El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió un documento admitiendo a trámite la denuncia de Jéssica Jaramillo en contra de Jorge Yunda, por presunta infracción electoral, al no acatar la remoción decidida por el Concejo Metropolitano (el pasado 3 de junio) y ratificada por el TCE.

El juez que analizará esta denuncia es Arturo Cabrera. Los legitimados han sido convocados a una audiencia oral, para presentación de pruebas y alegatos, que se llevará a cabo el 27 de agosto de 2021, en el auditorio del TCE, a partir de las 08:30.

El artículo 279 del Código de la Democracia dice: En el caso que las o los consejeros y las o los jueces del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, en su caso, encontraren indicios de responsabilidad penal o de la realización de un delito, notificarán a los órganos correspondientes.

La infracción, según este Código, se sanciona con destitución del cargo; suspensión de los derechos políticos o de participación; y, multas.

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En el documento también se solicita a la Secretaría de Concejo el envío de una copia certificada de la convocatoria a sesión de Concejo enviada el 13 de julio de 2021 por Jorge Yunda.

En esa sesión extraordinaria, llamada para el jueves 15 de julio, el orden del día era el cambio de integrantes en las comisiones del Concejo Metropolitano.

El juez Cabrera también solicitó los audios y videos de esa sesión.

Además, le pidió a la Secretaría del organismo electoral que envíe a su despacho copias certificadas de la resolución emitida sobre la consulta de lo actuado que ingresó Jorge Yunda, la aclaración y ampliación resuelta y la razón de ejecutoría emitida por el pleno del TCE.

Jéssica Jaramillo es la abogada que patrocinó el pedido de remoción de Carolina Moreno en contra de Jorge Yunda y que contó con los 14 votos para su aprobación.

Mientras esta denuncia inicia su trámite, existen otras ingresadas al TCE, el concejal Fernando Morales acudió el 3 de agosto y Santiago Guarderas hizo lo propio ayer, jueves 5 de agosto.

Jorge Yunda, por su parte, continúa en funciones de alcalde de Quito, amparado por un fallo de la Corte Provincial que aceptó una acción de protección y dejó sin efecto el proceso de remoción, hoy cuestionado jurídicamente. (I)