Negocios junto a la Asamblea sienten ‘bajón’ en ventas por cierre de legislatura, mientras que locales del centro de Quito esperan que no haya protestas

Alrededor de $ 4 gastaban al día cinco empleados de un legislador de la Asamblea Nacional en locales cercanos a la función Legislativa, que se ubica en el centro norte de Quito.

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$ 2,50 vale un almuerzo en el sector, pero en ocasiones también degustaban un mote con chicharrón a $ 1,75, aunque el plato estrella es el encebollado que vale $ 3.

Con la disolución de la legislatura, en locales comerciales cercanos a la Asamblea la baja en las ventas ya se siente.

Además de los 137 legisladores, ¿cuántas personas saldrían de la Asamblea Nacional?

Martha Yambay tiene una caseta a pocos metros del ingreso principal a la Asamblea, en la calle Juan Montalvo, que ahora quedó en medio del vallado metálico colocado en los alrededores de esa función del Estado, resguardada por personal policial y militar.

La mujer, con una mascarilla que le cubría la boca, vende ahora a los militares y policías y ya no a lo que llamó sus clientes fijos.

“No me está yendo mal gracias a Dios porque yo tengo otro ingreso también”, dijo la mañana de este jueves.

Un quiosco en el que vendía fue vandalizado y desmantelado durante las manifestaciones del paro nacional del 2022. Uno nuevo le fue entregado con apoyo de la empresa privada y del Municipio de Quito.

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En dos panaderías ya se sienten los efectos de la menor llegada de clientes legislativos.

Consumían, según dependientes, desayunos o cafés. Natalie Moreno, de un local donde hay desayunos, estimó que ayer dejaron de vender unos $ 100. Fue el primer día de la disolución de la Asamblea.

En el local Coma Pan, Katherine Cedeño comentó que, en la tarde, era usual el consumo de café con pan de algunas personas que ya eran conocidas. El gasto era de alrededor de $ 4.

Algunos efectivos de seguridad han empezado a ir a comer en ese sitio.

María Guamán, madre de Maribel Farinando, mantiene un puesto de venta de productos como caramelos, cigarrillos, aguas y gaseosas, desde hace 47 años, en las calles Saá y Piedrahíta, a un costado de la Asamblea.

Las ventas han bajado, pero no hay la intención de cerrarlo por el tiempo que dejará de funcionar el edificio, mencionó.

La preocupación de otros vendedores se centra en eventuales manifestaciones como consecuencia de la muerte cruzada.

Ruth Guashpa tiene su local desde hace 15 años frente al edificio de la Asamblea, junto al Hospital Eugenio Espejo.

Señaló que el año pasado tuvo pérdidas por las protestas y tenía deudas que cancelar.

“Ya me toca guardar porque me da miedo que me vayan quitando mis cosas”, sostuvo Guashpa.

Indicó que gana $ 0,10 en cada artículo que vende como periódicos o golosinas como chocolates, caramelos, gaseosas, aguas.

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“Medidas inconstitucionales e ilegítimas que afectarán al pueblo ecuatoriano y que tendrán como respuesta nuestro rechazo popular desde las calles”, advirtió Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) luego de conocer la decisión gubernamental de cesar las funciones de los legisladores.

Entre el 13 y el 20 de junio de 2022, según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), citando cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la economía ecuatoriana fue afectada por movilizaciones a nivel nacional. Las paralizaciones tuvieron un efecto negativo de $ 1.115,4 millones.

Marjorie Gallardo, de la heladería Dulce Nieve, que se ubica en la calle Espejo, en el centro de la capital, recordó que el año pasado tuvieron problemas debido a las manifestaciones.

“Apenas queremos levantar la cabeza para salir de las deudas y con eso nos complicaría”, respondió la mujer cuando se le preguntó sobre eventuales paralizaciones.

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Para Magdalena Moya, acciones de hecho no solo perjudican a quienes tienen locales en el centro de la ciudad, sino a todo el país. “Lo que queremos es trabajar”, dijo la mujer, que tiene un local de venta de espumillas, entre otros productos.

Mónica Heller, presidenta de la CCQ, ve con preocupación la posibilidad de que haya movilizaciones porque además de no producir resultados positivos generan inestabilidad y obstrucción a la actividad productiva.

Estimó que cada paralización le cuesta al Ecuador unos $ 1.000 millones.

Otro sector que podría verse afectado, a su criterio, es el turismo porque si hay manifestaciones habrá cancelaciones de visitas al país, con lo que también se afecta la imagen nacional y sin dejar de lado el menor interés en invertir desde el exterior. (I)