Juez convoca para el 19 de julio próximo audiencia en la que se analizará el pedido de la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Yunda

Pese a que el vicealcalde y varios concejales de Quito solicitaron, mediante un pedido formal el lunes último, que los jueces actúen con la misma celeridad que actuaron cuando entregó la medida cautelar solicitada por Jorge Yunda, para suspender la resolución del Concejo Metropolitano que aprobó su remoción como alcalde de Quito, el nuevo juez a cargo del caso, Patricio Tello, dispuso que el 19 de julio próximo se dé la audiencia en la que se conocerá el pedido de revocatoria de la medida cautelar.

La diligencia se realizará diez días después de que el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales que aprobaron la remoción de Yunda presentaron un pedido para que se revoque la medida cautelar otorgada por el juez Carlos Soto, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en el norte de Quito.

En la providencia notificada la mañana de este miércoles, el juez Tello resalta que de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional “de manera excepcional y de considerarlo necesario el juez podrá convocar a los involucrados a una audiencia para ordenar las medidas, modificarlas, supervisarlas o revocarlas”, es decir, no era obligatorio que el juez Tello llame a los sujetos procesales a una audiencia, sino que él simplemente podría resolver sin una audiencia de por medio.

El juez Tello, quien reemplaza al ahora suspendido provisionalmente juez Soto, convocó a las partes procesales a las 16:00 del lunes 19 de julio próximo para realizar la audiencia pública en la sala 803 de la Unidad Judicial Civil, localizada en el Complejo Judicial Norte, en la capital.

Juez concede medidas cautelares a favor de Jorge Yunda y suspende la remoción hasta que la Corte Provincial resuelva la acción de protección

El concejal Eduardo del Pozo espera que la jueza que esté a cargo de resolver los recursos de revocatoria planteados actúe de forma ágil y conforme a derecho, porque “la ciudad no das más, esta telenovela está haciendo mucho daño a la capital de los ecuatorianos”.

El juez Patricio Tello estaría en control de este caso hasta mañana jueves, pues, explicó el concejal Del Pozo, desde el Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso que semanalmente sea un juez distinto el que vaya despachando en esta y otras causas que estaban a cargo del juez Carlos Soto, mientras dure su suspensión temporal y sin sueldo.

Quien tomaría inmediatamente el caso, luego de Tello, sería la jueza Grimanesa Erazo, por ende en sus manos estaría llevar adelante la audiencia en la que se dará una respuesta a los pedidos de revocatoria de la medida cautelar otorgada a Yunda.

Jorge Yunda presentó la acción constitucional de medidas cautelares la mañana del 7 de julio pasado y el juez Soto ya para el mediodía de ese mismo día había resuelto otorgando las medidas solicitadas. Tanto la velocidad en que fue resuelto el pedido como el accionar del juez no solo generaron el rechazo de los concejales accionados, sino también dudas de cómo se realizó el sorteo de la causa.

La medida cautelar a la que dio paso Soto suspende la resolución del Concejo Metropolitano, del pasado 3 de junio, que aprobó la remoción como alcalde de Quito de Jorge Yunda. La medida tendría efecto hasta que se conozca el dictamen de la Corte Provincial sobre una acción de protección que ingresó Yunda en contra del informe de la Comisión de Mesa que analizó los pedidos para removerlo de sus funciones.

El viernes último se informó desde el CJ del inicio de procesos administrativos disciplinarios y la suspensión provisional sin remuneración de los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto, además del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, y la oficinista auxiliar y el secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Veintimilla, en el norte de Quito.

Vicealcalde y concejales de Quito piden a las autoridades judiciales que actúen con celeridad

Contra los seis funcionarios judiciales procedió el inicio de procesos administrativos disciplinarios y la suspensión provisional, pues participaron en las dos acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda, para evitar ser removido del cargo de alcalde de Quito, en cuyos sorteos habrían existido irregularidades que son investigadas.

Desde el lado penal, estos hechos también son indagados pese a que no se ha abierto formalmente una investigación previa. Lo que sí realizó la Fiscalía fueron nueve allanamientos a las oficinas y viviendas de los jueces Domínguez y Soto, así como también los lugares donde laboraban los otros cuatro funcionarios judiciales suspendidos. Al momento se analizaría la documentación y varias computadoras incautadas.

Por otra parte, la mañana del martes último ingresó a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el expediente con el recurso de apelación planteado por Jorge Yunda a la acción de protección concedida parcialmente por la jueza María Belén Domínguez al removido alcalde de Quito.

El Tribunal que deberá resolver el recurso planteado fue ya sorteado y la competencia recayó en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la cual estará conformada por los jueces Raúl Mariño (ponente), Solanda Vera y Guadalupe Narváez. Lo que resta es que se defina la fecha en la que se realizará la diligencia.

La jueza Domínguez el 28 de junio pasado dio a conocer su resolución en la que aceptaba parcialmente la acción constitucional de protección interpuesta por Jorge Yunda contra los concejales del Municipio de Quito Mónica Sandoval, Analía Ledesma y Fernando Morales y el vicealcalde Santiago Guarderas, todos integrantes de la Comisión de Mesa que trabajó los informes para el proceso de remoción del cargo de alcalde de Yunda.

Jorge Yunda alegaba se le habían vulnerado sus derechos en ese procedimiento, pero Domínguez, de forma oral, aceptó de forma parcial la acción de protección con el argumento de que no se cumplió con el debido proceso respecto a la garantía de imparcialidad. (I)