El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, a quien Estados Unidos prohibió este martes el ingreso a su territorio, planea retirar a su país de la OEA, luego de que la Asamblea General del organismo desconoció la elección en donde obtuvo un cuarto mandato consecutivo, con sus rivales presos.

“La represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe”, dijo el martes en Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció que tanto Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sus ministros y varios otros funcionarios no pueden ingresar a territorio estadounidense.

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Estas prohibiciones se suman a una serie de sanciones aplicadas por Washington contra funcionarios y familiares de los Ortega Murillo en los últimos meses.

Poco antes de ese anuncio, el Parlamento nicaragüense, controlado por la gobernante exguerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), instó a Ortega, “en su condición de jefe de Estado (...) a que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados. Denunciar la Carta implica retirarse del organismo.

La declaración se adoptó “ante las reiteradas acciones injerencistas de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua”, dijo el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, quien pidió al Ejecutivo gestionar el retiro del organismo a través de los mecanismos establecidos.

El gobernante FSLN controla los poderes e instituciones del Estado.

Salida de la OEA

El artículo 143 de la Carta de la OEA permite a un Estado miembro renunciar mediante una notificación, en un proceso que dura dos años.

Aunque la salida de Nicaragua del sistema interamericano aún debe ser aprobada por el presidente y notificada a la OEA, la vicepresidenta y primera dama ya celebró el pedido.

“Estamos contentos”, dijo Murillo. El pedido del Congreso “ratifica nuestra exigencia de respeto a las decisiones soberanas y dignas de nuestro pueblo y el principio de no injerencia en nuestros asuntos propios”, agregó.

Un proceso similar inició Venezuela en 2017, luego de que la OEA lo amenazó con una suspensión por ruptura del orden constitucional. Su salida se concretó en 2019, en medio de celebraciones en Caracas.

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Ortega, un exguerrillero de 76 años y en el poder desde 2007, fue reelegido el 7 de noviembre para un cuarto mandato consecutivo, en un proceso duramente cuestionado por la comunidad internacional, pues siete de sus posibles rivales fueron detenidos meses antes de los comicios.

Ellos forman parte de unos 40 opositores aprehendidos durante 2021, bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados por la Fiscalía a pedido del gobierno, que los acusa de conspirar para derrocar a Ortega con el apoyo de Washington.

Otros miles están exiliados desde 2018, luego de manifestaciones contra el gobierno, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tres partidos opositores fueron además ilegalizados.

Elecciones ‘no justas’

El pasado viernes, la Asamblea General de la OEA declaró que las elecciones nicaragüenses “no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

La resolución, aprobada por 25 de sus 34 miembros, pide al Consejo Permanente del organismo que realice una “evaluación colectiva inmediata” a más tardar el próximo 30 de noviembre, para tomar “acciones apropiadas”.

Entre los instrumentos que la OEA podría adoptar contra Nicaragua figura la posibilidad de insistir con las gestiones diplomáticas ante la administración de Ortega o suspender al país del organismo.

Según los legisladores nicaragüenses, afirmar que las elecciones “carecen de legitimidad democrática obedecen a intereses de traidores de la patria (opositores) y personeros de la Casa Blanca de los Estados Unidos”.

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Para el diputado del partido indígena Brooklin Rivera, quien se abstuvo de votar, salirse de la OEA “no creo que sea el sentir de la mayoría de los nicaragüenses, más bien es del partido oficial y del gobierno. Si hay que llegar a ese extremo, habría que hacer una consulta popular”.

Para el exdiplomático Édgar Parrales, una salida de Nicaragua de la OEA implicará un mayor aislamiento y pobreza.

Nicaragua quedaría “aislada, ya no va a haber préstamos, cooperación, donaciones de la comunidad financiera internacional”, además de “más éxodo de nicaragüenses”, dijo a la AFP.

Previo a las elecciones, la OEA y varios países entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea (UE) exigieron a Nicaragua liberar a los opositores presos y crear condiciones para que las elecciones fueran transparente, bajo amenaza de imponer más sanciones.

Ortega dijo el pasado 8 de noviembre que las sanciones son una agresión” y una “herramienta para estar hostigando” a su país. (I)