Un nuevo hecho obligó a suspender la atención en una estación del Metro de Quito y con ello alimentó a la cadena de novedades que se han generado desde el inicio de operaciones con cobro del pasaje. Esta vez se trató de una mujer que saltó la fila que esperaba por adquirir un boleto en las taquillas e ingresó a la fuerza por la zona de los validadores.

Agentes de seguridad se encontraban en la estación, sin embargo, ante la cantidad de pasajeros que eran motivados a pasar sin adquirir el boleto, decidieron cerrar la estación.

Los trenes continuaron su curso sin detenerse en la estación que está ubicada al sur de la ciudad. Los usuarios que esperaban por un tique no lograron movilizarse desde ese lugar debido al altercado que se dio la mañana de este miércoles 10 de mayo.

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De manera preliminar se conoce que la molestia de los usuarios se habría producido porque, aparentemente, se terminó el papel de la impresora que emite los boletos en esa parada. Mientras se solucionaba ese problema se formó una larga fila de espera.

Entre ellos, una mujer habría levantado su voz de protesta ante la falta de atención a los pasajeros. Según un video compartido por la misma Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq), la mujer ingresó a la fuerza por una zona de los validadores que es usada para personal de operaciones.

Luego, regresó y apuntando a la gente empezó a hablar. Según el comunicado de la empresa municipal, la mujer habría motivado a los demás pasajeros para que pasen a la fuerza por esta zona, sin realizar el pago correspondiente. En el video se logró ver que las personas se acercaron al acceso por el que se filtró la mujer y se formó una pequeña aglomeración.

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Finalmente, la estación se cerró y no se dio la atención a las personas que estuvieron en dicha fila. Se consultó a la empresa sobre la sanción que puede recaer sobre los usuarios que intenten vulnerar las seguridades e ingresen a las estaciones sin pagar su boleto.

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Minutos más tarde respondieron citando el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo (...) será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

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Lo que sí se confirmó es que realizan un análisis de la estación para decidir si se abre o no en la franja horaria de la tarde, esto informarán mediante sus cuentas oficiales. (I)