Cada 9 de diciembre la ONU recuerda el Día Internacional contra la Corrupción, para “destacar los derechos y responsabilidades de todos —incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes— en la lucha contra la corrupción”.

Para Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, fundación que representa a Transparencia Internacional en Ecuador, no es correcto cuantificar en números las pérdidas causadas por la corrupción e impunidad, pese que sí se hace.

“Lo importante es el hecho de que la ciudadanía debe comprender que cada dólar que se pierde por corrupción es un dólar que deja de utilizarse para servicios en beneficio de la ciudadanía como obras públicas o como a propósito de la coyuntura actual, medicinas para regular y satisfacer los problemas de salud pública”, afirma Alarcón, quien agrega que en general la región tienen problemas en el tema.

Una muestra de esto es que Transparencia por Colombia indicó que por actos de corrupción se habían perdido 92,7 billones de pesos (alrededor de 23,8 miles de millones de dólares) en los últimos cinco años en ese país. Lo que pagaría 24,2 veces las vacunas que compró contra el coronavirus entre abril de 2020 y octubre de 2021, según cálculos de El Espectador.

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De acuerdo con datos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se calcula que la corrupción le cuesta a la región 220.000 millones de dólares anuales. Un valor considerable, ya que indica que es equivalente al PIB de Perú o a las reservas internacionales de Alemania.

Además de que, según la CAF, la corrupción le costaría al mundo 2,6 billones de dólares al año. Más o menos el 5 % del PIB mundial. Lo que serviría para dar un ingreso básico de emergencia a los que viven en pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Esto, sin olvidar que se paga alrededor de un billón anualmente en sobornos, según el Banco Mundial.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aproximadamente del 10 % al 25 % de todos los fondos gastados a nivel mundial en adquisiciones se pierden debido a la corrupción.

Algo más que importante en un tiempo de crisis en el que se necesitan recursos para gestionar y sobreponerse a lo provocado por la pandemia de coronavirus, que afecta al mundo desde el primer trimestre de 2020 y que expuso más la corrupción. Esto también ha provocado que se busque más transparencia en los procesos de compra pública por los problemas que se han venido presentando, pues hubo personas que se aprovecharon de la emergencia, inclusive en Ecuador, que en septiembre pasado reconoció que la corrupción le había costado 70.000 millones de dólares durante los últimos catorce años.

En la región, Uruguay, Chile y Costa Rica tienen las mejores puntuaciones del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Ecuador se sitúa en el puesto 92 de los 180 países. Además en el tema de impunidad por delitos denunciados Ecuador también está mal ubicado, en el puesto 15.

Los tres países que mejores resultados tienen se diferencian en que hay reglas (leyes) claras que se aplican en las instituciones, hay un mayor respeto y garantía al Estado de derecho, donde las decisiones del poder público dependen de leyes y no de personas, y la justicia persigue y sanciona los delitos de corrupción.

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“Adicionalmente creo que estos tres países tienen niveles más bajos de permisividad o justificación de la corrupción por parte de la ciudadanía”, expresa Alarcón.

En 2018 varios países de la región firmaron el llamado Compromiso de Lima, en la VIII Cumbre de las Américas, que tiene como objetivo establecer políticas para la prevención y el combate a la corrupción con acciones concretas en temas como fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos, así como el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción. Pero aún hace falta trabajar más en estos puntos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y el Banco Mundial recuerdan que la corrupción es uno de los principales elementos que provocan el deterioro de la confianza entre los Gobiernos y la ciudadanía, y ocasiona un desarrollo deficiente de la infraestructura y una prestación de servicios insuficiente a los contribuyentes.

Control Risks y Americas Society / Council of the Americas (Ascoa) presentó este 2021 su Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, en el que se dice que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios que nunca en la región, debido a que por la pandemia los Gobiernos tienen una presión financiera cada vez mayor, mientras la calidad de las instituciones judiciales afecta de gran manera la confianza de las empresas en momentos en que la inversión extranjera pasa por los niveles más bajos de los últimos años.

De acuerdo con este índice, Uruguay, Chile y Costa Rica son los países que mejores resultados tienen en la lucha contra la corrupción. Ecuador está a mitad de tabla. Mientras que las dos principales economías de la región, Brasil y México, tuvieron un descenso significativo en esta materia, tomando en cuenta factores como la capacidad legal, democracia e instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación.

De acuerdo con la organización chilena Latinobarómetro, entre 2016 y 2020 la percepción de aumento de la corrupción disminuyó en la región del 62 % al 57 %.

Entrevista desde la academia

Ante el gran desafío que representa la corrupción en América Latina, diferentes académicos han hablado de las dificultades para combatir este problema. Uno de ellos es Jaime Costales Peñaherrera, psicólogo de la política y profesor de Psicología Social en la Universidad San Francisco de Quito.

¿Por qué es tan difícil establecer medidas efectivas contra la corrupción en los países de la región?

Porque es un negocio monumental. Está presente en todo tipo de sistemas políticos, muy especialmente en los populismos autoritarios, que convierten a sus sociedades en sistemas prodelincuenciales y establecen instituciones y equipos de funcionarios que favorecen el robo de recursos públicos y la impunidad. Los socialismos Siglo XXI son el caso más actual y descomunal de robo de los dineros públicos. Sus regímenes no han sido –y no son– gobiernos, sino mafias de alto vuelo ancladas al poder. Los casos de Venezuela, Nicaragua, Argentina y Ecuador lo demuestran.

¿Qué tan o más importante se vuelve la lucha contra la corrupción en un escenario en el que los países buscan opciones para responder y recuperarse de la crisis provocada o intensificada por la pandemia?

Esa lucha es crucial, y tiene que recuperar los dineros robados a la sociedad. Lasso afirma que en el correísmo –y morenismo– se robaron 70.000 millones de dólares, cifra espeluznante que permitiría atender holgadamente las necesidades graves de la población, fortalecer un eficiente y masivo sistema de salud, consolidar al IESS, crear emprendimientos nuevos para reducir el desempleo y la pobreza, etc. Urge acelerar los juicios y sentencias en firme contra los grandes delincuentes de cuello blanco y sobre todo recuperar lo robado. Tenemos que oponernos valiente y frontalmente a la corrupción e incrementar una masiva reacción ciudadana que la repudie. Es tiempo de la rebelión de los honrados, no violenta pero frontal.

¿Hay diferencias en las consecuencias entre la corrupción que se da en el sector público y en el privado o son dos caras de un mismo problema?

Son dos caras del mismo asunto delincuencial, son aspectos interdependientes de un enorme crimen contra toda la sociedad. Pero usualmente los Gobiernos manejan cifras presupuestarias enormes, con lo cual el robo de dineros públicos es más grave por parte de funcionarios del Estado. Con mucha razón se podría decir: ¡nunca antes se ha robado tanto a tantos! Las consecuencias más graves son Estados y funcionarios públicos prodelincuenciales, y acostumbramiento ciudadano a creer que no se puede hacer nada, es decir, un conformismo autodestructivo. (I)