El juez Carlos Soto y la auxiliar Gabriela Beltrán son llamados a rendir versión en investigación por irregularidades en sorteos de causas planteadas por Jorge Yunda

Con la definición de versiones, solicitudes al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para que se autorice la extracción y se realice una audiencia para la exhibición de contenidos digitales, pedidos de estatutos de gestión organizacional y otros documentos e informes al Consejo de la Judicatura (CJ) es con lo que avanza la investigación previa por el delito de asociación ilícita abierta ante posibles irregularidades en el sorteo de acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda para evitar que se concrete su remoción como alcalde de Quito.

Este jueves 5 de agosto se espera que rindan versión libre y voluntaria cuatro personas: Efraín Pérez, a las 10:30; a las 11:30, la auxiliar de ventanilla suspendida Gabriela Beltrán; a las 14:00, Sandra Narváez; y a las 15:30, el juez Carlos Soto, funcionario judicial que está suspendido por 90 días, por orden del CJ, y que fue quien resolvió la medida cautelar solicitada por Yunda el 7 de julio pasado.

Judicatura dispuso inicio de sumarios administrativos contra funcionarios judiciales que participaron en sorteo de dos causas presentadas por Jorge Yunda

Beltrán fue inicialmente llamada a dar versión este miércoles a las 10:30, pero a última hora la diligencia se difirió para este jueves en el piso 8 de la Fiscalía General del Estado.

El CJ, el 8 de julio último, anunció el inicio de procesos administrativos disciplinarios y dispuso la suspensión provisional sin remuneración de los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto, así como del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, y de la auxiliar de ventanilla y el secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, ubicada en el norte de Quito.

Por estos casos se abrieron en la Fiscalía de Pichincha dos investigaciones previas independientes por el delito de asociación ilícita. Las versiones de este jueves son parte del caso en el que se investiga de forma previa a Carlos Soto y Gabriela Beltrán, relacionados con la causa en la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, ubicada en el norte de Quito.

Esta última ha señalado que se falsificó su firma en el documento que registra el ingreso del pedido de medida cautelar de Yunda en el Complejo Judicial Norte, en la capital, y asegura que para ello también se hizo uso ilegal de su código, usuario y contraseña institucionales, pues ella no labora en esa dependencia judicial, sino en la Unidad Judicial de La Mariscal.

La Fiscalía en las dos investigaciones busca analizar el contenido digital almacenado en la base de datos del Sistema Informático Judicial de causas Satje, incluida toda infraestructura tecnológica del CJ.

Ha pedido en el caso de Soto y Beltrán copias certificadas del Estatuto de Gestión Organizacional a nivel central y desconcentrado determinado en resolución del 2018 por el pleno del CJ; de todos los manuales, protocolos, directrices y resoluciones emitidas por el CJ que tengan relación con el funcionamiento, procedimiento y uso del sistema Satje, específicamente para el sorteo de causas, reasignación o sorteo y asignación directa o sorteo directo de causas.

Judicatura conocería de falsificación de firma y uso ilegal de claves ocurridos en sorteo de medida cautelar solicitada por Jorge Yunda

También ha solicitado que se entregue desde el Consejo de la Judicatura el listado de funcionarios, con datos generales (teléfonos, direcciones domiciliarias y e-mails registrados), encargados de la administración, funcionamiento, asignación de usuarios, otorgamiento de permisos y manejo general del Sistema Informático Judicial de Causas Satje.

Se insiste desde Fiscalía a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Planta Central del CJ para que remita un “informe de trazabilidad” de la información gestionada por el sistema informático implementado por el CJ para el proceso de sorteo de causas a nivel de base de datos y aplicativo de la causa que se investiga, donde además se especificarán los usuarios relacionados con el proceso y las especificaciones de las acciones realizadas.

A esa misma Dirección de Tecnologías se le ofició desde la Fiscalía de Pichincha que remita a ese despacho un informe respecto a la especificación del procedimiento técnico a realizarse en el sistema del CJ para el sorteo de acciones constitucionales, una vez que son presentadas ante la Judicatura; así también se deberá detallar cada una de ellas, como por ejemplo, el procedimiento de sorteo en acciones de protección, habeas corpus, entre otras.

El domingo último, el pleno del CJ dispuso a su director provincial de Pichincha que, en el ámbito disciplinario, en 48 horas inicie los sumarios disciplinarios correspondientes en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por el alcalde Jorge Yunda.

Ante lo extraño e improcedente en derecho de la disposición, a decir de Ciro Guzmán, defensa de Beltrán, el lunes último él ingresó un escrito pidiendo al Consejo de la Judicatura que revoque esa decisión. El abogado recordó que el mismo CJ dispuso una investigación preliminar en aplicación del reglamento de Régimen Disciplinario y lo definieron, aclara, para encontrar elementos que permitan determinar quién o quiénes podrían haber participado en los ilícitos que se analizan.

Si la infracción que se determine dentro del Consejo de la Judicatura en el sumario administrativo es gravísima, esta sería sancionada con destitución; si es grave, sería sancionada con una suspensión de hasta 30 días; y si la infracción es leve, podría existir una amonestación escrita con una multa. (I)