El programa Los Más Buscados sigue vigente con tres listados a nivel nacional, a los que entran los acusados que obtengan la mayor calificación según el tipo y las circunstancias del hecho del que se los señala como responsables.

Al listado de más buscados por los delitos de acción pública (asesinato, homicidio, sicariato, tráfico de drogas, y otros) se suman el de los acusados por violencia de género (femicidio, violación) y el de los señalados por corrupción (peculado).

En cada una de las tres listas pueden ir hasta 20 personas requeridas por la ley, siempre que acumulen los puntos necesarios para estar en ellas.

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De ahí que figuren 37 a nivel nacional (20 por violencia de género, 13 por delitos de acción pública y 4 por corrupción). A estos se suman 104 que están en las listas provinciales de Guayas (13), Pichincha (11), Chimborazo (11), Manabí (10), Tungurahua (10), Azuay (8), Cañar (6), Los Ríos (6), El Oro (5), Santo Domingo (5), Loja (4), Bolívar (3), Esmeraldas (3), Imbabura (3), Carchi (2), Cotopaxi (2), Pastaza (1) y Santa Elena (1), buscados porque cometieron los delitos en esos territorios. Solo estas provincias tienen actualmente listados aprobados.

La recompensa a cambio de información precisa sobre el paradero de estos individuos va de $ 1.000 a $ 10.000, monto que depende del fugitivo, su nivel de peligrosidad, el lugar donde se encuentra escondido, entre otras consideraciones, afirma José Villacís Bonilla, jefe de la Unidad de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley (UNDPAP), encargada del programa Los Más Buscados. “Hay un proceso de negociación con la persona que proporciona información y luego de llegar a un acuerdo se aprueba el pago”.

Pero durante el último año se evidencia una disminución del apoyo de la ciudadanía con las denuncias al 1800-335486 (delito), indica Villacís. “El último año no se han recibido muchas denuncias. No sabemos exactamente cómo interpretar esta reacción, pero sí tenemos aún gente que denuncia y nosotros lo que hacemos mediante técnicas de investigación es iniciar la búsqueda de la localización y la posterior captura”.

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Fernando Altamirano, abogado y profesor de la Universidad Internacional SEK, afirma que el miedo por la percepción de inseguridad ante las matanzas ocurridas en las cárceles y fuera de ellas puede ser una razón para no denunciar a un más buscado, al igual que la posibilidad de que el procesado cobre venganza al enterarse de quién lo delató.

“Estos procesados tienen la ubicación reservada, no está expuesta por lo que quienes denuncian (por lo general) son las personas que están cercanas a ellos... Pero como se menciona dentro del vulgo, hay que matar al mensajero, así que claro, obviamente, existe el miedo dentro de la sociedad al denunciar, por lo menos en el tema de agresiones y femicidio existe un vínculo inclusive más parental. Los familiares llegan a saber inclusive dónde se encuentra la persona (procesada), pero no lo denuncian por el miedo, de igual manera ocurre con los otros delitos”, afirma el especialista.

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Sin embargo, Villacís asegura que hay una total confidencialidad. “Toda la policía sabe que tenemos protocolos de manejo de los colaboradores, entonces jamás hacemos pública la identidad, eso se mantiene en absoluta reserva. Inclusive cuando se realiza la negociación para el pago de recompensa se garantiza la seguridad”. Esto es parte del manejo ético de los recursos estatales, agrega.

La conmoción social que causa un hecho es una de las razones que se toman en cuenta al momento de calificar e incluir a alguien en el listado de los más buscados. Es el caso de Elías P., a quien se lo considera presunto responsable de femicidio al asesinar con un arma de fuego (pistola) a su conviviente, Noelia Vargas Parrales, en enero del 2020 en Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Luego descuartizó el cuerpo y colocó las partes en varios sacos.

