Siete días después de que el Gobierno entregara a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Inversiones, el pasado 22 de febrero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá a las 16:45 de este lunes 28 de febrero para conocer y resolver el destino de la propuesta del Ejecutivo, que tiene carácter de urgente en materia económica.

Para esta sesión, que se desarrollará de manera virtual, los integrantes del CAL analizarán el informe técnico-jurídico elaborado por la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) que examinó el contenido de la norma he hizo varias anotaciones.

La primera fue determinar que el proyecto de ley cumple con el principio de unidad de materia, ya que se refiere a la rama de producción e inversiones. Asimismo, se confirma que cumple con el criterio de urgencia económica.

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Durante la revisión, la UTL encontró que existen “normas legales vigentes que serían incompatibles, que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta”.

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Se destaca, entre otros aspectos, la parte sobre regulaciones y marco institucional para la inversión y promoción de la gestión delegada y las asociaciones público-privadas, en lo referente a la gestión de los proyectos públicos relacionados con los sectores estratégicos y servicios públicos, establecidos en el artículo 3 del proyecto.

La Unidad señala que, de acuerdo con la Constitución y el Código de la Producción, “la administración, regulación y control de los sectores estratégicos es competencia exclusiva del Estado, mientras que la gestión corresponde prioritariamente a las empresas públicas, luego a las compañías de economía mixta en las que el Estado tenga mayoría accionaría y de manera excepcionalmente a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria”.

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El informe técnico resalta que en el proyecto de ley debe quedar “claramente establecida” la delegación en casos excepcionales, sin que esto quede únicamente a criterio del Ejecutivo, como se sugiere en la ley.

“La norma propuesta en los articulados analizados no establece con precisión la diferencia entre la administración, regulación y control de los sectores estratégicos que es competencia exclusiva del Estado y la gestión de las mismas (...), tampoco la norma establece los criterios o parámetros que determinen la necesidad de delegación a la empresa privada, en función de los cuales se pueda establecer la excepcionalidad”, señala el documento.

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Tras el análisis de la propuesta, la UTL recomendó al CAL considerar las observaciones, calificar el proyecto de ley y designar su tramitación a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. No obstante, el informe técnico-jurídico no es vinculante.

A través de la Ley de Inversiones, que tiene 260 artículos, el Ejecutivo se propone captar $ 30.000 millones en inversión privada y generar dos millones de empleo hasta el año 2025. Para ello, se ofrecen incentivos tributarios, creación de zonas francas, promoción de alianzas público-privadas, reformas al mercado de valores y al sector de telecomunicaciones. (I)