Ibarra

Los alcaldes de Ibarra, Otavalo y Cotacachi anunciaron esta mañana la desvinculación de la Empresa de Movilidad del Norte (Movildenor), integrada por 15 municipios de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y norte de Pichincha.

Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra y que hasta hace un mes fue presidenta de esta corporación de tránsito, indicó que los tres gobiernos locales aportan con el 80 % de ingresos, citando que el 42 % de recursos (multas) se generan en Ibarra.

Para la alcaldesa, se ha venido brindando un subsidio a los 13 municipios, razón por la cual considera que ahora es necesario conformar una mancomunidad provincial con la participación de los tres mayores aportantes.

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Mientras tanto, Mario Conejo, alcalde de Otavalo, dejó entrever que hay presiones de los habitantes de su cantón y sostuvo que los fondos que podrían capitalizar estas tres localidades serían reinvertidos en procesos de capacitación, infraestructura, educación vial, entre otros, a favor de sus jurisdicciones.

Por su parte, Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi, aseguró que Movildenor se ha convertido “en un verdugo de los ciudadanos” con la imposición de radares.

Aunque se debe cumplir un proceso legal, los tres representantes señalaron que cuentan con el respaldo de sus concejales y que ya habrían adelantado el proceso de salida con autoridades nacionales.

La alcaldesa Andrea Scacco no respondió a la prensa sobre lo que sucederá con los agentes civiles de tránsito de los tres sectores. Aunque dijo que no se suspenderá el proceso de matriculación en Ibarra, Otavalo y Cotacachi e insistió en que es importante que lo recaudado por multas se quede en esas ciudades y se pague a los agentes y funcionarios de esas poblaciones.

Según la expresidenta de Movildenor, existen 490 agentes civiles de tránsito, de los cuales 200 laboran en Ibarra y 270 funcionarios en la parte administrativa. Luis Ruiz, actual gerente de la entidad, sostuvo que la carga burocrática es alta y que es un tema que analizan al momento.

La conferencia de prensa se suspendió debido a las denuncias que hicieron en el lugar familiares de los vigilantes.

Varios padres de familia salieron al paso señalando que quién les va a garantizar la estabilidad económica de sus hijos, después de haber vendido bienes para la formación e ingreso a esa institución.

“Nadie nos garantiza qué va a pasar con nosotros”, manifestó uno de los agentes que pidió la reserva de su identidad y lamentó que los cambios no se generen antes durante la administración de Scacco.

Los padres de familia anunciaron la conformación de un directorio y algunas acciones legales por denuncias sobre supuestas irregularidades en la entidad, como la carga burocrática. Además, agentes denunciaron que no les han sido renovados los uniformes, ni se mejoró la dotación e infraestructura. (I)