Para el 7 de noviembre están previstas las elecciones generales en Nicaragua, que son más que cuestionadas por las acciones del régimen en contra de la oposición y la prensa, en las que el presidente Daniel Ortega busca aumentar sus 14 años en el poder con otra reelección.

Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció la difícil situación al conceder el viernes el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 a los periodistas Juan Lorenzo Holmann Chamorro, de Nicaragua, y Henry Constantín Ferreiro, de Cuba, quienes han sufrido encarcelamiento y persecución por hacer su trabajo en “uno de los periodos de más oscuridad” en la región.

Holmann Chamorro, quien es gerente general del diario La Prensa, de Managua, permanece encarcelado desde agosto pasado, detalló la SIP, con sede en Miami.

También están presos dos miembros del directorio del diario de Nicaragua La Prensa: Cristiana Chamorro, por su condición de precandidata a las elecciones de presidenciales del próximo 7 de noviembre, y Pedro Joaquín Chamorro, quien fue detenido después de declarar que también tenía aspiraciones presidenciales, indicó la SIP. Otros candidatos también están presos.

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De acuerdo con el diario nicaragüense La Prensa, hasta el 7 de octubre se deben organizar las Juntas Receptoras del Voto (JRV) que habilitará el Consejo Supremo Electoral (CSE) y que alcanzarían la cantidad de 13.459 esta vez.

Se explica también que los cargos de presidente y primer miembro se ocupan de forma alterna por los partidos y ocuparon el primer y segundo lugar en las últimas elecciones generales, que en este caso son el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucional.

En estas elecciones están llamados a votar poco más de 4,4 millones de nicaragüenses y se debe votar por presidente, diputados y el Parlamento Centroamericano.

Sin embargo, ya en una entrevista anterior con este diario el periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro dijo que en estas elecciones solo estarán el oficialismo y partidos sumisos al régimen (seis), mientras que la oposición no estará luego de las acciones legales en contra de candidatos y partidos para dejarlos fuera de la competencia. Por ende, lo importante será saber quién reconocerá en América Latina los resultados de estas elecciones que él y el resto de la oposición califican de fraude.

Analistas locales han dicho a medios que además el CSE es dirigido por gente afín al FSLN y cuestionan cualquier imparcialidad. Algo que ya se ha visto con suspensión de la personería jurídica de partidos opositores, además de otras acciones de otras instituciones que han detenido a destacados líderes opositores, sietes candidatos a presidente y cierre e incautación de medios de comunicación.

Ya en la Asamblea General de la ONU, que acabó esta semana, ocho países -Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido- firmaron una declaración en la que indicaban que en Nicaragua no existen “las condiciones necesarias” para realizar unas elecciones “libres y justas” y, por ende, cuestionan la legitimidad de los resultados.

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Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, país que recibe a muchos de los exiliados, dijo a Confidencial que es necesario que más países se sumen a este tipo de posturas.

En ese sentido, ayer 15 senadores de EE.UU. pidieron a la Administración del presidente Joe Biden que aumente la “presión” sobre el Gobierno de Nicaragua y que lidere una estrategia internacional para lograr la liberación de siete aspirantes presidenciales encarcelados.

Los legisladores le pidieron presione para que se permita la participación de la oposición en las elecciones, así como que se amplíe sanciones contra el presidente nicaragüense y contra sus altos mandos militares. Además, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que tome “acciones urgentes” para frenar la que consideran como una de las campañas de represión “más fuertes” en el continente desde las dictaduras de la década de 1980.

En tanto, el medio Confidencial indica que según el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció que el FSLN hace un constante “abuso en el uso de recursos estatales”.

“Las condiciones de esta campaña política son desiguales porque el FSLN se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales y sus medios de comunicación y redes sociales”, afirma el observatorio en un informe, en el cual se señala que esto se puede ver en la “entrega de viviendas, jornadas de vacunación, entrega de títulos de propiedad, inauguración de proyectos de infraestructura, entre otros programas gubernamentales que son permanentemente utilizados con fines partidarios y electorales”.

Otro punto abordado es que una consultora que relacionan con el oficialismo realiza encuestas con interrogantes “orientadas a favorecer al partido FSLN”.

Incluso se denuncia que el 25 de septiembre directores de colegios públicos y miembros de la Asociación Nacional de Educadores “instaron a los docentes a salir a las calles para visitar a simpatizantes sandinistas para comprometerlos a votar por Daniel Ortega y Rosario Murillo”. Y se denuncian amenazas de despido relacionados con esta actividad.

También se criticó que las actividades en medio de un gran rebrote de coronavirus en el país.

La pandemia ha dejado 204 muertes por COVID-19 y 14.251 casos confirmados en 18 meses, según el Ministerio de Salud.

Por su parte, la red de médicos del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 ha reportado 5.230 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 28.247 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua, que promueve actividades de aglomeración todos los fines de semana, se ha negado a establecer restricciones para detener la propagación de la COVID-19, informa EFE. (I)