Este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela al inaugurarse la 48.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos y en él destacó que esas sanciones han acentuado también el impacto de la pandemia en el país.

Bachelet condenó la persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes sindicales que hay en el país.

“El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido”, dijo Bachelet, quien agregó que la falta de datos públicos afecta el monitoreo de las políticas públicas.

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Sobre los presos políticos, mencionó: “De los casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y celebro la absolución de Braulio Bratar”.

Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y el Gobierno venezolano para que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país. Los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de seis a doce.

La alta comisionada también pidió que se levanten las sanciones sectoriales contra Venezuela, debido a que han agravado la precaria situación económica y social de la población, según EFE.

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“La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”, señaló.

Caso Nicaragua

Bachelet también denunció el creciente cerco a las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre, con al menos 36 detenciones arbitrarias desde mayo, invalidación de candidaturas y cancelación de partidos políticos.

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Los nicaragüenses, señaló Bachelet, tienen derecho a presentar candidaturas a la Presidencia, participar en la campaña, y los medios deben cubrir el proceso, pero “nada de esto está ocurriendo”, lamentó en su informe actualizado sobre ese país ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La alta comisionada indicó que a los 20 detenidos en relación con los comicios que ya denunció en junio se han sumado otros 16, “incluyendo políticos, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles”.

Entre esos últimos 16 detenidos hay 7 personas que habían manifestado públicamente su aspiración a presentarse a las elecciones presidenciales de Nicaragua.

“La mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias”, señaló la alta comisionada, quien también denunció posibles casos de tortura y maltrato contra algunos de ellos.

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Bachelet señaló por otro lado que se han intensificado los ataques a la libertad de expresión, como simbolizó el hecho de que el 12 de agosto el diario La Prensa anunciara el cese de su edición impresa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera.

“Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes materiales y posteriormente detuvieron a su gerente general”, señaló ante el Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, Bachelet urgió al gobierno de Daniel Ortega que “cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, y que “libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018”, según denuncias de organizaciones de derechos humanos. (I)