Delegación indígena y el Estado deben presentar hasta septiembre sus alegatos finales en caso Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador

Los representantes de los indígenas y del Estado ecuatoriano tendrán como plazo hasta el 26 de septiembre para presentar por escrito sus alegatos finales dentro del caso que trata la presunta responsabilidad internacional del Estado por una serie de alegadas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane.

La audiencia de este caso se desarrolló este martes en la CorteIDH, en Brasilia.

Durante esta larga jornada, se presentaron testimonios y se abordaron los alegatos de la comunidad indígena sobre las aparentes violaciones a los pueblos en el marco de proyectos que presuntamente afectan sus territorios, recursos naturales y modo de vida.

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Además, se adujeron tres grupos de hechos de muertes violentas de miembros de dichos pueblos ocurridos en 2003, 2006 y 2013; así como a la falta de medidas adecuadas de protección en relación con dos niñas Taromenane tras los hechos de 2013.

En la audiencia, el Estado lamentó profundamente las muertes ocurridas en 2003 y 2006 en los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, y reconoció su responsabilidad internacional por la falta de debidas diligencias e investigaciones penales en relación con esos hechos.

Marcos Miranda, miembro de la Secretaría Jurídica de la Presidencia ecuatoriana, durante una audiencia, aclaró, sin embargo, que es un “reconocimiento parcial” y “se limita exclusivamente” a esos incidentes, que se desataron en medio del avance de industrias madereras y petroleras en tierras ocupadas por pueblos originarios.

Los representantes del Gobierno realizaron un repaso de las medidas adoptadas para impedir impactos ambientales. El Gobierno expresó que está dispuesto a “escuchar y mejorar”, pero puntualizó que “no es coherente que Ecuador detenga el uso de recursos con respeto a las normas” de protección, según la agencia Efe.

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El abogado de la Conaie recalcó que el Estado reduce las masacres ocurridas en el Yasuní a un conflicto interético, sin mirar la responsabilidad de sus instituciones y políticas.

La delegación indígena llevó además sus quejas contra el avance de la industria petrolera en sus tierras.

Uno de los delegados indígenas pidió a la Corte que se los deje vivir con un territorio y sus culturas, que están en riesgo por el avance de las petroleras.

En la audiencia se presentaron fotos de campos petroleros que antes eran territorio de indígenas tagaeri. “Antes era selva”, dijo Penti, uno de los indígenas de Bameno, que al final de su intervención cantó en la sala.

El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez, valoró la “actitud del Estado ecuatoriano en cuanto al reconocimiento parcial” de su responsabilidad, instó a las partes a discutir la posibilidad de “abrir algún proceso de negociación” en relación con los asuntos pendientes y ofreció los “buenos oficios” del tribunal con ese fin. (I)