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Perú, entre peleas del Gobierno y la salud de Alberto Fujimori

Pedro Castillo tiene poco más de dos meses en la presidencia y tiene a la mayoría del Congreso en contra. También vive ciertas disputas en su gabinete.

El presidente de Perú, Pedro Castillo (d), saluda a su primer ministro, Guido Bellido (i), en compañía del gabinete de ministros. Foto: EFE

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La estabilidad política ha sido complicada de alcanzar en el Perú de los últimos años, principalmente por los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, algo que continúa con el nuevo Gobierno. Esto, mientras la salud del apresado expresidente Alberto Fujimori vuelve a ser noticia.

El pasado domingo, el presidente Pedro Castillo llevó al Congreso un proyecto de ley de reforma agraria, pero al mismo tiempo tiene una aparente disputa interna en su gabinete.

A inicios de este mes la cadena Epicentro TV publicó unos chats de miembros del partido gobernante, Perú Libre, que mostraban críticas entre sus miembros en el Congreso y del gabinete. Se evidenciaba de esta manera lo que se viene diciendo desde el inicio del mandato, que hay dos líneas que no logran conectarse en el Gobierno, la del fundador del partido, Vladimir Cerrón, de la que es parte el primer ministro, Guido Bellido, y una más moderada. Ambas tratan de influir en el mandatario.

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Incluso cuando murió Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, un tercio del gabinete se mostró de acuerdo con la decisión de cremarlo para evitar santuarios y el resto no. Algo que para el analista peruano Luis Benavente ya es una muestra de las líneas que no conectan en el Gobierno, algo que deja dudas porque Castillo no muestra una posición clara y habla muy poco.

Benavente recuerda que la propuesta agraria del gobierno fue presentada el 3 de octubre, día en que ocurrió el golpe militar de 1968, que dio paso a la llamada “Revolución Nacionalista”, de izquierda y que también hizo una reforma agraria. Bellido le dijo a los diputados que si no la aprobaban era mejor “que se regresen los congresistas y que la población escoja a otros congresistas”,

Castillo evaluaría retirar a Bellido -acusado anteriormente de apología al terrorismo- del puesto, según el diario peruano La República, debido a enfrentamientos con otros ministros de su gabinete, incluyendo con el canciller Óscar Maúrtua -uno de los moderados-. También está la crítica de Bellido a la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, así como la disputa creada porque el Congreso quiere lanzar una moción en contra del ministro del Trabajo, Iber Maraví, por presuntamente participar en acciones terroristas en la década de 1980.

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“La relación Gobierno-Congreso, como ya ha sido una constante en los últimos seis años, vuelve a ponerse tirante. Es una situación bien complicada. Por un lado Castillo con una minoría de congresistas y una fuerte mayoría opositora compuesta por varias bancadas. Este capítulo se enfrentamientos se ha agravado estos últimos días debido a la intención de censurar al ministro de Trabajo, quien según informes policiales tuvo vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso en los 80. La respuesta del Ejecutivo es hacer una cuestión de confianza por este ministro... según la Constitución peruana, si se niega la confianza dos veces, el presidente tiene la facultad de cerrar el Congreso”, dice Villalobos, quien añade que aún no se ha confirmado ninguna de las opciones y siguen las amenazas verbales con cálculos políticos.

El analista peruano José Carlos Requena expresa que, como en todo Gobierno, hay divergencias y se quiere ver como un enfrentamiento entre Castillo y el ala más radical liderada por Cerrón en el partido y Bellido en el gabinete. Pero él cree que también podría ser una apuesta contra el sector moderado que quiere influir más en el presidente.

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Ambos consideran que no se sabe si estos enfrentamientos son reales o para la tribuna y mejorar la posición de Castillo.

Requena agrega que el oficialismo no tiene mayor capacidad de acción en el Legislativo, pero la oposición también se está manejando con cuidado frente a los antecedente y acusaciones de relaciones de personas de Perú Libre con Sendero Luminoso.

“Estamos en un escenario de Guerra Fría, de cuándo se activa algún botón mucho más sensible... quien está coqueteando más con ese objetivo es el Ejecutivo con la cuestión de confianza para defender a un ministro de antecedentes dudosos”, plantea Requena.

La situación de Fujimori

El apresado expresidente Alberto Fujimori se recuperaba ayer de un procedimiento de cateterismo para destapar una arteria y se recuperaba en cuidados intensivos.

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“Justamente sobre Fujimori se pronunció el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que una vez que se recupere vaya a un penal de reos comunes. Él como expresidente tiene actualmente un penal especial solo para él, que funciona en una sede policial. Las declaraciones del ministro podrían generar una nueva turbulencia y reacción desde la oposición fujimorista”, apunta Villalobos, quien dice que la figura del detenido expresidente aún genera mucha división en lo político.

Para algunos de los consultados el Gobierno actual está en las antípodas de su línea y piensa que tenerlo en una cárcel especial es tenerlo en una celda dorada, además de que quizá el tema podría servir en un futuro para alguna negociación, aunque por el momento se ve difícil.

“Hay mucha presión desde el inicio del gobierno de cambiar la prisión a Fujimori... pero hay quienes piensan que estaría en riesgo su vida por cuestiones políticas, de edad o enfermedad. Creo que si bien su ingreso al hospital es para cuidar su salud, también es para protegerlo y evitar su traslado”, afirma Benavente.

Desde que está en prisión, Fujimori es periódicamente trasladado a clínicas por diferentes males crónicos propios de su avanzada edad, como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis, fibrilación auricular paroxística y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta seis veces.

Fujimori cumple desde 2007 una condena de 25 años de cárcel por los asesinatos de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista, este último durante el “autogolpe” de Estado de 1992. (I)

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