En una moto llegan cada mes dos hombres a cobrar el interés por el préstamo pautado de forma verbal con la dueña de un restaurante del cantón Playas, en Guayas. Es un 20 % de interés mensual que cubre hasta que paga el capital más el recargo. Si lo prestado es $ 100, al mes la deuda es $ 120 y cada treinta días debe cancelar $ 20 hasta que logre reunir el monto prestado y finalmente devolverlo.

Carmen, de 67 años, dice que trata de cubrir cuanto antes, pero reconoce que a veces solo trabaja para pagar este rubro, que ya es parte de los pasivos de su negocio. Es como un círculo vicioso que la saca de apuros en su momento, pero que la mantiene atada al mismo problema de la falta de financiamiento sin la posibilidad de poder crecer.

“Ya estoy terminando de pagar y será el último, me falta poco”, afirma. De ahí intentará mantenerse con los flujos diarios que deja el negocio en el que vende arroz con menestra y chuleta, carne o pollo, y otros platos de la gastronomía local.

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Quito lideró el top diez de los cantones que más recibieron microcéditos durante el 2022 en Ecuador

En 2012 fue sujeta de crédito en uno de los bancos grandes, luego que hizo el trámite. No recuerda cuánto le dieron, pero afirma que lo pagó y no volvió a prestar otra vez. “Son muchos requisitos, tenía que llevar los recibos de luz y otros documentos personales. En los negocios hay días buenos y malos, no se tiene certeza”, asegura a modo de queja. Con lo que gana cubre los gastos por su salud vulnerable, ya que se recupera de un cáncer.

El 23,2 % de la población mayor de 15 años ha accedido a un crédito en el sistema financiero formal del Ecuador, reporta el informe Global Findex del Banco Mundial, que se realiza cada tres años y que la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) publicó este año en una plataforma digital.

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Si bien hay un incremento, ya que en 2011 el porcentaje llegaba al 10,6 %, aún la gran mayoría de la población en edad de trabajar (76,8 %) del país no posee un crédito.

Las cifras indican un avance mayor en el porcentaje de personas que tienen una cuenta financiera (64,2 %), poseen una tarjeta de débito (38,3 %) o han recibido o realizado un pago digital (46,9 %), porcentajes que se han duplicado entre los años 2011 y 2021.

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José Rivera, analista financiero y gerente de la plataforma digital de inversiones Libertex en Ecuador, que el incremento en el porcentaje de personas con cuentas, tarjetas de débito y que hacen transferencias digitales va de la mano con la población más joven del país que confía en mayor medida en el sistema financiero tradicional. “Claramente hay una nueva generación que no vivió el feriado bancario ni las crisis económica de 1999 y 2000. Adicionalmente, las nuevas tecnologías te obligan a estar bancarizado para acceder a plataformas digitales, pagos y mayor seguridad y confianza en el uso del dinero, es una necesidad”.

También hay una mayor facilidad para abrir una cuenta bancaria, ya que se puede hacer desde un computador, laptop o aplicación celular. “Esto ha dado facilidad a los que viven en las zonas más rurales”, dice Rivera.

Y un tercer factor, agrega el especialista, que ha empujado al uso de las tarjetas de débito es la inseguridad. “Ante los altos índices delincuenciales es más seguro contar con tarjetas de débito para no cargar efectivo, se ha dado mucha educación financiera”.

Sin embargo, el escollo sigue siendo el acceso al financiamiento formal. Por ejemplo, apenas el 14,8 % de la población mayor de 15 años tiene una tarjeta de crédito. Todos estos porcentajes del país son menores al promedio regional de América Latina y el Caribe.

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Landy Andrade, una ama de casa que desde el 2020 se dedica a la venta de bolos en Guayaquil, busca un capital de cinco mil dólares para comprar una máquina que le permite envasar, sellar al vacío y cortar hasta 100 bolos cada dos minutos.

La mano humana hace 50 de estos bolos en treinta minutos. “Siempre y cuando ya se tenga experiencia, la máquina me ayudaría”, refiere. En el último año, Landy acudió a siete bancos y cooperativas y en ninguna pudo acceder a un crédito.

“Me dicen que mi score no es alto porque no tengo historial. Cuando fui a un banco tenía 700 (de un puntaje máximo de 999), y me dijeron que debía tener 950 o más para acceder. Una de las asesoras me explicó que los bancos exigen un score de 900 como mínimo para dar un crédito”.

