El cálculo del desempeño en el mercado laboral de la población LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales) en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) requiere de preguntas a los encuestados sobre si se autoidentifican como parte de esa comunidad.

Hay un mayor desempleo entre las personas de la comunidad LGBTIQ+ que son transexuales y travestis, según encuesta

Es lo mismo que ocurre cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) consulta sobre la autoidentificación étnica para definir a los mestizos, blancos, afroecuatorianos, indígenas y montuvios. Así se obtiene el nivel de empleo, desempleo y subempleo en esos grupos.

El organismo oficial de cifras del país hizo este ejercicio en septiembre pasado con miras a calcular también el desempleo entre los miembros del grupo LGBTI+, con una pregunta puntual, tal como se obtienen respuestas para hombres y mujeres, por edades o autodefinición étnica.

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Felipe Ochoa, subsecretario de Diversidades -entidad creada en el actual régimen del presidente Guillermo Lasso como parte de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos-, hizo seguimiento al proceso y afirma que las reacciones de ciertos encuestados no fueron adecuadas.

“El instrumento debe fortalecerse. Los resultados no son probabilísticos porque la Enemdu se hace a los habitantes en general, no al grupo LGBTI+. Al momento de hacer las preguntas sobre la orientación sexual y diversidad sexo-genérica con una población que no necesariamente está sensibilizada en el tema, las respuestas fueron bastante ambiguas, no quisieron responder o incluso algunas de las personas contestaron con enojo o con alguna situación incómoda para los encuestadores, por lo que ahí todavía hay un reto muy importante”.

Los encuestadores fueron capacitados por la Secretaría de Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones durante una semana, para incluir las variables de orientación sexual y de diversidad sexo-genérica.

“El problema es de la sociedad. Es importante que tengamos datos de la población LGBTI+ para la toma de decisiones. Estas reacciones de los encuestados es lo que evidencia en lo que se debe trabajar. El reto del Estado es empezar a sensibilizar sobre la necesidad de tener esta información”, afirma Ochoa.

Los miembros de la comunidad LGBTI+ están invisibilizados en las estadísticas oficiales, lo que se busca cambiar.

“Tenemos que sensibilizar a la población para que al momento de contestar no se sienta incómoda, no se enojen y no exista un proceso de LGBTI fobia, incluso, por así decirlo, es decir, una reacción violenta contra los encuestadores”, añade.

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La Secretaría de Derechos Humanos iniciará un proceso de sensibilización durante el 2022 porque el INEC tiene previsto incluir las variables de orientación sexual y de diversidad sexo-genérica en el próximo censo nacional.

Tras los resultados de la prueba, se incorporaron las variables de identidad de género y orientación sexual con la inclusión de preguntas mejoradas en el censo piloto que se hizo el 23 de noviembre pasado en el cantón Limón Indanza, en la provincia de Morona Santiago.

El INEC respondió vía e-mail a este Diario que el ejercicio realizado en septiembre permite “generar una primera base metodológica y conceptual que, a futuro, permitirá incorporar estas variables en las operaciones estadísticas del país”.

Pero informa que las encuestas de hogares como la Enemdu “no se presentan como buena alternativa para obtener el tamaño o las condiciones sociales y económicas de las poblaciones LGBTI+. Por esta razón, se debe evaluar el uso de métodos de muestreo alternativos que permitan una mejor captura de esta información”.

Según el organismo, “es necesario incorporar a la planificación la inclusión de las variables de estudio en registros administrativos con potencial estadístico. Además, se evalúa el uso de métodos de muestreo dirigidos por informantes para una encuesta específica, para lo cual se está trabajando de manera conjunta con la sociedad civil, academia y el Gobierno”.

La dirigente Karina Rashell se llamaba Ricardo Javier al nacer y lo cambió

Los miembros del colectivo Asociación Alfil que defiende los derechos de las personas trans. Foto: TOMADA DE TWITTER

A Karina Rashell Erazo, mujer trans de 40 años y presidenta de la Asociación Alfil (organización defensora de los derechos de las poblaciones trans y LGBTI+), no le sorprenden las reacciones de la población ante los cuestionarios de autoidentificación.

Ella misma dice que ha sufrido discriminación y temor, por lo que desde temprana edad escondió su predilección de sentirse y verse como mujer.

Habiendo nacido niño me di cuenta de que tenía un gusto que percibía no era en general al del resto de los niños, como vestirme de mujer cuando no había nadie en el cuarto o en la casa. Y sentía que si me descubrían me iba a ir muy mal. Estoy hablando de la década del ochenta, peor si se daban cuenta en la escuela o en el vecindario. Uno se sentía como criminal”, indica Rashell, nombre que tiene hoy en su cédula de identidad al igual que el género femenino.

Estas reacciones de la sociedad hicieron que Rashell reprimiera su deseo de verse como mujer. “Hacía cosas de hombres como actividades rudas”.

Pero no pudo sostener la mentira, ya que cuando tenía catorce años un día no fue al colegio y pensó que estaría sola en la casa. Cuenta que se encerró en el cuarto de su madre para “producirse”, es decir, vestirse y pintarse para verse como mujer.

Su madre había olvidado algo, por lo que retornó al hogar y la descubrió. “Se me heló la sangre. Tuve que mentirle. Le dije que habría una obra de teatro y que tenía que representar a un personaje femenino, pero con toda su ropa regada no me creyó. Ella lloró, me preguntó de forma aterrorizada si era homosexual, me llevó al psicólogo al que prometí no volver a hacerlo”, afirma Rashell.

