Un día después de que el Consejo de la Judicatura (CJ) suspendiera a los jueces Carlos Soto y María Belén Domínguez, y a cuatro funcionarios judiciales, por supuestas irregularidades en torno al sorteo de causas presentadas por Jorge Yunda, para impedir su remoción como alcalde de Quito, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron nueve allanamientos durante el viernes 9 de julio.

El operativo se efectuó como parte de las investigaciones iniciadas para determinar si hubo anomalías en los procesos judiciales, como presume la Judicatura. A través de Twitter, la Fiscalía compartió detalles sobre los allanamientos, para ejecutar un acto urgente.

Las intervenciones empezaron en las oficinas del juez Carlos Soto en el Complejo Judicial Norte, ubicado en el sector de Iñaquito. Ahí se recabaron varios indicios en los que se incluyen dos computadoras (portátil y de fija) que estaban en el escritorio del secretario que trabaja con el juez. Además, Criminalística analizó documentación hallada.

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En la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, la Fiscalía encontró el teléfono celular de Gabriela B., oficinista de la dependencia, y se incautó su computador.

Otro allanamiento se hizo en el despacho de la jueza María Belén Domínguez y a la oficina de ingreso de causas en el Complejo Judicial Sur, en el sector de Quitumbe, como parte del mismo acto urgente, informó la Fiscalía. Se hallaron documentos borradores de resoluciones de otros casos y copias de expedientes de causas en contra del Estado.

Además, se allanó la vivienda de Daniela A., ayudante de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia, donde se encontró su teléfono celular, que fue ingresado en la cadena de custodia.

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El pasado 8 de julio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó que presentarían una denuncia para que se investigue el delito de interceptación ilegal de datos, entre otros. Por esos motivos, se ordenó la suspensión de los jueces Soto y Domínguez, que empezó ese mismo día y podrá durar hasta por 90 días.

Según Maldonado, la primera acción de protección planteada por el alcalde de Quito fue ingresada como materia de violencia, lo cual redujo a cuatro o cinco posibles juzgadores. En la segunda acción promovida por Yunda aparentemente se habría dado una designación directa y sin sorteo.

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En la misma línea de la Judicatura, la mañana del 9 de julio trece concejales, entre ellos el vicealcalde Santiago Guarderas, presentaron un acto urgente en la Fiscalía de Pichincha. (I)