Dos meses después de que Haití solicitase una fuerza armada internacional para ayudarle a librarse de las bandas que controlan partes de su capital, el proyecto permanece varado a la espera de que algún país acepte encabezar la operación.

“No hemos visto movimiento en esta fuerza de acción rápida”, admite una alta funcionaria de Naciones Unidas que pidió no ser identificada y que insiste en que esa intervención sigue siendo necesaria y urgente.

“Veremos cómo se desarrolla esto, pero Haití no puede hacerlo por sí solo, no puede restaurar su propia seguridad en solitario”, añade.

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Hasta ahora, Estados Unidos y Canadá han encabezado las conversaciones para poner en marcha esta fuerza internacional, pero ninguno de los dos quiere liderarla, apuntan varias fuentes diplomáticas.

Según el experto Thomas Weiss, profesor del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), esos dos países tienen especial interés en estabilizar la situación en Haití para evitar una salida masiva de refugiados rumbo a sus territorios, pero el envío de militares sería una operación políticamente complicada, sobre todo para Washington.

Tras la retirada de Afganistán, la Administración de Joe Biden es reacia a involucrar al Ejército en nuevas operaciones en el exterior, señala a EFE Weiss, que considera muy sorprendente que la Casa Blanca no apalabrase con otros Gobiernos la composición de esta fuerza internacional antes de hablar públicamente del asunto.

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Tanto Washington como Ottawa están mantenido contactos con otros países y entre los interesados en contribuir hay varios Estados africanos, pero por ahora nadie dispuesto a encabezar una operación que se prevé limitada en tamaño y tiempo, pero muy complicada.

Bandas tiene dividido el territorio

Más del 60 % de la región de Puerto Príncipe es rehén de bandas armadas que matan, secuestran, roban y violan impunemente, mientras las autoridades estatales se muestran totalmente impotentes ante unos grupos muy poderosos y bien armados.

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“Esto requerirá una intervención militar seria y trabajo policial a gran escala”, recalca Weiss.

Además, hay dudas sobre cómo serían recibidas las tropas internacionales en Haití, un país que ha sido víctima de varias intervenciones extranjeras y a donde los “cascos azules” de la ONU desplegados entre 2004 y 2017 propagaron el cólera y desencadenaron una epidemia que mató a unas 10.000 personas.

“Hay preocupaciones reales sobre cómo la población va a aceptar esta fuerza. No me refiero a las pandillas, sino a la población en general, que ha visto fuerzas extranjeras en el pasado. Estamos encontrando opiniones mixtas”, señala la funcionaria de Naciones Unidas.

No más “Cascos azules”

El plan propuesto por la ONU es el envío de una “fuerza de acción rápida” compuesta por militares de uno o varios países para ayudar al Gobierno a recuperar el control de Puerto Príncipe en colaboración con la Policía Nacional.

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, trasladó esa idea al Consejo de Seguridad el pasado 9 de octubre, apenas un par de días después de recibir la solicitud oficial de ayuda por parte de Haití y descartó de entrada el establecimiento de una nueva misión de paz bajo el paraguas de la organización.

Pese a la falta de avances, por ahora no se contempla esa posibilidad, que seguiría requiriendo a un país dispuesto a encabezar el operativo y que, además, plantea otras complicaciones adicionales.

Según fuentes diplomáticas, en general los países del Consejo de Seguridad están de acuerdo en que la mejor opción es que la fuerza esté constituida por uno o varios países y que este órgano se limite a darle respaldo oficial.

Mientras tanto, miles de haitianos se encuentran en territorio mexicano con la esperanza de emigrar hacia Estados Unidos.

Migrantes de origen haitiano se dedican al comercio el 21 de noviembre de 2022, en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco Foto: Juan Manuel Blanco

Sanciones

Canadá anunció el lunes nuevas sanciones contra tres miembros de la élite de Haití, señalados de brindar “apoyo financiero y operativo ilícito a bandas armadas”.

Las medidas apuntan contra el único multimillonario del país, Gilbert Bigio, así como a dos empresarios, Reynold Deeb y Sherif Abdallah.

“Canadá tiene motivos para creer que estos individuos están utilizando su estatus como miembros altamente visibles de la élite económica en Haití para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas, incluido a través del lavado de dinero y otros actos de corrupción”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly.

“Estas personas deben dejar de proporcionar fondos y armas a las bandas criminales en Haití”, agregó en un comunicado.

Ottawa ya impuso sanciones contra la élite política haitiana, en particular contra el expresidente Michel Martelly y dos ex primeros ministros por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las sanciones impuestas por varios países a líderes de las pandillas están comenzando a surtir efecto, parece haber rebajado el sentimiento de urgencia entre la comunidad internacional, pero la situación de Haití sigue siendo dramática.

“La violencia a la que la gente de la capital se enfrenta de manera diaria es algo prácticamente imposible. No puede continuar”, avisó este jueves Ulrika Richardson, la coordinadora humanitaria de la ONU en Haití.

Según Richardson, la violencia por parte de las pandillas -envueltas en una guerra territorial y que usan continuamente la violación como arma- puede dejar heridas muy duraderas en el país, pues está “dividiendo a la población” y “rompiendo el tejido social”. (I)