Pero cuando cumplió 24 años de edad dejó la casa en la que vivía con su madre y hermano menor, para finalmente iniciar su transición y verse como mujer. Hoy su familia y allegados la aceptan.


Son situaciones que continúan, pese a que sí hay menos tabúes al respecto, añade la dirigente.

La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDC), aprobada en enero del 2016, estableció el reconocimiento legal de la identidad de género que regula el cambio del campo “sexo” por el de “género” en la cédula de identidad.

Esto facilitó que las personas trans puedan cambiar sus nombres acordes a la identidad de género con la que se autoidentifican, es decir, contrario al sexo que les asignaron al nacer.

El registro de género en la cédula de identidad se inició el 3 de agosto de 2016. Desde entonces, un total de 1.551 personas trans han cambiado sus nombres de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. Además, 583 hicieron solo el registro de género contrario al que les asignaron al nacer, la mayoría de masculino a femenino.

Desde antes de la vigencia de la LOGIDC, las personas trans ya se podían cambiar de nombre y las transexuales (las que habían hecho la transición de sus genitales masculinos a femeninos, o viceversa) podían también cambiar el renglón de sexo, según corresponda, dice Rashell.

“El trámite requería un certificado de la clínica donde se hacían la operación quirúrgica y cambiaban el sexo en la cédula a través de un abogado de hombre a mujer (o viceversa). Con la LOGIDC lo que se hace es reemplazar en la cédula (física) la información de sexo por género, pero en la partida de identidad se revierte y queda que originalmente era de sexo hombre o mujer (según el caso)”, añade.

Las que solo registran el género ya se habían cambiado el nombre y equiparan la información de identidad, según la ley vigente desde el 2016.

El servicio se realiza a escala nacional recién desde el 26 de abril de 2021, “una vez que se implementó el nuevo Sistema de Emisión de Cédulas y Pasaportes Electrónicos (SEDIP)”, indica vía e-mail el Registro Civil.

Con estos cambios se debe contar con la cédula de identidad del solicitante y la de dos testigos, informa la entidad, aunque seguidamente añade como requisito opcional “la declaración juramentada, pasaporte del testigo, carné de refugio del testigo y el documento de identidad del país de origen del testigo para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones”.

El tiempo estimado para la atención es de 60 minutos, aproximadamente, según el organismo.

Las personas trans sentenciadas deben decidir si van al pabellón acorde a su autoidentificación de género, dice Ochoa

Un plantón se hizo el 28 de noviembre pasado al pie de la Basílica del Voto Nacional, en Quito. Foto: El Universo

Uno de los primeros pasos durante lo que va del régimen fue la creación de la Subsecretaría de Diversidades con dos direcciones. Una para guiar la política pública para la población LGBTI+ y otra de prevención y monitoreo sobre la violencia hacia el grupo.

La Secretaría Nacional de Planificación aprobó además un proyecto para trabajar sobre masculinidades, sensibilización a la población en género, mujeres y diversidad con una inversión de $ 1,5 millones. “Es lo necesario para el levantamiento de información dada la experiencia con la Enemdu y que no existan hechos violentos al momento de hacer este tipo de preguntas”, asegura Ochoa.

Otra acción será la creación de escuelas de formación para dotar de herramientas y habilidades a las personas trans, con el fin de que creen procesos de emprendimiento con trabajo digno. “En 2023 esperamos tener un fondo con capital semilla para que las graduadas pueden iniciar sus proyectos”, afirma el funcionario.

En la Subsecretaría de Diversidades esperan que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador entregue el listado de los recluidos que son parte de la población LGBTI+.

El objetivo es realizar brigadas de cedulación en las cárceles para que las personas trans que quieran puedan cambiar sus nombres y registrar el género con el que se autoidentifican.

“Tras ello decidirán en qué centro de reclusión pasarán la pena, es una decisión autónoma. Hay casos como el de una mujer trans en Loja que prefirió quedarse en el pabellón de hombres. La autoidentificación de género es propia e individual. El Estado no puede obligar a una persona trans a autoidentificarse o ubicarse en un pabellón u otro”, asegura Ochoa.

Hay fiscales y jueces, dice el funcionario, que establecen procesos de investigación de los delitos en los que se identifica como una persona trans al procesado o la víctima si se expresa como tal, aun cuando no haya hecho cambio de género en la cédula, un proceso de transición hormonal o de operación, porque no todas lo hacen.

“El problema es que hay también fiscales que en los partes colocan que no se puede comprobar que es una persona trans. Pasó con una chica trans asesinada hace unos meses. Ni un fiscal ni un juez ni el Estado puede decirle a una persona si es trans o no, se decide por sí mismo, es una autoidentificación de género”, indica Ochoa.

El último diagnóstico de las condiciones de vida y el acceso a derechos de la población LGBTI+ del INEC fue en 2013.

Ochoa dice que habrá dos procesos de levantamiento de información enfocados a esta población, con el fin de actualizar la encuesta del 2013, un estudio de caso que se hizo con un cuestionario que respondieron 2.800 personas en ese entonces.

“Esta vez se hará con otro método para llegar a unas 10.000 personas de la población LGBTI+”.

Y con la inversión de $ 113.000 a través de la cooperación alemana GIZ se prepara un estudio especializado de violencia hacia el grupo, que empezará en enero y los primeros resultados estarán listos en diciembre del 2022. (I)