una posibilidad de aprobación. Es que en el artículo 140 se indica que la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción.

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“En el caso de que la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial”, indica el artículo.

Sobre el tema, Augusto de la Torre, exdirector jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, comentó que en sus años en el sector público con varios Gobiernos le ha tocado observar que siempre existe esta discusión sobre la estrategia política.

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Los Gobiernos siempre están tomando decisiones sobre mandar reformas puntuales, largamente discutidas, o una combinación de reformas con un ritmo más urgente para que varios sectores se sientan beneficiados con uno u otro tema y, en definitiva, se genere consenso frente a la propuesta.

El anuncio de Lasso, dice, hace pensar que se inclinará por mandar una ley con varios temas. Hizo votos para que el Gobierno no se equivoque ni diluya las reformas necesarias. (I)