O a los acusados de asesinar con “asfixia, sofocación-obstrucción de orificios respiratorios”, como indica el parte policial, a Olga Cruz Fuentes, de 68 años, y Estefanía Egas Cruz, de 24 (madre e hija). Los cadáveres fueron hallados el 26 de septiembre de 2018 en la casa de ambas, en el interior de la urbanización Las Riveras de La Puntilla, en Samborondón.

Uno de los supuestos responsables era Jeffersson M., detenido en mayo pasado y quien era el tercer más buscado en Guayas. “Dentro del proceso investigativo”, indica el parte, se determinó que la razón del doble crimen fue el cobro de una herencia por parte de otra de las hijas de la madre asesinada.

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El expolicía William R. (separado de las filas policiales desde octubre del 2015) está prófugo por este hecho y es el quinto más buscado a nivel nacional. Tenía una relación sentimental con la hija acusada.

Villacís dice que el nivel de violencia y los casos de corrupción que causan conmoción nacional conllevaron a expandir los listados con el objetivo de “combatir la impunidad”.

Los incluidos en el programa Los Más Buscados son procesados por tener sentencias emitidas por los tribunales con penas de privación de libertad que van desde los 5 años por delitos contra la propiedad con agravantes hasta llegar a los 40 años de reclusión mayor extraordinaria por delitos contra la vida (asesinato o sicariato), sexuales, tenencia ilegal de armas, drogas, entre otros.

Una Comisión Técnica Nacional, presidida por el ministro de Gobierno o su delegado, aprueba la inclusión en el programa, dice Altamirano. “Tiene que haber una orden de captura, de prisión preventiva, una orden de llamamiento a juicio o una sentencia en firme”.

El nivel de violencia que demuestra un desorden psicológico, el arma utilizada son parámetros que se analizan. Hay una hoja de calificación y manuales. “No solo es el número de delitos, sino también las circunstancias”, dice Villacís.

Una condición es que tengan boleta de detención o sentencia ejecutoriada, es decir, debe existir una vinculación por parte de la autoridad judicial.

La mayoría de los incluidos son hallados fuera de la ciudad donde cometieron los delitos, ya sea en una zona rural o en ciudades de otras provincias.

Además de los 141 del programa Los Más Buscados, también se encargan de localizar a los otros acusados considerados de alta peligrosidad por cometer asesinato, homicidio, sicariato o femicidio.

La UNDPAP detuvo a 32 de los más buscados desde el 2021 y a 91 requeridos por su alta peligrosidad, un total de 123. Ellos salen de los listados. Las comisiones se reúnen cada mes para actualizar la información.

“Algunos sí han estado armados (en el momento de la detención), por lo que hemos tenido que enfrentarlos con técnicas de neutralización sin el arma de dotación. Operamos con los equipos tácticos de la Policía”, asegura Villacís.

Una de las problemáticas respecto a que la ciudadanía no ayuda en la localización de los más buscados, dice Fernando Samaniego, policía en servicio pasivo y analista en seguridad, es que hay una falta de confianza en los operadores del ECU911 que atienden las llamadas y en ciertos miembros de la Policía que están involucrados en hechos delictivos.

“Al denunciar piden el número de teléfono, sacan toda la información posible. En los juicios puede determinarse la libertad del detenido. Los abogados se valen de artimañas en la defensa de estos acusados. Se acogen al método abreviado por lo que les dan el 25 % de la pena. Aparte cumplen la mitad y están fuera. Todo suma a que no haya paz”, dice Samaniego.

Los listados de los más buscados (nombre completo, fotografía del rostro y el delito del que se lo acusa) son publicados en las redes sociales y en los sitios web de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno. También están en las Unidades de Vigilancia Comunitaria del país. Hace diez años había un mayor presupuesto para promocionar en televisión las recompensas a cambio de información efectiva que conlleve a la localización. Incluso las fotos de algunos de ellos estaban en los vidrios traseros de los buses del transporte público.

Altamirano señala que esta difusión era más evidente en el pasado y ahora se ha dejado de lado. “Quizás tenga que ver con el tema de la violación a la intimidad, porque obviamente se exhibe al sujeto ante la sociedad”. (I)