Convención Constitucional de Chile empieza a debatir contenidos para la nueva carta magna

Después de tres meses y medio de haberse instalado, la Convención Constitucional de Chile empieza este lunes a debatir los posibles contenidos de la nueva carta magna que tienen como misión redactar los 155 constituyentes bajo los reglamentos de funcionamiento y ética aprobados a inicios de este mes.

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En el reglamento general se estableció que la convención estará conformada por siete comisiones técnicas, que, según lo establecido, deben respetar los principios de paridad, plurinacionalidad y equidad territorial, para lo cual se establece un número fijo de escaños reservados en cada una.

Se trata de la Comisión sobre el Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral; la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía; la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.

Figuran también la Comisión sobre Derechos Fundamentales; la Comisión sobre el Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico; la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional; y, por último, la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

Eugenio Tironi, sociólogo chileno, dice que “el reglamento es muy complejo”, pero que, “en general, reunió un amplio acuerdo”, y que está seguro de que se lo va a cumplir y respetar por todas las partes.

“Es un reglamento bastante completo y que augura un buen funcionamiento de la Convención ahora que tienen que entrar a los temas sustantivos”, agrega.

El exvocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Agustín Salazar, comparte que el reglamento es bastante positivo, aunque lamenta que no se haya podido derribar “una de las trabas que pusieron los partidos del viejo orden en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, como la regla de los dos tercios”.

El reglamento establece que, una vez finalizado el debate de las propuestas presentadas por las respectivas comisiones y su deliberación en el pleno, la norma constitucional será sometida a votación y se aprobará bajo la “regla de los dos tercios”, es decir, el voto a favor de dos tercios de los 155 constituyentes, un mínimo de 103 votos.

El órgano rechazó así el cuórum de dos quintos propuesto por la mayoría de constituyentes indígenas, los del Partido Comunista (PC) y los de los movimientos sociales.

Salazar agrega además que considera muy positiva “la inciativa popular constituyente, que es una herramienta que permite que organizaciones sociales y movimientos sociales puedan, mediante 15.000 firmas, elevar una petición que debe ser discutida en la Convención, ya sea una demanda social o algo que se quiera pedir desde los movimientos sociales”.

“Desde los movimientos sociales esperamos podernos articular para poder incidir en este proceso constituyente y así poder elevar las demandas que han sido estos derechos sociales que se nos han negado desde la dictadura (de Agusto Pinochet) y su Constitución”, apunta.

Por su parte, Tironi manifiesta que confía en que la nueva carta magna abarque todo lo que la sociedad chilena espera, y menciona que, en caso de que haya un bloqueo sobre algún tema, está la posibilidad de un plebiscito dirimente, en el que participarán los mayores de 16 años y que sería una sola vez para cuestiones que hayan sido rechazadas dos veces y que tengan el respaldo de tres quintos.

Tironi menciona que por ahora se espera un periodo más frío de trabajo de la Convención y que puede verse eclipsado por las elecciones generales del 21 noviembre. El órgano someterá el texto final a un plebiscito de salida que se espera se realice en 2022.

“Viene un trabajo de comisiones, y el debate más público, más abierto a través del plenario va a reiniciarse recién en marzo o abril próximo. Hoy en Chile la atención está puesta en la elección presidencial y parlamentaria hasta mediados de diciembre”, relata.

El sociólogo considera que la elección de noviembre “va a permitir medir un poco cuál es la temperatura y cuáles son las inclinaciones políticas actuales de la ciudadanía, y esos son factores respecto a los cuales la convención ha de ser sensible y no puede ser totalmente indiferente”.

En tanto, sobre la imagen de la Convención y si aún tiene credibilidad entre los chilenos, tanto Tironi como Salarzar coinciden en que el grado de respaldo y de confianza a la Convención ha dismuido, pero sigue siendo bastante alto, sobre todo si se lo compara con el que tienen otras instituciones públicas del país.

“La credibilidad que tiene la Convención es incluso mayor que la de la misma Presidencia, y se puede ver que ha existido una campaña de ciertos sectores ligados al mundo empresarial que tratan constantemente de desprestigiar y ensuciar el nombre de la Convención, porque están viendo que sus privilegios están siendo amenazados”, subraya Salazar.

La polémica generada en torno al constituyente Rodrigo Rojas, uno de los vicepresidentes del órgano, quien confesó que fingió tener cáncer durante su campaña para resultar electo, y desde el estallido de las protestas del 18 octubre de 2019, debilitó la confianza en la Convención.

Para este tipo de situaciones, los 155 constituyentes aprobaron el reglamento de ética para así regular la convivencia entre sus integrantes y todos quienes trabajan allí.

“Este reglamento castiga todo tipo de conductas en las que se infrinjan normas de probidad y transparencia o se incurra en discursos de odio, violencia de género o actos de discriminación”, anunció la presidenta mapuche, Elisa Loncon.

Sobre las sanciones para incumplimientos, la norma establece dos tipos: la amonestación y la censura, que irán acompañadas de multas que van desde el 5 % hasta el 30 % de la dieta mensual de cada constituyente, es decir, cerca de 2′500.000 pesos, lo que equivale a más de $ 3.000.

Podrá ser considerada una infracción el proferir cualquier discurso de odio, actitudes de negacionismo, ejercer cualquier acto de violencia de género, incumplir los protocolos sanitarios, presentar denuncias sin fundamentos, no registrar las audiencias de lobby en la plataforma respectiva, usar indebidamente los recursos y las asignaciones y desinformar a través de un hecho que se presenta como real sabiendo que es falso.

La instalación de la Convención ha calmado en gran parte el estallido social que vivió Chile, pero Salazar dice que la llegada de la pandemia de COVID-19 provocó también que las fuerzas que estaban movilizadas en las calles bajaran considerablemente. Sin embargo, reconoce que aún la sociedad chilena aún no está en calma.

“Siguen existiendo muchos problemas de recursos con la pandemia y con la crisis que tenemos actualmente; además, también se ha agudizado mucho el conflicto que existe en el Wallmapu, en la araucanía, donde actualmente el Estado chileno ha militarizado totalmente la zona, y lo que tememos es que pudiera generarse una nueva mal llamada ‘pacificación de la araucanía’, que consiste básicamente en declarar una guerra abierta a los movimientos y comunidades mapuches en resistencia”, refiere.

Salazar añade que en Chile, producto del estallido de hace dos años, “todavía hay presos políticos y presos políticos mapuches”, y hace un llamado internacional a que organismos de derechos humanos puedan ir para ver que está ocurriendo.

El viernes, al menos mil personas se manifestaron en el centro de Santiago. La marcha fue convocada a través de redes sociales y se concentró en la plaza Italia de la capital, epicentro de las protestas de 2019. Los asistentes proclamaban consignas por la libertad de las presos políticos y también pidieron la renuncia del presidente, Sebastián Piñera. (I)