Las sanciones impuestas por el gobierno de Biden a fin de frustrar las medidas autocráticas de Daniel Ortega han resentido al presidente y su círculo íntimo.

La familia gobernante de Nicaragua ha resistido en gran medida las sanciones impuestas por Estados Unidos en los últimos años, cuando las autoridades estadounidenses acusaban al gobierno del país de estar derivando a una autocracia.

Ahora, parece que la determinación de la familia puede estar resquebrajándose.

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Poco después de la invasión de Rusia a Ucrania, el hijo más destacado de Daniel Ortega, el presidente autocrático de Nicaragua, se acercó discretamente a Washington para reanudar el diálogo, según funcionarios y diplomáticos familiarizados con el acercamiento, mientras el gobierno de Joe Biden imponía sanciones a Moscú, uno de los pocos aliados que le quedan a la nación centroamericana.

El tema clave que tenía en mente: el alivio de las sanciones para la familia.

El meteórico ascenso del hijo, Laureano Ortega, ha ayudado a la familia a consolidar el poder: ahora gestiona las relaciones más importantes de Nicaragua, forjando históricos acuerdos diplomáticos y energéticos con funcionarios chinos y rusos de alto nivel.

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Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. fue enviado a Managua para reunirse con Laureano Ortega en marzo, pero la cita no llegó a celebrarse luego de que los Ortega aparentemente se arrepintieran. Ortega, de 40 años, es considerado el favorito para suceder a su padre, de 76 años, un antiguo líder revolucionario del que se dice que está en mal estado de salud.

A pesar de las frecuentes denuncias de Daniel Ortega contra Washington, la economía de Nicaragua depende en gran medida de Estados Unidos, de lejos su mayor socio comercial. Rusia, Venezuela y Cuba, aliados incondicionales de Ortega, no figuran en la lista de los cinco principales socios comerciales de Nicaragua.

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Sin embargo, las sanciones destinadas a frenar las tendencias dictatoriales de Ortega han afectado duramente a la familia y a su círculo más cercano. Generales de alto rango y varios de los hijos del presidente, entre ellos Laureano, han sido objeto de sanciones por parte de Washington, sus empresas se han incluido en una lista negra y se les ha acusado de blanquear dinero para el régimen.

La naturaleza de alto nivel de la apertura fue considerada por Washington como una señal de que las autocracias de América Latina podrían estar reconsiderando su alianza con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un momento en que el ejército de su país está empantanado en Ucrania y su economía asolada por las sanciones.

El gobierno de Biden espera lograr avances con los socios latinoamericanos de Putin, al presentar a Rusia como una potencia en declive con poco que ofrecer.

Delegación de ‘alto nivel’ de Estados Unidos viajó a Caracas para negociar con Nicolás Maduro

El 5 de marzo, poco después de la invasión rusa, altos funcionarios estadounidenses volaron a Venezuela para entablar conversaciones, las de mayor nivel entre los países en años. Esas conversaciones permitieron la liberación de dos estadounidenses encarcelados, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró dispuesto a aumentar la producción de petróleo de su país si se prohibían las exportaciones de petróleo ruso.

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Estados Unidos se apresuró a prohibir el petróleo ruso, y la Unión Europea está a punto de imponer su propio embargo.

El régimen nicaragüense se encuentra en una situación financiera precaria.

“Rusia ahora no puede darles dinero y la billetera venezolana está cerrada”, dijo Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Oficina de Estados Americanos, quien renunció en marzo en protesta contra el gobierno dictatorial de Ortega.

McFields dijo que fue informado del acercamiento de Nicaragua con Washington antes de renunciar y añadió que la familia Ortega y su círculo íntimo se tambalean bajo las sanciones estadounidenses.

Los hijos del presidente no pueden vivir con las comodidades a las que se han acostumbrado cuando cada mes disminuye el dinero que necesitan para pagar a los paramilitares pro gubernamentales o ampliar la fuerza policial a fin de manejar la creciente disidencia, dijeron McFields y un ex alto funcionario estadounidense.

Dado que Rusia y Venezuela tienen dificultades debido a sus propias sanciones, Nicaragua no cuenta con otro lugar al que acudir en busca de alivio económico, dijo McFields.

De los Ortega dijo que la “familia necesita dinero para mantener contentos a sus compinches, a la policía y a sus paramilitares porque no tienen nada que ofrecer más que represión”. Añadió: “Pero ellos saben que eso no es bueno porque están creando un hervidero para otro abril de 2018″, dijo refiriéndose a las protestas masivas contra el régimen de Ortega que fueron violentamente sofocadas por la policía y los grupos paramilitares que apoyan al gobierno.

Laureano Ortega pretendía conseguir un alivio de las sanciones para la familia Ortega y su círculo íntimo a cambio de la liberación de los presos políticos, algo que es una prioridad para el gobierno de Biden, según funcionarios estadounidenses con conocimiento de las conversaciones.

