Varias críticas al proceso de renovación de contratos a las empresas telefónicas celulares estableció la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) en un informe publicado hace pocos días. El informe se conoce en medio de la suspensión del proceso de discusiones que llevaban adelante el Gobierno y las empresas para renovar los contratos con las empresas que ya están en el país: Movistar y Claro. El contrato con Claro ya finalizó en agosto, pero ha sido prorrogado. Entre tanto, el de Movistar termina en noviembre y se espera que también sea extendido. Sin embargo, las extensiones son medidas temporales.

Entre las principales conclusiones de FDC están que, a pesar de que “la Ley Orgánica de Telecomunicaciones contempla la posibilidad de que exista un concurso público competitivo, que podría promover la competitividad al permitir la incorporación de nuevas empresas en el mercado de las telecomunicaciones, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) inició un proceso de renovación de los contratos con los proveedores actuales por segunda ocasión”.

También indica que la transparencia y la divulgación del proceso hacia la ciudadanía han sido insuficientes. Existen pocas publicaciones sobre los avances del proceso en la página web de Arcotel y sus redes sociales.

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Además señala falta de respuesta por parte de Arcotel a las solicitudes de información enviadas, lo que —dicen— evidencia una vulneración al derecho de acceso a la información pública, así como el incumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

Contrato del Estado con la telefónica Claro se prorroga por seis meses más

Entre las conclusiones también se señala que han existido conflictos de intereses y “las puertas giratorias”, cambio de autoridades, lo que no permite un adecuado desarrollo de los procesos. No se cumplió el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al no haberse publicado el procedimiento de contratación en el extranjero de Certal en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE).

La veeduría indica que los tiempos establecidos por la normativa y la planificación de Arcotel para la renegociación de las concesiones con Otecel (Movistar) y Conecel (Claro) no han sido cumplidos.

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Adicionalmente, la veeduría realiza varias recomendaciones, considerando el interés general y las repercusiones de las concesiones del espectro para la ciudadanía, y en línea del concepto de transparencia focalizada contemplado en la Lotaip:

  • Que se incorpore un apartado dentro de la página web de Arcotel con la información correspondiente, similar a lo realizado con el proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio de 2020.
  • Establecer un canal de comunicación con los medios de comunicación y periodistas no solo para este proceso, sino también para las distintas actividades de Arcotel que son de interés ciudadano.
  • Que Arcotel informe a la ciudadanía cómo avanza este proceso de renegociación, así como los otros llevados a cabo por la Agencia, y sobre las decisiones clave de la institución. Esto con el objetivo de fomentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas.
  • Implementar una herramienta que facilite a la ciudadanía la búsqueda de las resoluciones emitidas por Arcotel, utilizando filtros y motores de búsqueda. Se recomienda que Arcotel publique los dictámenes jurídicos, técnicos y económicos en el portal web de la institución.
  • Que se publique en el Sistema Oficial de Contratación Pública la contratación extranjera adjudicada a Certal.
  • La institución debe tomar medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de esta ley. Se identifica la necesidad de hacer una revisión integral de la normativa que rige el proceso, en específico de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, para que los procesos posteriores sean más participativos y transparentes. (I)