Landy Andrade es una emprendedora de 31 años que hace bolos en Guayaquil. Foto: Carlos Barros

Entonces su opción fue obtener un crédito en una casa comercial, en la que compró una lavadora. “Recién la terminé de pagar y sí subió mi score, pero aún no llega al nivel de lo que exigen en el sistema financiero (bancos y cooperativas)”, asegura Landy.

Solo en uno de los bancos que visitó le ofrecieron un microcrédito de $ 500 a una tasa de interés del 22,6 % anual, pero no lo aceptó porque le pareció un monto insuficiente que ella bien puede reunir sin necesidad de endeudarse. “Otro requisito que piden los bancos es un RUC (Registro Único de Contribuyente) activo durante un tiempo mínimo de tres años, pero el que tengo recién tiene año y medio”, añade.

Landy, de 31 años, es parte del grupo de los que tienen cuenta y reciben pagos a través de transferencia. Su emprendimiento surgió por necesidad en medio del confinamiento para ayudar en la manutención de sus dos hijos. El sueldo básico ($ 450) que gana su esposo no es suficiente, indica.

La mujer no ha acudido a los llamados chulqueros para acceder al financiamiento informal, como el caso de Carmen, quien pone en riesgo su seguridad ya que el dinero en ese caso proviene generalmente de actividades ilícitas como el lavado de dinero o el narcotráfico.

El costo de los préstamos informales depende del acuerdo verbal al que se llegue. En la red de mercados se ofrecen a un interés del 1 % diario, es decir, si el capital del crédito es $ 100, al día siguiente la deuda es de $ 101. Y tras cien días (un poco más de tres meses) lo adeudado se duplica, llega a doscientos dólares.

Pablo Pérez, profesor de finanzas personales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), afirma que la digitalización y globalización del manejo y uso de la información entre los más jóvenes facilita el acceso al grupo de los que tienen cuentas financieras con tarjetas de débito activas y reciben o realizan pagos digitales.

Pero aún la mayor parte las usa a un nivel meramente transaccional. Apenas el 13,1 % de la población mayor de quince años posee ahorros en una institución financiera del país, porcentaje que incluso bajó con respecto al 2011 cuando fue el 14,5 %.

Rivera da un ejemplo de la falta de incentivo para colocar el dinero a plazos, en pólizas. “Si uno coloca el dinero en una cooperativa de ahorro y crédito a un año y necesita sacarlo anticipadamente (antes del tiempo acordado por alguna emergencia), el cliente no puede acceder al capital y debe sacar un crédito de consumo para obtenerlo. Entonces al final el capital le rinde un 7 % y el crédito le dan a un 16 % a pesar de tener una garantía real”.

Sin embargo, el papel de las cooperativas e instituciones reguladas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, dice Pérez, es clave en la profundización del acceso al sistema financiero formal, así sea básicamente con la apertura de cuentas. “Llegan a regiones geográficas que antes eran excluidas de los servicios financieros. Hay sucursales que te permiten tener cuentas de ahorros y hasta tarjetas de crédito en cantones rurales. Antes esta población tenía que movilizarse a una cabecera parroquial o cantonal y ahora las tienen relativamente cerca”.

El acceso al crédito formal es más complejo. En esto influye el nivel de informalidad que hay en los negocios, ya que la tramitología para crear empresas es engorrosa, dice Pérez. “Es difícil formalizar a muchas como un ente sujeto de crédito y solicitar como tal, eso suele desalentar y no les queda más que optar por un crédito de consumo como persona natural (con una tasa de interés referencial anual del 16,18 %)”.

En el segmento de crédito productivo van del 8,78 % en el sector corporativo al 10,33 % para las pymes, que son pequeñas y medianas empresas, en febrero de este año, según el Banco Central del Ecuador.

Lo difícil, afirma Rivera, es acceder a estos capitales en Ecuador. “Si el ciudadano está de acuerdo a acceder a un esquema informal, sabe que el costo del dinero es superior al que recibe en las instituciones financieras. El problema es la limitación y la gran cantidad de respaldos que requiere para tener un crédito formal de consumo o el acceso a una tarjeta de crédito. Todo esto genera que haya una mayor informalidad”.

Ecuador es un país con muchas barreras de entrada para nuevas tecnologías en sistemas bancarizados, afirma Rivera. “Las fintech (empresas que utilizan la tecnología para mejorar o automatizar los servicios y procesos financieros) hacen un gran aporte para bancarizar y formalizar los sistemas de crédito, pero el no tener una legislación clara impide que estas nuevas tecnologías sean parte del día a día de los ecuatorianos”.

En estos bancos digitales, acota, se puede acceder a créditos con información muy básica con bases de datos conectadas al score crediticio.

