El costo de la canasta familiar básica, que incluye bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en un mes, se ubicó en $ 712,07 en febrero último, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Mientras tanto, las pensiones promedio de todos los jubilados llegan a los $ 655,20 al mes, según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por debajo de lo que necesita un hogar de cuatro miembros para cubrir los gastos básicos de alimentación, salud, entre otros. El valor incluye los décimos mensualizados.

Édison Lima, de 82 años de edad, vive en Quito y desde enero de este año recibe $ 702 al mes de pensión jubilar, dos dólares más de lo que percibió durante el año pasado.

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Él laboró por más de 20 años en el área de las telecomunicaciones y pese a que el monto que cobra supera lo que reciben la mayor cantidad de jubilados, este tampoco alcanza a cubrir la canasta básica.

La situación empeora debido a que por la pandemia subieron los despidos; lo que se evidencia en la reducción del número de afiliados activos al IESS que bajó de 3′738.651 en diciembre del 2019 a 3′531.594 en el mismo mes del 2020.

Los ingresos de Pedro (nombre protegido), de 81 años, son más bajos. Desde enero pasado percibe $ 424, valor que se ha mantenido casi congelado desde el 2015 cuando en el gobierno de Rafael Correa se dispuso que las pensiones jubilares se incrementen según el nivel de inflación del país, que en dolarización ha sido de un solo dígito o incluso negativa.

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“A veces se van hasta $ 260 al mes en medicinas mías y de mi esposa (su única carga familiar en la actualidad), incluyendo los suplementos alimenticios”, dice Pedro, quien vive en Guayaquil y se jubiló en 2010 tras aportar por 30 años. Pero uno de sus cuatro hijos se quedó desempleado el año pasado en la pandemia. Desde entonces lo ayuda con dinero o comida.

“La situación es difícil porque no hay ni para la canasta básica. La pensión apenas me ha subido $ 1,75 de un año a otro y me sirve para alimentarnos por ahí más o menos y quizás comprar alguna cosita, no da para más. Al menos no he tenido una enfermedad catastrófica, pero sí me afecta la artrosis”, asegura Pedro, quien no paga alquiler porque vive en una propiedad familiar.

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Esperar la atención de salud del IESS sería desmejorar su estado de salud, afirma. La opción es buscar atención privada, agrega Édison: “En el Club de Leones hay consultas en $ 10 o $ 12 con especialistas, es eso o esperar tres meses o más”.

Hay 449.371 jubilados por vejez, invalidez y discapacidad hasta enero último en el país. Ellos reciben $ 308,6 millones al mes, monto que canceló el IESS por sus pensiones. Son 21.108 retirados más que en enero del 2020.

Lo que recauda el IESS ya no alcanza para cubrir las obligaciones con los retirados, más las prestaciones de salud de ellos y las del universo de afiliados que incluye a sus hijos de hasta 18 años, al igual que a los del Seguro Social Campesino y sus familiares.

Los 3′551.061 afiliados activos implicaron una recaudación de $ 411′539.159 en enero pasado, según el IESS, con lo que también se debe cubrir las prestaciones de salud.

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La situación de los jubilados ha sido aún más precaria, agrega Lima, durante la pandemia. “Se ha pagado más por salud, rehabilitación, medicinas y consultas particulares. El IESS no recibe los fondos del Estado para la atención de salud de los jubilados. Esta deuda llega a los $ 3.800 millones. Los hospitales del IESS tienen un déficit de 900 médicos y la mala atención hace que el jubilado gaste en la salud privada”.

El tema es que el número de retirados seguirá en aumento. “En el 2019 fallecieron 9.000 jubilados y en 2020, 17.000, la mayor parte de la diferencia fue por el COVID-19, pero igual el número final aumenta ya que cada vez hay más afiliados que se jubilan tras cumplir las condiciones”, dice Lima, quien es presidente de la Asamblea de Jubilados y Pensionistas Adultos Mayores del Ecuador, que suman 1,3 millones.

Pablo Lucio-Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, indica que el déficit actuarial del sistema de jubilación del IESS es del orden de los $ 100.000 millones para los próximos 50 años, sin contar el 40% de aporte que por ley debe dar el Gobierno cada año para cubrir las pensiones.

“La proyección de las actuales jubilaciones aplicadas a la cantidad de futuros jubilados es muy superior a lo que aportarán los afiliados. Más aún, hoy ya hay un déficit de caja del orden de los $ 1.700 millones anuales, es decir que los jubilados reciben más que lo que pagamos los afiliados activos”, dice Lucio-Paredes.

El aporte estatal del 40% “es necesario para estabilizar el sistema, y efectivamente eso representa actualmente más o menos los $ 1.700 millones de hueco que hay en caja. Pero incluso este monto se le hace muy difícil al Gobierno aportar y en el futuro será peor porque se estima que ese 40% que actualmente representa 1,7% del PIB (producto interno bruto) subirá hacia 8% o 10%, es decir que casi la totalidad del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado (IVA) iría a financiar ese hueco de las jubilaciones. Imposible”, sostiene Lucio-Paredes.

Es una realidad que requiere una reforma que incluya cambios en el financiamiento del Fondo de Pensiones.

Las previsiones no son alentadoras. El IESS estima que los afiliados aportarán $ 2.784 millones para cubrir las pensiones, según el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo para este año, pero cubrir las mensualidades y el resto de obligaciones y beneficios sumará $ 4.790 millones. (I)