Contratista de CNEL que puso medidores en Guayaquil ahora se encarga de las lecturas, cuestionadas por alto costo de planillas

La calidad de las lecturas de medidores de energía eléctrica reportada por los contratistas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) es una de “nueve causas” que las propias autoridades regulatorias admiten como “raíz de la problemática” tras los reclamos ciudadanos por el alto costo de las planillas, sobre todo en Guayaquil, donde la empresa pública ha dispuesto una revisión total de los 630.000 medidores que existen en la ciudad.

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Casi 60.000 de esos medidores han sido instalados por el mismo contratista que desde hace dos meses se encarga de las lecturas, cuestionadas por usuarios y autoridades, y que CNEL ha decidido revisar con personal propio.

“Pese a reportarse lecturas leídas, existen reclamos porque no guardan secuencia con el nivel de consumo de los usuarios”, expuso Santiago Aguilar, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante su comparecencia el pasado 9 de junio ante la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional.

Otro problema, según explicó Aguilar a los legisladores, es la “cantidad masiva de reclamos relacionados con fallas o novedades en los equipos de medición (los medidores)”.

¿Cuál es la contratista de CNEL que toma las lecturas en Guayaquil?

Se llama Consorcio Lecto Guayaquil, conformado por Danilo Arcentales Ruilova y la compañía Daelni S. A., representada legalmente por su gerente y accionista, Carlos Puente Franco, según los registros del Servicio de Compras Públicas y de la Superintendencia de Compañías que fueron validados en el proceso de adjudicación del contrato para la prestación de servicio de toma de lecturas en línea, entrega de facturas, y notificaciones de clientes con impedimentos de lecturas para la Unidad de Negocios Guayaquil.

El contrato fue adjudicado por CNEL el 19 de marzo de 2021, para un periodo de dos años, por $ 4′132.800, sin IVA.

Arcentales y Daelni, que hoy conforman el consorcio Lecto Guayaquil, no son nuevos proveedores de CNEL. El primero, mediante el consorcio Medición Efectiva, tuvo un contrato adjudicado en agosto de 2017 por $ 1′679,999 para un periodo de dos años de servicios técnicos especializados destinados a la inspección previa, instalación, cambio y retiro de medidores en el área de concesión de la Unidad Guayaquil, grupo 2 comercial.

Según la oferta presentada, que consta en los archivos del portal de Compras Públicas, entre 42 ítems los rubros más altos corresponden a la instalación de casi 60.000 medidores: 18.545 sin acometida, 12.000 con acometidas convencionales, 10.000 con subterráneas o blindadas; y al cambio de 11.000 medidores de 110 v a 240 v y otros 8.000 remplazos de medidores con acometidas convencionales.

El reciente ofrecimiento de CNEL de revisar todos los medidores de Guayaquil (630.000) ante dudas en la toma de lecturas, que desde hace dos meses está a cargo del consorcio formado por Arcentales y Daelni, debe incluir a los equipos instalados entre el 2017 y 2019 por el primer contratista.

Daelni también tiene contratos anteriores con CNEL. El 8 de mayo de 2015 firmó un contrato por $ 1′405,327 para servicios de corte y reconexión de energía eléctrica para el sector sur 1 de Guayaquil por un periodo de dos años.

Doce días después, el 20 de mayo de 2015, CNEL también le adjudicó a Arcentales, hoy en consorcio con Daelni, un contrato de un año, por $ 773.213, para la reducción y control de pérdidas de energía eléctrica en Guayaquil, sector 2.

Este medio intentó contactarse con los integrantes del consorcio, pero no ha sido posible. Ni Arcentales ni Daelni han sido reportados por problemas de incumplimiento de los contratos anteriormente señalados, más bien constan en las actas de entrega-recepción como proveedores de servicios a entera satisfacción de la entidad contratante; y actualmente CNEL no culpa al consorcio que ellos conforman (Lecto Guayaquil) por la facturación excesiva de la que se quejan los clientes en Guayaquil. Solo se reconocen “problemas puntuales”.

Así lo dijo el gerente comercial de CNEL, Luis García, quien también compareció ante la Comisión de Desarrollo de la Asamblea, donde aseguró que “los cobros de energía eléctrica se realizan de acuerdo a la toma de lectura de consumo y apegados a la normativa y tarifa vigente”. Tres días antes, en una entrevista en TC Televisión, el funcionario dijo que en todo proceso humano “siempre habrá un margen de error”, pero rechazó que exista un “atraco” a los usuarios.

García, ante los legisladores que cuestionan los costos, explicó que CNEL, mediante once Unidades de Negocios en nueve provincias del país, tiene 2,6 millones de clientes, y solo se presentaron 23.151 reclamos en Guayaquil desde enero a mayo de 2021, la mayoría corresponden al servicio residencial.

Insatisfacción por el pliego tarifario

El presidente Guillermo Lasso dispuso dos días después de la comparecencia de las autoridades del sector eléctrico en la Asamblea, mediante Decreto Ejecutivo, la prohibición de cortar la energía eléctrica por falta de pago durante 60 días y adoptó otras medidas temporales -hasta realizar estudios definitivos- tendentes a satisfacer el clamor de usuarios que día a día denuncian una desproporción en sus facturas de luz.

El grado de insatisfacción en el servicio ha llevado a un grupo ciudadano a conformar una Comisión de la Verdad sobre el cobro excesivo de las planillas de luz.

El comunicador y exdiputado Alfonso Harb Viteri promueve una mesa de trabajo junto a los ingenieros Juan Saavedra, José Layana Chancay, Eduardo Piedra Andrade y Galo Páez Herrera, todos ellos expertos en el sector eléctrico

“El objetivo de esta Comisión, que se pondrá a la orden del país y para su funcionamiento ad honorem se pedirá el aval del presidente de la República y del Ministerio de Energía, es recabar la información de la CNEL y de las autoridades del sector eléctrico para que con el amplio conocimiento académico de sus integrantes se pueda determinar cuál es la verdad de estos cobros abusivos, de dónde surgen los problemas y cuáles deberían ser las soluciones para que no vuelvan a planillarse esos abusivos valores cada cierto tiempo”, dice Viteri.

Mientras tanto, el asambleísta Luis Almeida, en una carta entregada a Lasso el pasado viernes, le pide que se fije una tarifa plana, que no exceda de 8 centavos el kilovatio hora, valores parecidos a los que se cobran en los vecinos Colombia y Perú.

El legislador del PSC no está satisfecho con las explicaciones que dieron en la Asamblea los representantes de la CNEL y la Agencia que regula el sector eléctrico. Para él, sí existe un aumento en la estructura de costos: generación, transmisión, distribución y comercialización.

Pero la Agencia de Regulación dice que el pliego tarifario, que deberá ser revisado por disposición del presidente Lasso, lleva años sin variación.

Almeida sospecha que también existe un “arreglo” en el software donde se anotan las lecturas y por eso planteará una demanda penal contra los funcionarios eléctricos y pedirá una auditoría integral a todo el sistema de facturación. (I)