La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sur de México, cumple este domingo siete años sin respuesta y como uno de los pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas son las cinco claves para entender el caso, que llega a su séptimo aniversario entre algunos avances, pero con el creciente reclamo de familiares y la sociedad civil para saber qué pasó con los jóvenes y quiénes son los responsables.

Una ‘verdad’ histórica

Según el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), policías corruptos de Iguala, en el estado de Guerrero, detuvieron a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para ir a una marcha el 2 de octubre en la capital.

Publicidad

La versión de la Administración de Peña Nieto, que llamó “la verdad histórica”, indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos además de los 43 desaparecidos.

Una ‘verdad’ desmentida

El caso Ayotzinapa ha permitido conocer la criminalidad que opera en muchas partes del país en particular en Guerrero y la colusión de autoridades con este, afirman los representantes de las víctimas. Foto cortesía de CentroPRODH.

Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la “verdad histórica” al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.

El GIEI concluyó que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis” tras una indagatoria de seis meses en la que argumentó que el fuego que se hubiese generado en el vertedero habría generado una columna de humo de 300 metros que no podría pasar desapercibida para los habitantes de alrededor.

Publicidad

Los estudiantes identificados

Personas mirando la obra "Restablecer Memorias" del artista conceptual chino y crítico gubernamental Ai Weiwei, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en la Ciudad de México, México.

Asimismo, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras asumir en 2018, identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio pasado de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero y sin marcas de fuego.

Por ello, el Gobierno de López Obrador considera que este hallazgo “derrumba” la “verdad histórica” de Peña Nieto.

Publicidad

Además, las autoridades identificaron los restos de Alexander Mora en diciembre de 2014.

Detenidos e implicados

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muestra el decreto firmado para investigar el caso de 43 estudiantes desaparecidos, en una ceremonia con familiares de los estudiantes en el Palacio Nacional.

El presidente López Obrador ha informado de un total de 80 detenidos por el caso, aunque la judicialización se ha obstaculizado por actos de tortura contra los presos, por lo que los jueces han liberado a algunos de los implicados.

Entre los arrestos ha habido integrantes del cártel de Guerreros Unidos y policías federales y municipales.

Uno de los principales detenidos, desde junio de 2020, es José Ángel Casarrubias, conocido como el Mochomo, identificado como cabecilla del cártel Guerreros Unidos y uno de los presuntos orquestadores de la desaparición.

Publicidad

Por otro lado, el Gobierno reconoció en agosto pasado el asesinato de al menos ocho personas vinculadas al caso, entre ellos seis sospechosos no identificados, Moisés Brito “El Bandam”, del cártel Guerreros Unidos, y su “brazo derecho” y uno de los presuntos operadores de la desaparición.

En tanto, en julio pasado, murió de covid-19 uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, Mario Casarrubias, quien estaba preso por la desaparición.

Autoridades sospechosas

La Fiscalía de México publicó en febrero pasado el expediente de la investigación oficial sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa, donde se evidencian contradicciones.

Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno de México investiga el rol de funcionarios de la Administración pasada.

Por ello busca extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.

Zerón se considera uno de los autores clave de la “verdad histórica”.

Pero filtraciones del caso también han salpicado al Ejército, pues en enero pasado se filtró a la prensa el testimonio de “Juan”, un testigo protegido.

Según su versión, militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde después los entregaron al cártel para su desaparición.

El año pasado, fue arrestado el capitán José Martínez Crespo, adscrito a dicho batallón, quien se convirtió en el primer militar enjuiciado por Ayotzinapa. (I)