Tras varias semanas de un cruce de recursos legales, la situación de Jorge Yunda al frente de la Alcaldía de Quito apunta a una definición en la Corte Provincial, ahondando el estancamiento en la gestión de la ciudad a nivel directivo.

Luego de que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó la remoción, pasó a segundo plano, cobraron protagonismo la acción de protección aceptada parcialmente, el 28 de junio pasado, por la jueza Belén Domínguez y las medidas cautelares dispuestas por el juez Carlos Soto, el 7 de julio, que, en contradicción con el TCE, suspendieron la salida del alcalde.

En el primer caso, las apelaciones a la acción de protección ya fueron enviadas a la Corte Provincial para que dirima. El mismo Yunda ha señalado que cuando esta instancia se pronuncie se sabrá si se queda o se va a su casa.

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Sobre las medidas cautelares, está pendiente la apelación de los concejales de oposición. El juez civil Carlos Soto, en su dictamen, suspendió la remoción del alcalde hasta que se pronuncie la Corte Provincial.

Ahora bien, lo que resolvió el juez Soto está siendo investigado por la Judicatura, debido a la premura con la que actuó y a posibles inconsistencias en el sorteo de la causa. Esto implicó que los jueces Domínguez y Soto sean suspendidos temporalmente, al igual que cuatro funcionarios más.

Lo cual, sin embargo, no le resta vigencia al fallo del juez Carlos Soto. De ahí que a pesar de las probables anomalías, a decir del constitucionalista Ismael Quintana, hasta el momento, todos los caminos conducen a la Corte Provincial.

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Soto, pese a la suspensión, señaló este viernes, a través de una providencia, que si apelan los concejales podría emitir una respuesta en 48 horas.

“Es inaudito: primero, es un juez suspendido, y segundo, nunca se demoran 48 horas en responder una apelación de medidas cautelares”, añadió Quintana.

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Estancamiento

Mientras tanto, el Municipio de Quito se encuentra estancado. El 29 de junio fue la última sesión del Concejo Metropolitano y el pasado 6 de julio no hubo cuórum para conocer los informes de las secretarías de Salud y Movilidad, y de la Empresa de Aseo.

En esta última ocasión, doce concejales, incluido el vicealcalde Santiago Guarderas, mantuvieron una reunión paralela en la sala de reuniones del Concejo, en el Municipio, para definir la transición y hacer un acto simbólico de posesión. Sin embargo, la disposición de medidas cautelares dejó ese intento en el aire.

Santiago Guarderas dijo ese día a este Diario que hasta se tenía previsto un acto sobrio, sin invitados especiales, solo con la presencia de los ediles, en el que iba a emitir una resolución asumiendo la administración de la ciudad.

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Mientras tanto, Quito espera un desenlace a esta telaraña de recursos legales, cuyo centro es el sillón de mando del Municipio de Quito.

El concejal Fernando Morales (opositor a Yunda) reconoció que en los últimos meses las sesiones de Concejo han sido “un saludo a la bandera” y que no se han tratado temas esenciales. Por ejemplo, indicó, el tema de Quito Honesto, entidad que fiscaliza los proyectos municipales, “se lo metió en la congeladora y no se trató, porque no le convenía al alcalde Yunda”.

“La ciudad necesita un ejecutivo y en este momento no hay nadie. Como lo que venía sucediendo, porque la ciudad estaba en desgobierno, en abandono, en presuntos actos de corrupción”, dijo la concejala Analía Ledesma, también de oposición.

Agregó que algunos concejales continúan realizando mesas de trabajo con funcionarios de las empresas municipales, pero consideró que eso “de nada sirve, pues no (se) sabe si continuarán las mismas personas al mando”.

Concejales piden a la Fiscalía que investigue

Este viernes, los concejales de oposición ingresaron en la Fiscalía de Pichincha un pedido de acto urgente para que se investigue a todos los involucrados en las presuntas irregularidades en la concesión de medidas cautelares a favor de Jorge Yunda.

“Estamos cansados de las artimañas que nos tienen en esta situación postrada”, dijo el vicealcalde Santiago Guarderas. (I)