En el sector comercial la exigencia del certificado de vacunación contra el COVID-19 se aplica de diversas formas en Guayaquil y Quito

Cédula y certificado de vacunación con ambas dosis fueron los requisitos para ingresar la mañana de ayer en el centro comercial San Marino, en el norte de Guayaquil. Allí se formó una fila de más de 20 personas en exteriores, entre trabajadores y visitantes, a partir de las 11:00.

Al igual que este centro comercial, en otros comercios y negocios en Guayaquil como supermercados también pidieron el carné de vacunación al ingresar, los que tenían presentaban y los que no se les advertía que desde el lunes iba a ser obligatorio, que ya no se podían olvidar.

En otros centros comerciales del norte de Guayaquil y en el Malecón Simón Bolívar aún estaban permitiendo el ingreso sin presentar carné. En el caso de este último lugar se indicó que por ser un espacio abierto no había tal exigencia.

Y en el caso de los centros comerciales alertaron a las personas que el Ministerio de Salud dispuso la obligatoriedad de la vacunación para evitar más casos de COVID-19 en Ecuador y que por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional desde la próxima semana exigirán que se muestre este documento de forma obligatoria.

En reunión mantenida por el COE nacional el pasado martes se resolvió la obligatoriedad del certificado o carné de vacunación con el esquema completo (dos dosis) en personas mayores de 12 años. Esto se pondrá en práctica en lugares públicos (centros comerciales, cines, restaurantes, otros), además del estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad ya dispuestas.

En San Marino, algunos trabajadores pidieron a familiares que les descargaran el certificado de vacunación y se los envíen por la aplicación de whatsapp porque no cargaban el carné.

En Quito

A Clarita Pazmiño, de 47 años, y a sus dos hijos les pidieron el certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder ingresar al centro comercial Quicentro Shopping, en el norte de Quito.

Uno de sus hijos no lo llevaba digitalmente por lo que tuvo que escanearlo en un código QR que había sido colocado en los exteriores del establecimiento.

A ella le pareció importante y necesaria la exigencia del documento con la finalidad de controlar la inoculación y, sobre todo, tras el aparecimiento de la nueva variante ómicron.

Vacunada con las dos dosis, estaba a la espera del refuerzo.

Mencionó que era de Guaranda, provincia de Bolívar, y visitaba Quito. Pero no solo en ese lugar les pidieron una prueba de haber sido inmunizados.

El 24 de diciembre fueron a comer en un sitio de hamburguesas donde una persona, además de tomarles la temperatura, fue quien, mediante un teléfono celular, ingresó al sistema del Ministerio de Salud Pública (MSP), hizo la verificación y entraron.

En ese centro comercial aunque no se solicitaba un documento que avale la identidad de quien presentó el certificado, sí se pedía dar a conocer el número de la cédula de ciudadanía y se lo comparaba con el exhibido, sea físico o digital.

Hubo personas a las que no se les permitió el acceso por no portar el documento de haber sido inmunizadas.

En un recorrido realizado por este Diario por centros comerciales y supermercados del norte de Quito se pudo constatar que la exigencia de pedir el documento de haber sido inmunizados no se lo aplica de forma unánime.

¿Cómo el Gobierno ecuatoriano hará cumplir la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19?

En el centro comercial Iñaquito también se pedía carné de vacunación, de lo contrario no se podía ingresar, pero no solicitan cédula de identidad. Uno de los guardias comentó que se lo empezó a requerir desde ayer.

A la entrada se medía la temperatura. Al transitar por los pasillos se escuchaba un mensaje grabado de usar mascarilla, aplicar el distanciamiento social, lavarse las manos.

En el ingreso a los locales comerciales hay letreros que indican cuál es el aforo máximo.

Un letrero colocado en una puerta de vidrio del centro comercial Unicornio advertía: “Solo vacunados en centros comerciales”. Más abajo, un mensaje: “Intendencias (de Policía) controlarán que establecimientos soliciten el certificado de vacunación”. Un par de personas prefirieron no ingresar al sitio.

En el centro comercial Caracol no se pedía ningún documento.

El visitante que iba a ingresar al lugar colocaba la mano en un detector automático de temperatura y podía entrar.

En los locales comerciales del interior se exhibía el aforo máximo que se podía recibir.

En el patio de comidas, donde había antes del mediodía pocos lugares abiertos, no se pedía el certificado de vacunación. La dependiente de uno de ellos sostuvo que eso se hacía al ingreso.

En el CCNU Shopping Center no hubo tampoco el pedido de presentación del documento.

Al ingreso se colocaba alcohol en las manos y una máquina leía la temperatura. El cliente ponía la mano en un lector y al cabo de unos segundos una voz grabada decía “temperatura normal” y se podía leer el valor.

En el supermercado Santa María hubo el pedido de presentar el carné o certificado de vacunación, pero no se verificó que el portador sea esa misma persona.

En otros supermercados ubicados dentro de centros comerciales no se solicitó el documento de vacunación, como en Mi Comisariato.

Desde el pasado 23 de diciembre es obligatorio vacunarse contra el COVID-19.

En el transporte urbano se deberá presentar el certificado de vacunación anti-COVID-19, según el Gobierno

Según la Intendencia de Policía de Pichincha, se han venido realizando operativos de control del certificado de vacunación desde el 23 de diciembre y la planificación era hacerlos hasta el día 31.

Así lo indicó Washington Casamen, intendente de Pichincha.

Para el control, según Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, se aplicará el Acuerdo Ministerial 0069 de la cartera de Gobierno que regula los establecimientos de atención al público.

El artículo 21 numeral 10 de las infracciones graves se refiere a incumplir con una o más medidas de seguridad, prevención e higiene (es decir, medidas sanitarias, según Zapata) exigidas por la ley y sus reglamentos.

La sanción por infracción grave es la suspensión de la actividad y la clausura del establecimiento hasta por quince días.

Según el Ministerio de Gobierno, Morona Santiago fue la única provincia que presentó novedades donde hubo una suspensión de la actividad económica por falta de medidas de bioseguridad. (I)