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Justicia de Perú condena a dos años de cárcel a periodista tras demanda de excandidato presidencial por publicación de libro

El periodista de investigación Christopher Acosta también deberá pagar una multa de unos $ 100.000. La SIP lamentó la “grave sentencia”.

“Estoy apelando tanto la condena penal como el requerimiento de reparación civil”, sostuvo Christopher Acosta a la prensa peruana.

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Un tribunal peruano sentenció este lunes a dos años de “prisión suspendida” a un periodista por el delito de difamación agravada contra el excandidato presidencial y empresario César Acuña, por el libro “Plata como cancha”.

El juez Raúl Vega, del 30 Juzgado Penal, decidió en audiencia sentenciar al periodista de investigación Christopher Acosta a dos años de pena privativa suspendida, que consiste en que el condenado deberá cumplir con ciertas reglas de conducta sin ir a prisión.

También deberá pagar una multa de unos 100.000 dólares a raíz de la denuncia por la publicación del libro, presentada a inicios del 2021 por el líder del partido de Alianza para el Progreso.

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La condena, que también aplica al editor Jerónimo Pimentel, será apelada.

“Estoy apelando tanto la condena penal como el requerimiento de reparación civil”, sostuvo Acosta a la prensa.

De acuerdo con el juez, varias frases contenidas en el libro son agraviantes contra el excandidato presidencial de las elecciones del 2021.

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Antes de conocerse la decisión, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtieron que si la querella por presunta difamación agravada en contra del periodista prosperaba pondría en riesgo la libertad de prensa y de expresión en el país.

El empresario peruano César Acuña (c), excandidato a las elecciones presidenciales de Perú. Foto: EFE

“Sería muy perjudicial y un atentado” en contra de la libertad de expresión, dijo a la prensa la directora de IPYS, Adriana León.

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La Defensoría del Pueblo “condenó el uso de la justicia penal como mecanismo de afectación a la libertad de expresión” tras la sentencia del periodista Acosta.

La Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) indicó en un comunicado su “preocupación” ante la condena, al “considerar que la sentencia atenta contra los principios fundamentales del ejercicio del periodismo, tanto para la prensa nacional como internacional”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó también que en Perú se sigan utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público.

La organización solicitó además al Congreso peruano que legisle “con urgencia” para descriminalizar los delitos contra el honor.

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“(Esta sentencia) confirma nuestras denuncias sobre cómo en Perú y en otros países, como Panamá y Brasil, existe una epidemia de demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas y medios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público”, dijo en un comunicado el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP subrayó que, “cuando se trata de figuras públicas, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa”.

Jornet recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una “referencia importante sobre la materia, al desalentar el uso de las sanciones penales”.

Se refirió al artículo 10 de dicha Declaración, que establece que “...La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.

Canahuati y Jornet indicaron que el “Congreso peruano debe legislar con urgencia para evitar que los políticos puedan usar el sistema judicial para desmontar procesos que terminan siendo utilizados para criminalizar al periodismo” sobre acciones de personas públicas y temas de interés público.

Acosta, jefe de la Unidad de Investigación del canal Latina Noticias, adujo que las afirmaciones contenidas en el libro, una investigación sobre la vida y trayectoria empresarial de Acuña, provienen de fuentes públicas y de archivo periodístico.

Tanto Acosta como Pimentel dijeron que apelarán la sentencia. (I)


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