Jurado electoral de Perú retoma labores en medio de supuestas maniobras para favorecer a Keiko Fujimori

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú retomó sus labores para determinar al ganador de las elecciones, que tras un fallo de la justicia no serán repetidas; aunque está envuelto en polémica tras descubrirse maniobras desde prisión de Vladimiro Montesinos para comprar magistrados y favorecer así a la candidata Keiko Fujimori, hija de su exjefe.

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El magistrado Víctor Raúl Rodríguez se incorporó este sábado al jurado, con lo que acabó la paralización causada por la deserción de otro miembro hace tres días, que impedía avanzar en el lento proceso para dirimir impugnaciones de votos y proclamar al nuevo presidente.

Rodríguez prestó el juramento ante un crucifijo y una Biblia, mientras Perú sigue sin conocer quién será su nuevo presidente tras el balotaje del 6 de junio, cuyo escrutinio final da una ventaja de 44.000 votos al izquierdista Pedro Castillo sobre su rival derechista.

“La justicia electoral no puede quedar paralizada ni bloqueada”, dijo tras tomar juramento a Rodríguez el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, quien ha estado bajo asedio del fujimorismo, incluso con manifestaciones afuera de su hogar.

El JNE recuperó el cuórum para sesionar, sin plazo para proclamar al nuevo presidente, mientras Piero Corvetto, el jefe del órgano electoral (ONPE), que organizó la votación y el escrutinio, denunció que sufrió una “agresión física” este sábado dentro del club de yates de Lima.

Intromisión de Montesinos

El JNE está en el ojo del huracán tras la divulgación el jueves de audios de Vladimiro Montesinos, el exjefe de inteligencia de Alberto Fujimori, dando instrucciones por teléfono desde la cárcel de la Base Naval del Callao para comprar a tres magistrados del Jurado.

La Fiscalía abrió una investigación, lo mismo que la Marina, pues Montesinos, quien cumple una condena de 25 años, hizo sus llamadas a un militar retirado fujimorista desde un teléfono fijo del penal de la Base, aunque solo tenía permiso para llamar a su pareja.

Cuatro oficiales navales del penal, incluido su jefe, fueron relevados este sábado “mientras se realicen las investigaciones conforme a la ley”, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Además, se solicitará a la compañía de telecomunicaciones “la lista completa de llamadas desde el teléfono fijo”, añadió.

En la primera de 17 llamadas, Montesinos le pide al comandante retirado Pedro Rejas que hable con el abogado Guillermo Sendón para que este contacte a tres de los cuatro miembros del JNE para sobornarlos e impedir que eventualmente proclamen a Castillo como ganador.

“Esa vaina te cuesta tres palos [tres millones de dólares]. Un palo para cada uno” de los magistrados, le dice Sendón a Rejas. El titular del JNE no sería contactado, según los audios.

Las primeras llamadas se hicieron el 10 de junio, pero el 23 Montesinos volvió a llamar a Rejas para que insistiera.

“Es la única forma, no hay otra ya”, le dice Rejas a Montesinos en los audios, divulgados el mismo día que se cumplían 20 años de su detención en Venezuela.

“No hay otra, ya no hay otra, porque ha pasado mucho tiempo [...], pero hazle tú entender, al papá o a la chica [Alberto o Keiko], no sé con quien hables, que [...] estamos tratando de ayudar en un objetivo común”, le indica Montesinos, de 76 años.

“¿Yo qué gano en esto? Nada [...]. Simplemente estoy tratando de ayudar porque, si no, se joden: la chica terminará presa”, agrega.

Keiko enfrenta un juicio

De perder la Presidencia, Fujimori deberá ir a juicio por lavado de dinero por el escándalo de aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. La candidata, que niega los cargos, arriesga una condena de 30 años.

Fujimori buscó minimizar este sábado el impacto de estas grabaciones. “Hemos escuchado con indignación esos audios [...], escuchando la voz de un hombre [Montesinos] que traicionó a todos los peruanos. Yo rechazo este tipo de insinuaciones, donde se nota además que esto está armado de una forma burda”, afirmó en un mitin.

A la misma hora, miles de seguidores de Castillo marcharon en Lima para exigir que el JNE proclame cuanto antes a su candidato como presidente electo.

En tanto, el sábado la justicia peruana rechazó una demanda para repetir las recientes elecciones presidenciales.

La demanda de amparo había sido presentada por el exjuez Javier Villa Stein ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, cuya magistrada Elizabeth Salas determinó que no existen evidencias de fraude para que las autoridades electorales anulen los comicios como contempla la normativa, recoge EFE.

La resolución judicial rechazó en todos los extremos el amparo solicitado por Villa Stein, expresidente del Poder Judicial de Perú (2007-2009), conocido a nivel nacional por expresar públicamente posturas conservadoras, en ocasiones coincidentes con el fujimorismo.

Sin proclamación de resultados electorales

Casi tres semanas después de la votación celebrada el domingo 6 de junio, las autoridades electorales no han podido proclamar todavía como presidente electo a Castillo debido a los numerosos recursos interpuestos por Fujimori para anular miles de votos en zonas andinas y rurales donde su rival tuvo un apoyo abrumador.

Con el escrutinio concluido, Castillo ganó las elecciones a Fujimori al obtener el 50,12 % de los votos válidos, en un estrecho margen de apenas 44.000 votos.

Al día de la siguiente de la votación, cuando veía que su derrota era casi irreversible, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) presentó una batería de recursos para anular unos 200.000 votos por considerarlos fraudulentos, la mayoría por supuestas firmas falsas en las actas electorales.

Todos los recursos han sido rechazados en primera instancia por falta de pruebas o por haber sido presentados fuera de plazo, y ahora están pendientes de ser revisados en segunda y última instancia por el JNE, que ya confirmó las resoluciones de los diez primeros de ellos.

El fraude ha sido descartado por las misiones de observación electoral que supervisan el proceso, entre ellas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), así como por organismos nacionales, como la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo. (I)