Hace exactamente diez años, el 20 de octubre de 2011, la organización separatista vasca ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada”, tras más de 40 años de violencia en los que provocó más de 850 muertos. Una fecha clave en el País Vasco, que sigue intentando curar las heridas de este sangriento pasado.

“Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía”. Con estas palabras la organización, calificada como terrorista por la Unión Europea, anunció que renunciaba a la violencia.

“ETA con esta decisión histórica muestra su compromiso firme y definitivo” de “construir un escenario de paz y libertad”, señaló el comunicado, publicado por el diario vasco Gara y leído en cámara por tres militantes con capuchas blancas y puño en alto con el emblema de la banda, una serpiente enroscada en un hacha, de fondo.

La declaración, que puso fin a la última insurrección armada en Europa occidental, marcó un “cambio mayor” para el movimiento independentista, a juicio de Rafael Leonisio Calvo, investigador en ciencias políticas y autor de ETA, terror y terrorismo.

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Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad) reivindicó el recurso de la violencia, cometiendo numerosos atentados, asesinatos, desde el primero en 1968, y secuestros. Se le atribuyen más de 850 muertos en cuatro décadas.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (d), y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, han hecho pública el lunes en San Sebastián una declaración "solemne" con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Aiete y del fin de la violencia de ETA, en la que la izquierda abertzale ha mostrado su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que, ha afirmado, "nunca debió haberse producido". Foto: EFE

Por ello, su comunicado hace una década constituyó “una sorpresa, sobre todo porque fue una decisión unilateral, sin contrapartidas políticas”, señala Rafael Leonisio Calvo. “Pero en realidad, fue fruto de un largo proceso”, acota.

Semanas antes, habían tenido lugar negociaciones secretas con las autoridades, a través de intermediarios. El principio “había sido acordado con el Gobierno socialista de (José Luis Rodríguez) Zapatero”, contó uno de los jefes históricos de ETA, Josu Ternera, en una entrevista reciente con AFP.

Estas negociaciones desembocaron en una conferencia internacional de paz, el 17 de octubre de 2011, en el palacio de Aiete en San Sebastián, con participación del ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, en la que se pidió a ETA abandonar la lucha armada para “promover la reconciliación”.

En ese momento, la organización vasca se encontraba muy débil. Buena parte de sus líderes habían sido detenidos y sus depósitos de armas descubiertos por las autoridades.

“ETA se encontraba en un punto muerto, tanto en el plano militar como en el político”, estima Eguzki Urteaga, profesor de la Universidad del País Vasco, que destaca la gran presión social sobre la banda para “cambiar de estrategia”.

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Durante el franquismo, ETA se benefició del apoyo de una parte de la población opuesta al régimen. Pero después el rechazo a la lucha armada no dejó de aumentar, sobre todo a partir de 1995, cuando ETA decidió ampliar sus objetivos a miembros de la sociedad civil”, explica.

Un análisis compartido por Rafael Leonisio Calvo, para quien ETA se hallaba en un “callejón sin salida”.

El fin de la lucha armada, un año después de la última muerte atribuida a la organización (un policía francés abatido en 2010), parecía, por tanto, inevitable.

A partir de entonces, ETA llevó adelante un proceso de pacificación que la condujo a entregar sus armas el 8 de abril de 2017, pedir perdón a las víctimas en abril de 2018 y anunciar su disolución definitiva el 3 de mayo de 2018.

Pero a tres años de su desaparición, los resentimientos siguen vivos, lo cual se demostró en septiembre pasado, cuando una manifestación, finalmente desconvocada, para pedir la excarcelación del etarra Henri Parot, condenado por 39 asesinatos, provocó gran polémica y movilizaciones en contra.

“En estos diez años hemos avanzado (...), aunque todavía hay heridas que deben cicatrizar”, reconoció el domingo el presidente regional del País Vasco, el nacionalista moderado Iñigo Urkullu, quien exigió “una valoración clara y compartida sobre la injusticia de la violencia” de ETA.

Manifestación en 1997 en Madrid en protesta por el asesinato de Miguel Angel Blanco a manos de ETA. Foto: EFE

El lunes, los herederos del brazo político de ETA reconocieron sin ambigüedad “el dolor” causado a las víctimas por parte de la organización separatista vasca, algo que “nunca debió haberse producido”.

Un mensaje recibido con cautela este martes por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. “Este es un paso insuficiente”, juzgó la portavoz, Isabel Rodríguez, quien llamó a la izquierda separatista a “condenar” los homenajes a los exetarras cuando salen de prisión.

De las armas al uso de los votos en el Congreso

En tanto, la considerada rama política heredera del grupo, Bildu, ha ido ganando espacio en el Congreso, en parte porque sus votos pueden ayudar al Gobierno actual.

En ese contexto, declaraciones del líder de los separatistas vascos sobre votar a favor de los presupuestos a cambio de la excarcelación de exmilitantes de ETA encendieron la polémica en España justamente este miércoles.

“Tenemos a 200 (presos) dentro. Y esos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos (...) sin ningún problema”, declaró Arnaldo Otegi el lunes durante una reunión con sus compañeros de coalición, según un video difundido este miércoles por un medio vasco.

Sus declaraciones provocaron un acalorado debate en el Congreso de los Diputados este miércoles, con “dardos” apuntando al presidente Pedro Sánchez.

“¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos como (...) ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?”, lanzó el líder de la oposición de derecha, Pablo Casado, del Partido Popular (PP), al presidente del Gobierno, el socialista Sánchez.

“Es un no rotundo”, respondió Sánchez, que en el pasado se benefició del apoyo en el Parlamento de los cinco diputados separatistas vascos de Bildu, que votaron a favor de los presupuestos del Estado anteriores.

A la cabeza de un Gobierno de izquierdas minoritario, Sánchez debe ganarse el apoyo de numerosas pequeñas formaciones para aprobar los presupuestos, dando pie a regateos políticos.

“La ley se ha aplicado, se aplica y se aplicará en todo momento”, subrayó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un exjuez que instruyó numerosas causas relacionadas con ETA, descartando cualquier acuerdo de excarcelación. (I)