En noviembre de 2011, los entonces presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, mantuvieron una reunión para la historia.

Chavéz cantó, Santos logró abrir la puerta de un proceso de paz con la guerrilla que le daría el Nobel de la Paz y un empresario colombiano firmó un acuerdo de inversión social que sería el origen de uno de los presuntos esquemas de corrupción más sonados de los últimos tiempos en Venezuela.

Ese empresario se llama Alex Nain Saab Morán.

Y en junio de 2020 se convirtió de nuevo en noticia, después de que fue arrestado en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando de dirigía a Caracas desde Teherán.

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La razón de esa captura era que Saab estaba acusado entre otras cosas de lavado de dinero y era pedido por la justicia estadounidense.

Pero sobre todo, es señalado no solo por EE.UU., sino por otros países incluido Colombia, de ser uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

Y después de un año y medio de recursos legales tanto de su defensa como del gobierno de Venezuela -lo nombró miembro de su equipo diplomático- para evitar la extradición, este sábado las autoridades de Cabo Verde lo pusieron en un avión con destino a Estados Unidos, para que enfrente allí las acusaciones que tiene en su contra.

En el momento de su captura, la Cancillería de Venezuela condenó a través de un comunicado en Twitter el arresto que calificó de “arbitrario” e “irregular” y consideró que se suma “a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EE.UU.” contra ese país latinoamericano.

Y durante las conversaciones que se están llevando a cabo entre la oposición venezolana y el oficialismo chavista en México, con la intermediación del Gobierno de Noruega, el gobierno de Nicolás Maduro había puesto como una de las condiciones la presencia de Saab como uno de los miembros del equipo del oficialismo.

De hecho, al conocerse la noticia de su extradición hacia EE.UU., el gobierno de Venezuela decidió no continuar en la ronda de negociaciones.

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Jorge Rodríguez, alto funcionario del gobierno y jefe de la delegación chavista en la mesa de diálogo fue quien confirmó la retirada.

Rodríguez ha asegurado que la extradición de Saab significa “una agresión inaceptable que viola principios legales internacionales y que contradice el ánimo constructivo que debe privar en toda negociación política”.

GETTY IMAGES El gobierno venezolano inició una campaña para que Alex Saab sea liberado.

Pero, ¿quién este es empresario colombiano que para muchos es una ficha clave para conocer los niveles de corrupción que hay dentro del régimen chavista en Venezuela?

De Colombia a los Clap

Saab, de 49 años, era solicitado por la Interpol, acusado de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países.

De ser encontrado culpable, podría ser condenado en Estados Unidos hasta a 20 años de cárcel.

Y es que la investigación que llevó a su arresto en medio del océano Atlántico viene desde Estados Unidos, donde fiscales federales de Miami lo acusan de lavado de dinero en el proyecto que se firmó bajo la presencia de Chávez y Santos aquel 28 de noviembre.

Además, el gobierno estadounidense acusa a Saab de servir de testaferro de Maduro en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales.

Aquel 28 de noviembre fue una de las pocas veces que el mundo vio la cara de este barranquillero de origen libanés que suele ser descrito como un hombre de bajo perfil y que conoció a la dirigencia chavista gracias a su amistad con la política colombiana Piedad Córdoba, cercana a Chávez y pieza clave del proceso de paz en Colombia.

GETTY IMAGES El gobierno de EE.UU. acusa a Saab de negocios fraudulentos a través del programa CLAP, que entrega cajas de alimentos a familias necesitadas de Venezuela.

Presentado en la reunión bilateral como representante legal del Fondo Global de Construcciones, una empresa colombiana, Saab quedaría encargado de importar desde Ecuador y Colombia materiales prefabricados para la Gran Misión Vivienda, el proyecto chavista que dice haber construido 2,6 millones de casas para familias humildes.

En ese momento, el precio del petróleo seguía alto, Chávez empezaba una campaña presidencial que disparó el gasto público y Venezuela aún no sufría la crisis económica que desde 2013 redujo su economía a casi la mitad.

Las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

Según Armando.Info, un portal de investigación periodística venezolano, Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013.

Pero solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones, según los periodistas venezolanos que debieron exiliarse tras dicho reportaje.

Saab era uno de los empresarios beneficiados por el sistema de control de cambio conocido como Cadivi, que entregaba divisas a tasas preferenciales que luego podían revenderse en el mercado ilegal.

La defensa de Saab, entre la que se encuentra el polémico abogado colombiano Abelardo de la Espriella, cercano al uribismo, aseguró que no existe nexo entre el barranquillero y la filial ecuatoriana del Fondo Global de Construcciones que realizó los supuestos delitos.

“Mi cliente es un emprendedor del negocio de alimentos”, le dijo la abogada de Saab, María Domínguez, a la agencia Bloomberg recientemente.

…a “testaferro” de Maduro

En efecto, otro de los contratos que firmó Saab con el gobierno venezolano, ya con Nicolás Maduro como presidente, tenía como fin abastecer al pueblo venezolano.

Para ese entonces, 2016, la escasez de alimentos básicos se hizo común en los supermercados venezolanos, una consecuencia, según Maduro, de una guerra económica fraguada desde Estados Unidos y Colombia para derrocar al socialismo.

REUTERS Alex Saab es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

La estrategia del gobierno para enfrentar dicha “guerra” fue centralizar la importación y distribución de alimentos básicos bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Cada venezolano registrado en este esquema parcialmente organizado por las Fuerzas Armadas recibiría una caja con arroz, pollo y aceite, entre otras cosas, importados por contratistas del gobierno. Saab era uno de esos contratistas.

En mayo de 2018, investigaciones periodísticas revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

En julio de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab y Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta US$350 millones que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

De acuerdo a la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, exaliada de Chávez y hoy crítica del oficialismo venezolano, el colombiano operaba como testaferro de una empresa de Maduro en dichos negocios.

Según las autoridades estadounidenses, Saab usó una red de compañías fantasma en países como Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong para ocultar las ganancias ilícitas de esos contratos para importación de alimentos.

Cuando las investigaciones sobre esas empresas avanzaron, en medio de la ola de sanciones financieras de EE.UU. a funcionarios venezolanos, Saab trasladó sus empresas a Turquía, según Armando.Info.

En ese momento Maduro estaba por firmar acuerdos con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de intercambio de alimentos por exploración y explotación minera en el sur de Venezuela, nido de unas de las reservas de oro más grande del mundo.

Y detrás de esos negocios, según las autoridades estadounidenses, también está el nombre de Alex Nain Saab Morán.

Sobre todos estos temas, Saab deberá, desde este fin de semana, explicarle a las autoridades estadounidenses.