El exalcalde de Quito y exasambeísta Jorge Yunda volverá a la radiodifusión y por ahora le cierra la puerta a la política.

En el cuarto día de audiencia de juzgamiento por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar coronavirus en el que está procesado junto con trece personas más, para Yunda la “verdad va saliendo a la luz”.

El exfuncionario asistió por tercera ocasión a la audiencia que se desarrolla en el piso 11 del Complejo Judicial Norte en Quito. En un receso sostuvo que en los temas precontractuales, contractuales, de adjudicación, de administración de contratos, el alcalde no participa ni tiene nada que ver.

Según Fiscalía, en abril de 2020, la Secretaría de Salud de Quito contrató, con la empresa Salumed S. A., la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de coronavirus por Polimerasa, a un costo de $ 4,2 millones, pero habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato.

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Para Fiscalía, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas, pero fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.

De acuerdo con esa entidad, tanto el entonces alcalde como las responsables de la Secretaría de Salud del Municipio habrían intentado obtener la validación de las mismas en algunas entidades públicas y privadas, y las siguieron usando pese a que varios informes señalaban que su sensibilidad y especificidad para detectar el virus no eran las requeridas.

Regreso a mi empresa privada, más de 35 años vengo trabajando en la comunicación, no en política más bien en temas de entretenimiento, en temas de acompañamiento, la radio siempre ha sido mi bastión y voy a regresar...”, dijo sin dar una fecha.

Aseguró que presentó un pedido de medidas cautelares ante la CIDH porque hubo -adujo- violación del debido proceso y de sus derechos políticos.

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Al menos por ahora no quiero saber nada de política, ya veremos qué pasa en el futuro, pero muy difícil aquí en nuestro país entrar a la política donde prácticamente con lo que me pasa están diciendo a todos los buenos ciudadanos no se metan en política (...), nunca hubo mala fe, nunca nosotros cometimos ningún delito”, agregó.

Añadió tener la conciencia tranquila cuando se le consultó si tenía algún mea culpa de su paso por la Alcaldía. Adujo que cuando se pospusieron proyectos por la pandemia posiblemente ningún alcalde del mundo pudo haber completado con sus proyectos de campaña y posiblemente cometió muchos errores.

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Cuando se le preguntó ¿si al final le toca ir a la cárcel?: “Por salvar una vida asumir estas consecuencias habrá valido la pena, pero por salvar decenas de miles de vidas tomamos las decisiones correctas y aquí estamos dando la cara”, respondió.

Estas declaraciones las dio antes de que se haga pública la decisión de primera instancia del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres, el cual sancionó al exalcalde con la suspensión por tres años de sus derechos de participación política y al pago de una multa de $ 20.000, por incumplir la resolución con fuerza de sentencia del TCE, dictada el 8 de julio de 2021, donde perdió su calidad de alcalde.

La sentencia fue notificada este 4 de octubre por el juez Torres, en respuesta a la denuncia presentada por Santiago Guarderas Izquierdo, quien ejerce la alcaldía de Quito, por presunta infracción electoral por parte de Yunda, a la Resolución 274-2021-TCE, en la que ratificó el pronunciamiento del Concejo Metropolitano de Quito del 3 de junio de 2021, mediante el cual removió del cargo al alcalde y asumió la Alcaldía Guarderas, por el tiempo que resta del periodo.

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Mientras en el día cuatro de audiencia, el tribunal integrado por Wilson Lema, Fabián Fabara y Patlova Guerra anunció que la audiencia duraría aproximadamente un mes. Solo Fiscalía presentará 61 testigos que se prevé hasta el lunes 11 de octubre.

Luego vendrán las pruebas de cada uno de los catorce procesados, entre los que se encuentran además de Yunda, Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito; Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; Linda Guamán, quien formó parte de esa entidad local; Juan Vinelli, quien era representante de la empresa Salumed S. A.

Para Fiscalía hay tres tipos de responsabilidad dentro de su investigación: Yunda, autor mediato del presunto delito de peculado; en tanto que Mantilla y Vinelli, autores directos; y las once personas restantes, coautoras.