Contraloría detectó irregularidades en permisos y cupos otorgados al transporte público y comercial

Los procesos para regularizar y planificar el transporte público y comercial a escala nacional y local, ejecutados entre 2014 y 2021, están plagados de anomalías, según auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE)

Según el organismo, en dichos procesos las compañías de transporte incumplieron los requisitos establecidos en la normativa para acceder a rutas, frecuencias, permisos de operación e incremento de cupos.

Tampoco existieron estudios que justificaran la necesidad y factibilidad, advierte la Contraloría en el noveno Reporte de Control Público, el cual abarca el análisis de doce informes de exámenes especiales, aprobados entre 2019 y 2021.

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El Reporte de Control Público contiene 95 hallazgos de presuntas irregularidades que apuntan a la legalidad de los trámites administrativos para la regularización y aprobación de nuevas compañías de taxis; y la asignación de títulos habilitantes a compañías de transporte interprovincial, intracantonal, carga pesada, mixta y turístico.

Del total de hallazgos, el 38 % tiene que ver con una falta de control interno y transparencia en los procesos. La Contraloría señala que esto motivó a que no se cumplan las exigencias legales para la concesión de rutas, frecuencias e incremento de cupos.

Los expedientes no contaban con documentación de respaldo sobre la regularización de los transportistas. No se encontraron formularios de solicitud de las cooperativas, comprobantes de depósito de los rubros establecidos en la normativa, copias de cédula de los representantes legales ni tampoco copias actualizadas de sus nombramientos.

Otra falencia fue que antes de emitir informes de factibilidad para la acreditación de rutas y frecuencias no se verificó que las operadoras de transporte interprovincial posean pólizas de seguro vigentes de responsabilidad civil para los automotores, también carecían de kits de seguridad en las unidades.

Los contratos de operación se firmaron sin corroborar la vigencia de licencias de los conductores, que los automotores estén matriculados y cuenten con patentes municipales.

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No se verificó que tengan planes de gestión de calidad, planes operativos anuales y certificados de revisión vehicular, alerta la Contraloría.

Por otra parte, el 24 % de los hallazgos del reporte corresponde a la ausencia de estudios de necesidad y factibilidad, que permitan determinar la oferta, demanda e infraestructura instalada para proceder con la autorización de los títulos habilitantes.

No hubo prevención de competencia desleal y monopolios. Tampoco se observó que las mismas rutas y frecuencias ya estaban concedidas a otras operadoras.

La auditoría destaca que los estudios de necesidad estuvieron incompletos, tenían inconsistencias y no incluyeron análisis económicos y jurídicos.

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Además, las encuestas para recoger información de los usuarios carecían de aspectos técnicos como delimitación de criterios geográficos, demográficos o condiciones socioeconómicas que permitan segmentar las zonas de beneficiarios.

Otras anomalías detectadas por la Contraloría están relacionadas con la falta de definición de la infraestructura vial requerida, no se determinaron los paraderos y terminales de buses, no se evaluaron las dimensiones de las flotas.

Y varias compañías de transporte prestaron servicio en localidades distintas a las que les correspondía y estaban establecidas en los estudios. (I)