Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Americas de Human Rights Watch (HRW), afirmó este viernes en su cuenta de Twitter que la organización ha documentado más de 100 casos de “detenciones arbitrarias” y “varias muertes” bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo.

“El Salvador: seguimos recibiendo reportes de violaciones de DDHH en el régimen de excepción”, publicó Pappier en la referida red social.

“Ya documentamos en detalle una muestra de más de 100 casos de detenciones arbitrarias y varias muertes” y que “los agentes que cometen abusos deben saber que serán judicializados en el futuro”, agregó.

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Reportes de la prensa local indican que bajo el régimen de excepción, que ya extendió en dos ocasiones la Asamblea Legislativa, han muerto unas 40 personas detenidas y en custodia de las autoridades.

“En algunos casos, las familias aseguran que los reos murieron a consecuencias de torturas debido a que, al revisar los cadáveres, han encontrado huesos fracturados, laceraciones en la piel, moretones y heridas profundas en la cabeza”, reportó este viernes El Diario de Hoy en su portal elsalvador.com.

A inicios de mayo, HRW registraba al menos 40 casos de abusos cometidos en el país centroamericano durante el régimen de excepción, decretado a finales de marzo para controlar una escala de violencia atribuida a las pandillas y bajo el cual se ha detenido a más de 37.000 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con estas bandas.

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En ese primer informe, elaborado en conjunto con la organización humanitaria salvadoreña Cristosal, se señala que en 20 casos las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.

En 5 casos, los testigos indicaron que policías o soldados habían golpeado a las personas mientras estaban siendo detenidas, señalaron.

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Las organizaciones apuntaron que en la mayoría de los casos los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos.

Según el presidente Nayib Bukele, su Gobierno está “cerca” de ganar la “guerra contra las pandillas” con este régimen, que suspende derechos constitucionales, como la defensa en procesos penales.

Una investigación de El Faro señala que la ola de asesinatos que dio pie este régimen se desencadenó tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo de Bukele y la Mara Salvatrucha (MS13). El mandatario no ha respondido esta acusación.

Son cerca de 3.000 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos las que han recibido organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional (AI).

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