El presidente peruano, Pedro Castillo, y su familia saliendo con maletas en las primeras horas de la tarde de este 7 de diciembre del palacio presidencial, en Lima, tras disolver el Congreso, es una muestra de la crisis política que enfrenta la vecina nación del sur.

La salida de la familia presidencial se dio mientras el Congreso votaba por la moción de vacancia (destitución) de Castillo, lo que finalmente ocurrió con 101 votos a favor (bastaban 87).

Un grupo de peruanos lo esperaba en las afueras de la embajada de México en Lima, lugar donde se asilaría. “Queremos evitar que se vaya del Perú”, dijo uno de los que se congregaban afuera de esta sede diplomática a la cadena Panamericana.

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Castillo finalmente fue retenido antes de que llegara a la sede diplomática. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, lo denunció ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La situación es compleja en torno a la pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El abogado penalista y experto constitucional peruano Carlos Caro afirma que ya podía ser detenido, ya que fue vacado por el Congreso y ya no es presidente. “La decisión del Congreso está tomada y rige de manera inmediata”.

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Castillo había enfrentado dos intentos anteriores de destituirlo del cargo por presunta incapacidad moral en sus 15 meses en el poder.

Horas previas al tercer intento, Castillo anunció su decisión de cerrar el Congreso de la República y crear un “Gobierno de excepción”. Esta medida es cuestionada por analistas, ya que sería un acto inconstitucional; incluso la disolución es catalogada como un golpe de Estado.

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El art. 134 de la carta magna peruana indica que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso solo si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, lo que no ha ocurrido.

Un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía peruana da cuenta de que la disolución del Congreso anunciada por Castillo sería inconstitucional. Incluso advierte que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”.

Caro indica que la disolución del Congreso por parte de Castillo “es ilegal e inconstitucional, al igual que pretender utilizar a las Fuerzas Armadas para instrumentalizar este golpe de Estado”.

En consecuencia, agrega, “como es en delito flagrante, corresponde la detención inmediata de la persona, que en este momento ya no tiene ninguna protección, porque ha dejado de ser presidente de la República, para que sea puesto a disposición tanto de la Fiscalía de la Nación como del juez de investigación preparatoria”.

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El delito flagrante, acota, puede tener como punto de partida la usurpación de funciones, el cierre del Congreso y el intento de reformar e intervenir el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. “Lo que hay es delitos flagrantes contra el orden constitucional, tipificados tanto a nivel constitucional como en el Código Penal. Entonces, corresponde la detención, que está prevista en la Constitución; y el Código Procesal Penal regula que la Policía, sin necesidad de orden judicial o de otra autoridad, puede efectuar la detención de la persona que ha cometido delito”.

El manto de protección que cubría a Castillo cayó, dice, porque ha sido destituido; por lo tanto, ya no goza de inmunidad. “Ahora va a ser juzgado como cualquier ciudadano, aunque manteniendo el fuero de corte de la Fiscalía de la Nación y Corte Suprema”.

Castillo es un maestro rural que llegó al poder bajo la ideología de izquierda. Asumió el poder el 28 de julio del 2021.

En su discurso de posesión se vio desafiante ante las élites que según el habían gobernado Perú. “Este Gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. (...) Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados”, afirmó.

Previamente, en uno de los debates presidenciales, reflejó su condición humilde. “Yo sí sé lo que es barrer una escuela”, aseveró y seguidamente resaltó su condición de maestro rural de 51 años, sindicalista y defensor de las clases más pobres.

La vicepresidenta, Dina Boluarte, rechazó la decisión de Pedro Castillo de “quebrar el orden constitucional” con el cierre del Congreso, y ha sido invocada para que asuma el cargo esta misma tarde.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, condenó la disolución del Congreso. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado ineficaz”, aseveró el titular del máximo tribunal. (I)