La parroquia La Aurora del cantón Daule, que alberga los proyectos habitacionales que tienen como principales compradores y habitantes a los guayaquileños, registra la mayor tasa de incremento de votantes del país en el periodo 2017-2022, es decir, en los últimos cinco años.

Se trata de las familias guayaquileñas que se trasladan a vivir a las urbanizaciones que se desarrollan en esta localidad separada de Guayaquil por el margen del río Daule, que marca el límite entre ambos cantones.

El número de votantes casi se ha triplicado en La Aurora, con un incremento del 158 %, lo que representa 22.933 electores más en el periodo 2017-2022.

Es parte de un proceso que tiene antecedentes, ya ocurrió en su momento con el traslado de la población guayaquileña a la vía a Samborondón, parte del cantón que lleva el mismo nombre, lo que continúa ahora en menor escala, y hacia Durán.

Al cambiarse de domicilio, son electores que figuran en el padrón bajo la jurisdicción de los cantones Daule, Samborondón y Durán.

De ahí que hay parroquias urbanas de Guayaquil que registran menos electores entre 2017 y 2022. Este decrecimiento fue mayor en Olmedo (-25,72 %), Pedro Carbo (-24,79 %), Nueve de Octubre (-21,39 %), Ayacucho (-21,06 %) y Roca (-20,86 %), que abarcan el centro de la ciudad y sus inmediaciones.

Pero el éxodo también se evidencia en las populosas parroquias del sur, como Ximena, con un 0,70 % menos de electores; y Febres Cordero, con una reducción del 6,6 %, en el mismo periodo señalado.

De las parroquias urbanas de Guayaquil, solo se registra un aumento de sufragantes en el periodo 2017-2022 en Tarqui, de un 7,5%; y en Pascuales, con un 25 %, ambas ubicadas en el norte de la ciudad y que están también entre las más populosas.

En total, el cantón Guayaquil registra un incremento ínfimo de votantes del 0,36 %, con 2′000.592 electores que son parte del padrón activo del 2022. El número para las elecciones del 2017 fue de 1′993.432. Mientras que en Daule, Samborondón y Durán subió a un ritmo del 24 %, 13 % y 7 %, en su orden, entre 2017 y 2022.

Los porcentajes se determinaron comparando el padrón del Consejo Nacional Electoral (CNE) preparado para las elecciones de 2017 y 2023.

Este incluye a todas las personas convocadas para votar, desde los que tienen 16 y 17 años y los de 65 o más, para quienes el voto es facultativo, hasta los que obligatoriamente deben sufragar, el grupo con edades de 18 a 64 años.

El número de electores por parroquias y cantones y su evolución refleja los movimientos migratorios de la población.

La analista política Madeleine Molina afirma que la pandemia marcó un precedente en los movimientos migratorios, con personas de 25 años o más que han salido de los límites del cantón Guayaquil. “Hay gente que trabaja en la zona industrial de Durán y se va a vivir allá; otros, en Samborondón o La Aurora; incluso van a otros cantones más lejanos, como General Villamil Playas”.

Hay migración interna también hacia otras provincias, o personas que son de otros cantones y vivían en Guayaquil, pero a raíz de la pandemia, han retornado a sus lugares de origen.

Molina es un ejemplo de estos movimientos. Nació y creció en Guayaquil, pero actualmente vive y está domiciliada para votar en el cantón Playas Villamil, situado a una hora en auto desde el puerto principal del país. “A raíz del COVID-19, me fui a vivir allá. Hay semanas que paso en Playas y otras acá en Guayaquil, por trabajo”.

Las personas más adultas (mayores de 50 años) tienden a no cambiarse de domicilio ante el CNE, agrega Molina, porque tienen un mayor sentido de pertenencia y prefieren seguir votando en Guayaquil, pese a que viven fuera de los límites de ese cantón. “Las generaciones más jóvenes son más prácticas y menos apasionadas por ciertas coyunturas históricas. Entonces, dicen: ‘¿Por qué me voy a mover para más de votar por fulano, zutano?’, por el que le cae en el momento; a veces no es ni por sus planes de gobierno o convicción ideológica”.

Pahola es una guayaquileña que vive en una urbanización de La Aurora, pero trabaja en una institución pública en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, por lo que viaja a diario, de lunes a viernes, a esa ciudad situada a una hora del Puerto Principal. “Como somos más en esta condición, nos turnamos: un día usamos mi carro; al otro día, el de mi compañero. Así compartimos gastos”, indica.