La portavoz y vicepresidenta de Ortega, su esposa, Rosario Murillo, no respondió a las preguntas sobre las conversaciones, sino que envió por correo electrónico consignas revolucionarias. En el pasado ha denunciado las sanciones como agresiones imperialistas.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que no estaba claro si el acercamiento por parte de Laureano Ortega estaba motivado por el temor de que el creciente aislamiento de Rusia afectara al régimen de Ortega, que cada vez más es visto como un estado paria en gran parte de América Latina, o si era producto de desacuerdos entre la familia y la “vieja guardia”, los aliados del presidente de sus días sandinistas que actualmente sirven en su gobierno.

A medida que la familia aumenta su control sobre el Estado, los miembros de la vieja guardia están cada vez más en desacuerdo con la familia Ortega — se sienten incómodos con sus crecientes ambiciones dinásticas— y también se ven afectados por las sanciones de Washington, según el funcionario estadounidense y McFields. El funcionario del Departamento de Estado habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado que no ha sido informado.

“Un aspecto clave de este acercamiento es que las sanciones de Estados Unidos a Nicaragua tienen claramente la atención de la familia”, dijo Dan Restrepo, exasesor de seguridad nacional para América Latina durante el gobierno de Barack Obama. “Probablemente aun más cuando Estados Unidos intensifica su régimen de sanciones contra Rusia. Esa combinación claramente está golpeando muy fuerte cuando se trata de personas del régimen”.

Si la familia Ortega está dispuesta a discutir la liberación de los presos políticos, Washington entablará conversaciones, añadió el funcionario del Departamento de Estado. Si no es así, Washington se está preparando para aplicar una presión adicional sobre el régimen con más sanciones.

Laureano Ortega se acercó a Washington a través de un tercero, dijo el funcionario, pero no quiso dar más detalles. Otra persona familiarizada con las conversaciones dijo que Ortega se acercó al Departamento de Estado a través del embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Obadiah Campbell Hooker.

Al ser contactado por teléfono, Campbell negó eso y dijo que no tenía conocimiento del asunto.

Laureano Ortega se desempeña actualmente como asesor presidencial que gestiona el comercio, la inversión y las relaciones internacionales de Nicaragua. El año pasado se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de China para firmar un acuerdo por el que Nicaragua retiraba el reconocimiento a Taiwán y forjó el primer acuerdo de cooperación nuclear con Rusia.

Restrepo dijo que el acercamiento de alto nivel reforzó “el enfoque del gobierno de apoyarse en las sanciones para indicar que el camino antidemocrático es un callejón sin salida y que únicamente se intensificará”.

Lucha contra dictadura de Somoza

Daniel Ortega, un antiguo líder guerrillero marxista que llegó al poder tras ayudar a derrocar a otro conocido dictador nicaragüense, Anastasio Somoza, en 1979, pasó la década de 1980 luchando contra grupos paramilitares financiados por Estados Unidos que buscaban derrocarlo.

Luego, en la década de 1990, pasó a la oposición nicaragüense, hasta que consiguió la victoria en las elecciones de 2006 tras adoptar una plataforma pro empresarial y reconciliarse con la Iglesia católica, que se le había opuesto durante mucho tiempo.

A partir de entonces, comenzó a consolidar el control de su familia en el poder. En 2017, Ortega nombró a su esposa como vicepresidenta, mientras sus hijos empezaban a desempeñar papeles más importantes en los negocios y la política.

Ortega a menudo consulta a su esposa, Murillo, antes de tomar decisiones políticas cruciales, dijeron McFields y un funcionario estadounidense, una relación tan estrecha que en Nicaragua a menudo se refieren a la pareja como “OrMu”, una mezcla de sus apellidos.

“Laureano no es lo suficientemente autónomo como para mover un dedo sin tener el pleno acuerdo tanto de Ortega como de Murillo”, dijo Carlos Fernando Chamorro Barrios, un periodista nicaragüense que abandonó el país el año pasado, pocos meses antes de que su hermana, Cristiana Chamorro Barrios, candidata presidencial, fuera encarcelada.

“Laureano es usado como mensajero de su madre y de su padre. Esto es lo más alto posible”.

A medida que la disidencia contra Ortega se ha intensificado el gobierno ha desplegado todos los mecanismos del Estado para aplastarla brutalmente.

Cuando un poderoso movimiento estudiantil ayudó a liderar las protestas antigubernamentales a nivel nacional en 2018, la policía y los grupos paramilitares progubernamentales lo sofocaron, dejando al menos 350 muertos, según los grupos de derechos humanos.

Después de que Ortega encarceló a los más creíbles contendientes a la presidencia, prohibió los grandes eventos políticos y cerró de forma masiva los centros de votación en el período previo a su reelección el año pasado, el gobierno de Biden impuso sanciones al sector minero de Nicaragua y al brazo inversor de los militares. “El gobierno se ha convertido en un Frankenstein, en una dictadura familiar sin una ideología clara”, dijo McFields, el ex embajador de Nicaragua.

“Con el tiempo el gobierno ha demostrado que todo descansa en el modelo familiar y su relación con él”, dijo. “Incluso la gente del gobierno está cansada de la situación. Están cansados de un régimen que parece no poder resolver nada si no es a través de la represión”. (I)

Oscar Lopez colaboró con reportería.

Maria Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para The New York Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Encuéntrala en Twitter: @abihabib