La comunidad waorani de Dicaro, que desde el 25 de diciembre de 2022 se mantiene en una protesta que impide el ingreso de trabajadores, maquinaria e insumos al bloque 16, ubicado en la provincia de Orellana y que ahora es manejado por Petroecuador, denunció mediante una carta pública que los sobrevuelos de helicópteros de la estatal petrolera en su territorio podrían generar ataques de tagaeris y taromenanes (en aislamiento voluntario) a los waoranis.

En su carta explican que los waoranis de Dicaro son conocidos como un pueblo en reciente contacto con los otros habitantes del Ecuador, desde los años 50. Esto, “con la entrada violenta e inconsulta de la industria petrolera a nuestro territorio”. Además explican que en los primeros meses de cada año, en la época de la chonta, los tagaeris y taromenanes (en aislamiento voluntario) transitan por este mismo territorio para recolectarla y alimentarse. Así, esta época de recolección de chonta ha sido alterada por el continuo vuelo de helicópteros que se dirigen a los campamentos o facilidades de producción (SPF) de Petroecuador, dicen.

“Hay días en que vemos cerca de una decena de vuelos de helicópteros sobre nuestro territorio, eso genera un ruido insoportable para los waoranis y peor aún para los tagaeris y taromenanes. Tenemos evidencia de que los pueblos en aislamiento tagaeri y taromenane están muy cerca de nuestra comunidad de Dicaro, y tememos que los vuelos de los helicópteros de la empresa petrolera estén alterando su tranquilidad y puedan generar un ataque contra nosotros”, indicaron.

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La medida de hecho de la comunidad waorani que empezó en diciembre y que se mantiene hasta el momento ha generado que Petroecuador ejecute un plan de logística aérea de personal, materiales y equipos, a efectos de garantizar la continuidad de la operación y mantener los volúmenes de producción dentro del rango previsto, ha dicho por su parte la empresa.

Los waoranis de Dicaro informaron que su protesta se debe a la contaminación de Repsol luego de 22 años de operación en su territorio, y la desatención que han experimentado en 38 años de explotación petrolera, y finalmente lo que ellos denominan “el ingreso inconsulto de EP Petroecuador”, que opera el bloque petrolero 16 desde el 1 de enero de 2023.

También se quejaron de que Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas continúa con la misma plantilla de “relacionadores comunitarios” de Repsol-Petrolia, empleados de los cuales aseguran que durante años han despreciado al pueblo waorani de Dicaro, y hoy seguirían con las mismas prácticas al servicio del Estado.

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Entre los pedidos que hizo la comunidad a Petroecuador el 7 de enero pasado están un pago mensual de $ 1.200 por parte de Petroecuador a cada uno de los trabajadores de la comunidad waorani por derecho de vía, alimentación y transporte; un pago de $ 25.000 por muerte de algún miembro de la comunidad; cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para todas las familias woaoranis; un bono semestral de $ 1.000 a madres solteras y de $ 2.000 a las familias de la comunidad, también semestral.

Los representantes de los waoranis de Dicaro lamentaron que recién el 16 de enero de 2023 el Ministerio de Energía haya respondido a las peticiones manifestando que “algunos de los requerimientos no se sustentan en el marco jurídico” y que eso “les obliga a suspender las reuniones de trabajo planificadas en territorio hasta que se reconsidere su pliego de peticiones”.

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Para los representantes de estas comunidades indígenas, esto muestra que el Estado no tiene una hoja de ruta para el bloque 16 y sus pueblos, que lo lógico sería que las reuniones deberían iniciarse y ahí encontrar soluciones a las diferencias. “Vemos que el interés del Estado y ciertos funcionarios e interesados privados no ve más allá de sacar petróleo o hacer negocios sin responder a los pueblos afectados. El Estado olvida que legalmente es garante de los derechos de los pueblos indígenas en reciente contacto y en aislamiento”, dijeron.

La comunidad waorani pidió a las organizaciones de derechos humanos de Ecuador y regionales solidaridad y apoyo a la comunidad de Dicaro, y estar pendientes de la situación, alertar y expresar su preocupación al Gobierno ecuatoriano y organismos regionales de derechos humanos. (I)