Ante estas realidades urge un debate sobre un nuevo modelo de administración que responda a estas realidades y se haga uso de las opciones constitucionales, dice Molina, como la posibilidad de crear un distrito metropolitano en lo que es el conglomerado urbano más extenso y poblado del Ecuador.

“Hay la herramienta en el rango constitucional incluido en la carta magna vigente desde el 2008, pero no está dentro de la agenda política la creación de los distritos metropolitanos o las regiones. No todos los cantones que deberían ser parte del Guayaquil metropolitano tienen alcaldes del mismo partido político. Entonces, hay intereses y pugna de poderes”, indica Molina.

Los movimientos migratorios no responden a límites políticos establecidos en un papel, asegura el analista económico Fidel Márquez, sino que son motivados más bien por razones económicas y sociales. “Junto a las personas que se trasladan a La Aurora, también van los servicios, como la instalación de infraestructura educativa privada con escuelas, colegios y universidades”.

Ante este panorama ya se debe hablar del Gran Guayaquil, con habitantes que se mueven entre esta ciudad y los cantones aledaños, como Samborondón, Durán, Daule, Nobol y Salitre, cuyas zonas urbanas colindan con las de Guayaquil y las que están más allá: Yaguachi, Milagro y Playas Villamil, dice Márquez.

“Hay que calcular el índice potencial de desarrollo y de la capacidad productiva de este Gran Guayaquil. Ese debe ser el indicador para proponer nuevas formas de administración territorial, porque la realidad está superando la institucionalidad existente”, asevera Márquez.

El hecho de que no se haya hecho uso del mecanismo de creación de los distritos metropolitanos evidencia que hay intereses políticos de por medio, según el especialista.

La nueva zona industrial de Guayaquil está asentada en Durán, afirma Márquez. Entonces, hay que pensar al Gran Guayaquil como un conglomerado que puede tener distintos Gobiernos locales, pero en función de una directriz que piense, por ejemplo, en la mejor manera de conectar todas estas localidades.

Los quince cantones del Ecuador donde más subió el número de votantes

En 195 de los 221 cantones del país se observa un incremento del número de votantes, pero el aumento es diferenciado.

Daule, por ejemplo, es el duodécimo del Ecuador con la mayor tasa de incremento de electores entre 2017 y 2022.

Los quince cantones con mayor ritmo de crecimiento, lo que es un termómetro de cuánto en realidad ha aumentado su población total, son Paquisha (36,38 %), Camilo Ponce Enríquez (33,84 %), Santa Clara (28,74 %), Taisha (27,32 %), Quinsaloma (27,17 %), Jaramijó (26,95 %), Arajuno (26 %), Las Naves (25,50 %), Huamboya (25,37 %), Nangaritza (24,51 %), La Concordia (24,43 %), Daule (24,31 %), Chilla (24,09 %), Loreto (23,33 %) y Tiwintza (22,90 %).

El top 15 incluye a cinco cantones de la Costa, con localidades ubicadas en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como dos que son de la región Sierra, en Bolívar y Azuay. La mayor parte, ocho, está en el Oriente: Morona Santiago, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe.

Algunos de estos cantones registran proyectos mineros en desarrollo, lo que atrae mano de obra hacia ellos, o presentan más oportunidades laborales. “El ser humano debe estar en el centro de los planes de desarrollo de los territorios; y, si no se toman en cuenta estos movimientos migratorios, entonces hay un fracaso”, indica Márquez.

Quito es el cantón que registra el mayor número de votantes activos en el padrón actual, pero Guayaquil lo supera si se toma en cuenta lo que se denomina como el padrón pasivo. Este último incluye a todos los convocados a votar, sin excluir a los que no se han presentado a sufragar ni han tramitado el certificado de votación en los últimos cuatro años.

Al no hacerlo se infiere que fallecieron y aún no se registra la muerte oficialmente; o, más probablemente, que migraron al exterior, según concuerdan los analistas.

“Hay gente que se gradúa de las universidades y no consigue trabajo; entonces, buscan irse del país. Esto será una nueva ola migratoria al exterior, lo que cambiará el panorama de elecciones. Hay jóvenes con maestría que no tienen empleo”, asegura Molina. (I)