Loja-Redacción

En los planteles educativos suele haber conflictos entre padres y docentes por situaciones que ocurren con los alumnos dentro de las aulas. Varios de esos conflictos pueden alcanzar solución dentro de la escuela, pero otros traspasan a los distritos o pueden llegar a la justicia cuando se incurre en un delito.

Uno de esos casos llegó a un tribunal de Loja tras una denuncia en la que se acusaba a una maestra rural por humillar a un alumno de 5 años de forma constante. Sucedió en un plantel de la parroquia de Sabanilla, en el cantón Celica, durante el periodo lectivo 2018-2019.

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Según el proceso, ella no saludaba al alumno, impedía que compartiera con sus compañeros el horario del recreo, entre otras situaciones.

La abuela del menor descubrió el asunto cuando el niño se intentó colgar desde una viga en la cocina de su casa. Al hurgar los motivos, el niño aparentemente dijo que “su maestra no lo quería”, según el testimonio que recogió la Fiscalía.

La maestra afrontó un proceso por delito de actos de odio hacia su alumno. La Fiscalía recopiló datos. Luego de audiencias, esta semana un tribunal la halló culpable y la condenó a cuatro años de prisión.

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Según el actual director distrital de Educación en Celica, Gerardo Guamán, la ahora docente sentenciada trabajaba en el 2018 en la escuela María Sánchez, en la parroquia Sabanilla, en el cantón Celica.

Tras la denuncia que la involucró fue cambiada a otro plantel. Fue enviada a la parroquia 12 de Diciembre del cantón Pindal, en Loja. Allí se mantenía trabajando.

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Según Guamán, la noticia de la condena los ha tomado por sorpresa, pues no se había conocido de denuncias de este tipo en el sector rural de esta provincia.

La víctima de este caso se conoce que sigue estudiando en la zona y actualmente cursa el cuarto grado de educación general básica.

Luego de conocerse la sentencia que ha recibido la docente de una escuela de Loja, la Unión Nacional de Educadores (UNE) refirió que revisará el expediente y los alcances de esta condena.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE a nivel nacional, indicó que revisarán con abogados el expediente para verificar si se cumplió el debido proceso.

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La dirigente precisó que el gremio defiende el interés superior de los niños y adolescentes, pero también se exige el debido proceso porque hay casos con problemas similares en los que no se ha respetado esto.

Condenas previas en Ecuador

En Ecuador ya se han emitido condenas similares en años anteriores. En el 2011, una madre denunció a una maestra de una escuela fiscal de Sauces 5, en el norte de Guayaquil, por discriminar a su hijo, en ese entonces de 9 años, con discapacidad intelectual.

Dos años y ocho meses después, un tribunal de Guayas declaró, de manera oral, culpable a la docente por el delito de odio contra el menor, que padece el 65 % de discapacidad intelectual por trastornos de bipolaridad.

Vargas indicó que ellos buscan una reforma a la Ley Orgánica, en la que el Ministerio de Educación deje de ser juez y parte en ciertos casos donde se ha involucrado a maestros.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores de Loja, Gilbert Granda, afirmó que en esta provincia es la primera vez que se presenta un caso de estos (con sentencia penal), sin embargo, las denuncias han sido varias, pero han sido resueltas incluso dentro de la propia institución.

“No se debe estigmatizar al docente ni a la profesión docente. Hay maestros y maestros, así como hay periodistas y periodistas, médicos y médicos, entonces en los profesionales de la educación hay excepción, yo me imagino que se ha seguido un proceso justo sin persecución y sin odio, y eso lo sabremos después porque voy a pedir más información y saber de qué se trata”, dijo.

Vargas y Granda coinciden en que han existido algunos otros casos en años pasados, con maestros denunciados, enjuiciados penalmente, que han sido absueltos, pero no han sido restituidos en sus cargos como docentes.

“Han logrado desvirtuar dichas acusaciones, pero el Estado no les ha devuelto los cargos. No defendemos al violador, maltratador o acusador, defendemos el derecho de los niños y de los jóvenes, pero también defendemos el debido proceso para que las sentencias no estén viciadas de error”, dijo. (I)