Lo que se debe buscar son formas de que las personas accedan al crédito como primeras oportunidades para demostrar que son capaces de responder a un préstamo.“Créditos de mil, dos mil o hasta cinco mil dólares con firma considerando un poco los movimientos en la cuenta de la persona debería ser más que suficiente, pero claramente hay una noción de riesgo con tasas de interés del 16 % al 20 %, lo que es alto para los emprendedores y el ciudadano, que se suma a los costos elevados que tenemos como país”, asegura Rivera.

Desde la banca pública no se llega de forma masiva en parte por la falta de agilidad en los trámites, explica Rivera. “Hay negocios de mi conocimiento que aplican a préstamos productivos del 1 %, pero tardan tres, seis meses o hasta un año y no logran cumplir la expectativa, en ese tiempo los negocios terminan cerrando”.

El objetivo de una mayor colocación de capitales en préstamos se consigue con una mayor inversión en los sistemas financieros tradicionales. “No hay suficiente capital porque también no hay suficientes productos de incentivos de inversión. Al hacer una en un banco o cooperativa se encuentra con barreras de entrada y de salida, esas pocas libertades en el manejo del dinero impide generar una confianza”, manifiesta Rivera.

Una medida que frena la llegada de capitales es que los bancos, vía decreto, no pueden ser propietarios de casas de valores. “Separaron dos negocios financieros que deberían estar sincronizados. Si el mercado de valores empieza a captar y este ingresa a la banca, esta última tiene más capacidad de generar créditos, pero una financiera, como una administradora de fondos o casa de valores, no puede colocar capitales, esto bloquea y no permite un mayor desarrollo de flujo de capitales en el país”.

Pérez plantea que una de las soluciones es alentar la inversión en instituciones que faciliten el acceso asumiendo más riesgos. “Suelen existir inversionistas de fuera del país que crean a estas orientadas a microcréditos, pero necesitan un ambiente macroeconómico estable que les permita tener seguridad en sus inversiones. Mientras no se logre, será difícil que existan más entidades dispuestas a tomar más riesgos en el crédito que dan”.

Si bien hay limitaciones el avance de la bancarización es evidente. En los estadios del país se venden productos como comida rápida a través de transferencias digitales.

La recomendación es que la ciudadanía revise su reporte de crédito con su score cada tres meses

El buró de crédito es una entidad independiente de los bancos, cooperativas y sector comercial regulado por la Superintendencia de Bancos. Su función es la de recabar información crediticia, es decir, recopila obligaciones o antecedentes financieros y comerciales, de una persona natural o jurídica, pública o privada.

Así, cuando una persona adquiere un plan de celular o de internet, compra ropa o accesorios en un almacén a crédito, obtiene una tarjeta de crédito y paga al corriente o en diferido, va forjando su score. Al igual que los créditos educativos, de consumo, microcrédito o hipotecario. El historial crediticio se construye de acuerdo al comportamiento de pago y solo recopila la información de los últimos tres años.

La historia de crédito es parte de un documento conocido como reporte de crédito, que incluye el score, en el que se estima la probabilidad de pago para los próximos 12 meses. Este va de 1 a 999 puntos.

La decisión de la concesión de un crédito es potestad única del banco, cooperativa o establecimiento comercial en que se solicita. El reporte de crédito permite conocer de manera clara y precisa la condición en que se encuentra el historial de cada persona.

Verónica Rodríguez, gerente de operaciones de Equifax (una de las empresas que maneja el buró de crédito de los ciudadanos), recomienda a la ciudadanía que revise su reporte, que incluye el score, al menos cada tres meses. Este va de 1 a 999 puntos, en él se estima la probabilidad de pago para los próximos 12 meses.

“Este contiene la información de los créditos actuales e históricos de los últimos tres años, siempre y cuando estén vigentes, más el score”, dice. Las deudas fuera de ese periodo ya no se incluyen si pasó el tiempo de vigencia de la operación, así aún estén impagas. “Esto según la normativa es después de los cinco años”, añade.

El reporte de Equifax se puede adquirir en la web equifax.com.ec/miscreditos. También está disponible a nivel nacional en las agencias de Servipagos, Red Activa Western Union e instituciones financieras y locales comerciales de la Red de Servicios Facilito.

El reporte de crédito básico es gratuito en las oficinas de Equifax de Quito y Guayaquil, dice Rodríguez, acudiendo de forma presencial. En el canal web y en las sucursales de Servipagos, Red Activa Western Union y Facilito tiene un costo de $ 10,50.

En el caso del canal web el costo es referencial por el uso de la plataforma de e-commerce y en el caso de las sucursales por la transacción que se hace con un tercero que presta el servicio. (I)