Una foto de su esposo en un estudio de grabación musical, un lazo negro, dos corazones rojos y un trébol verde junto a la frase ‘eternamente enamorados’. Vanessa Ávila Tello, de 28 años, tiene esta imagen como perfil de WhatsApp.

“Su nombre artístico era Trébol, aquí está con unos audífonos”, dice mientras mira la foto de Leonardo González Guerrero, un cantante de hiphop, su compañero desde que ella tenía 15 años, a quien conoció cuando él daba un concierto en su colegio Manuel Córdova, de Bastión Popular, y con quien planeaba tener la niña que les faltaba, cuando saliera libre de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, previsto para el 17 de junio.

Habían pasado 103 días desde esa fecha cuando Leonardo, de 32 años, fue ejecutado con un disparo en la cabeza durante la más horrenda masacre que se ha registrado en las cárceles del país. Ocurrió el 28 de septiembre. Ahí murieron 119 internos, entre ellos Leonardo, con quien Vanessa habló el mismo día de la matanza.

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“Se comunicó conmigo a las seis de la mañana. Fue raro, porque siempre escribía a las ocho. Me dijo que cuidara al bebe, lo sentí triste”, cuenta Vanessa quien tiene con Leonardo un hijo de 11 años. En un compromiso anterior, él tiene una hija de 15 años.

Leonardo no solo estaba triste, también preocupado, incluso enojado. Con Vanessa discutió en la víspera de la masacre, porque habían pasado más de tres meses y medio y los jueces no le daban la boleta de excarcelación, de libertad.

“Mi esposo me decía que por qué no le giraban la boleta, que él ya tenía que estar afuera, que ya había cumplido la condena. ‘No entiendo por qué aún no salgo’, me reclamaba”, cuenta Vanessa, de tez trigueña, baja estatura y ojos cafés. Ella le respondía que se pasaba haciendo oficios al juez y yendo a las oficinas judiciales en el centro comercial Albán Borja.

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Desde junio había presentado insistencias por escrito.

-Venga otro día, el juez aún no despacha, le repetían secretarios judiciales a Vanessa.

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Hemos estado pidiendo audiencia, que se despachen los escritos, el último lo presenté el 27 de septiembre, un día antes de la masacre, como pasó esto el martes (28), el miércoles recién despacharon el escrito. El juez nos llamó a audiencia el 25 de octubre, pero se suspendió, porque el juez se enteró de que había fallecido.

Vanessa Ávila, esposa

Ya era tarde. Trébol había sido asesinado en prisión. Vanessa acudió a la audiencia con familiares y amigos y se quedó en la calle, con pancartas, protestando por la injusticia contra su esposo.

A Trébol lo detuvieron a las dos de la tarde del sábado 17 de octubre. Estaba en una esquina, -cerca de la casa de su abuela-, en Bastión Popular, -señala el parte de detención- cuando se acercaron dos policías a requisarlos por sospecha de posesión de droga y “por actividades inusuales (cruce de manos) en actitud evasiva de control”.

Le pidieron la cédula y revisaron sus datos en el sistema SII-PNE 3W, una plataforma en la que los policías acceden a información sobre denuncias, detenciones, antecedentes personales, movimientos migratorios de los ecuatorianos.

En esos registros constaba que Leonardo fue detenido por primera vez en septiembre del 2017 por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. En aquella ocasión le encontraron ocho fundas con tres gramos de heroína, y en el proceso se incluyó el informe de un médico que lo evaluó y le diagnosticó “adicción a la cocaína y marihuana, sugiriendo un tratamiento”. Trébol aceptó la culpa y se acogió al procedimiento abreviado, para que le rebajen la pena. El juez Iván Muñoz dictó sentencia en noviembre del 2017, dos años de prisión.

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Solo estuvo un año y siete meses. “Le hice el régimen semiabierto, tenía que presentarse los sábados y hacer trabajo comunitario, él cumplió todo”, explica Vanessa, y muestra los documentos en que consta que, efectivamente, su esposo “sí cumplió” y que “participó en todas las charlas motivacionales, en mingas de limpieza y en todas las actividades realizadas”.

En su última detención, en octubre del 2020, cree su esposa, “los policías se basaron en los antecedentes de él”.

En el proceso judicial, los uniformados declararon que tras revisarlo minuciosamente le encontraron “una billetera negra, que en su interior se encontraron nueve fundas con una sustancia verde, aparentemente sustancia sujeta a fiscalización”. Un peso total de 18 gramos, detalla el juicio.

“Se lo llevaron a un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), las personas dijeron que él había sido el dueño de la droga, luego se lo llevaron al Cuartel Modelo y ahí me pidieron dinero para bajarle los gramos”, aseguró Vanessa: “Yo les dije está bien, yo les doy, pero ponga cómo fueron las cosas, se lo llevaron injustamente, él va a pagar algo que no ha hecho”.

Leonardo, por segunda ocasión, se acogió al procedimiento abreviado y aceptó la culpa. Lo sentenciaron, según el proceso, a ocho meses.

Trébol murió por un tiro en la sien. “Perdió una vista por el disparo, no tenía golpes”, relata Vanessa, quien presentó su caso ante el Comité de Derechos Humanos para demandar al Estado por negligencia judicial. Ella y su hijo, dice Vanessa, reciben hoy tratamiento psicológico. (I)