Promover la integración familiar, laboral y comunitaria de las personas con afectación en su salud mental y que exista un consentimiento libre e informado antes del tratamiento son algunos de los puntos que contiene el proyecto de Ley de Salud Mental, que empezó como una iniciativa ciudadana, liderada por David Martínez, licenciado en Psicología.

Martínez creó una petición en Change.org para que exista un cuerpo legal que garantice el acceso a salud mental, con el cual ha sumado 4.000 firmas. Después, logró transmitirlo al equipo del asambleísta Daniel Onofa, quien ahora impulsa esa propuesta desde la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional.

Este proyecto, de acuerdo con Martínez, debe cristalizarse para cubrir la falta de atención hacia la salud mental en el país. “Se busca un mayor presupuesto para esta área y ya depende mucho de la comisión, de evidenciar que hay una negligencia por parte del Estado”, apunta Martínez.

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En Ecuador, el presupuesto para la salud mental es del 2 %, de acuerdo con datos de la comisión. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el impacto de la pandemia de COVID-19 incrementó los índices de depresión y ansiedad en el 25 % en la población mundial.

En el informe del proyecto de Ley de Salud Mental, que ya pasó su primer debate el pasado 9 de febrero, se unificaron ocho proyectos que buscan regular temas como la depresión, prevención del suicidio, salud mental comunitaria en niñas, niños y adolescentes. Consta de 40 artículos, seis disposiciones generales, dos transitorias y una final.

El legislador Onofa dice que la idea es que exista una sola normativa que cumpla en prevención, atención y reinserción frente a quienes presentan problemas o tuvieron afectaciones mentales. “No se recibe la atención adecuada al paciente, se vulneran los derechos. La mayoría de personas son dejadas en hospitales y sin la voluntad de ellas. La situación no siempre amerita un internamiento y eso también se quiere regular. La pandemia nos dejó con secuelas y enfermedades mentales y se necesita un tratamiento especializado”, indica Onofa.

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Según el Observatorio Social de Ecuador, entre 2014 y 2019 hubo 5.300 suicidios y se estima que durante los primeros meses del 2020 fueron 977. Además, en 2019, 56 personas murieron por trastornos mentales y de comportamiento por uso de sustancias psicoactivas.

Para María José Plaza, vicepresidenta de la Comisión de Salud, aún falta el informe para segundo debate y quizás en unos 90 días el proyecto tendría mejor rumbo. Hasta ahora, señala, se han incorporado observaciones de las mesas técnicas y detalles como, por ejemplo, que los deportistas, militares y policías sufren un alto nivel de estrés.

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“La salud mental es bastante compleja y amplia. La pandemia desató las alertas y es algo que ya venía sucediendo y vimos que aumentó el tema de depresión”, indica la legisladora.

Entre los principales puntos, que contiene el proyecto, está manejar la atención de la salud mental con un enfoque comunitario y de derechos humanos; coordinar programas de prevención y contar con un equipo interdisciplinario.

Para la psicóloga clínica Noemí Rivas este proyecto es una “deuda del Estado” ante las áreas vulnerables como la ansiedad, depresión, suicidios, entre otros. “Creo que es algo que nos hemos tardado en realizar. Va a ser un desafío enorme para el Estado, pero en sentido general es una ley necesaria, que implica destinar un presupuesto amplio para cubrir a toda la población dirigida. Ahora tenemos un déficit de profesionales para cubrir esas necesidades”, explica Rivas.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2020 hubo 877 psicólogos: 4,98 por cada 100.000 habitantes. La OMS recomienda que sean al menos 9. Y justamente el artículo 26 del proyecto menciona la conformación de un equipo de profesionales como psiquiatras, médicos especialistas en psicofarmacología, psicología clínica, psicología general, psicología infantil, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

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“El desafío es que no se quede en papel (en caso de seguir todos los trámites en la Asamblea), por eso hablaba de un compromiso del Estado para que haya el presupuesto y se realice, que no quede en una política que no sea aplicada. De nada sirve la intencionalidad si no cuento con el presupuesto, profesionales idóneos y la infraestructura que se requiere”, enfatiza la psicóloga clínica.

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Rocío Álvarez, médico psiquiatra y magíster en Gerencia de Sistemas de Salud, considera importante que el país tenga una normativa en salud mental, pero hace sus observaciones al actual proyecto.

Por ejemplo, de una evaluación diagnóstica epidemiológica para entender las necesidades de la población o que se comente sobre políticas públicas de largo plazo, procesales, con planes en infraestructura y planes dinámicos.

“Determinar bien cómo se deben elaborar las formas de medir la gestión en salud mental. Las atenciones deben ser de más de 15 minutos, de acuerdo con lo que el paciente requiera, sin que la administración de cada institución presione por volumen, a fin de mantener la calidad. Y por último debe ampliarse el capítulo de salud mental e internamientos en niños y adolescentes”, sostiene Álvarez.

Sobre este último se encuentra en el artículo 32, donde brevemente indica que el internamiento deberá ser realizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional de la niñez vigente, prevaleciendo el interés superior y la protección integral de sus derechos.

Otros puntos del proyecto:

  • La internación será voluntaria cuando la persona dé su consentimiento informado para este tipo de tratamiento de manera escrita y ante la autoridad competente. En caso de internamiento voluntario de menores de edad, deberá ser autorizado por un familiar, cuidador o quien tuviere la patria potestad.
  • La internación involuntaria será considerada como un tipo de atención excepcional que se aplicará únicamente cuando el paciente es un riesgo inminente para la vida o la integridad física propia o de terceros.
  • La atención en salud mental debe ser provista en atención primaria en las unidades de salud mental especializadas más cercana al lugar de residencia.
  • La autoridad sanitaria nacional designará, bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción a un director de salud mental.
  • Elaboración y aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental.
  • La prescripción de medicación responderá a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo.
  • Habilitar sistemas de atención de salud mental en toda la Red Pública Integral de Salud. (I)