A las tres de la madrugada, una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana anuló la designación de Roberto Romero como superintendente de Bancos

Una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anuló la designación de Roberto Romero von Buchwald como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, amparándose en una sentencia judicial que dejó en firme la destitución y censura de cuatro ahora exconsejeros en un juicio político que efectuó la Asamblea Nacional el 18 de noviembre del 2022.

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En una sesión virtual que se extendió hasta las tres de la madrugada de este 10 de marzo, cuatro de los siete consejeros resolvieron anular decenas de resoluciones, entre ellas, la CPCCS-PLE-SG-050-E-2022-1155, en la cual constaba la designación de Roberto Romero von Buchwald como autoridad de la Superintendencia de Bancos, que decidieron los ahora exvocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, en diciembre del 2022.

El tema se discutía desde el 27 de febrero, cuando se ordenó al área jurídica elaborar un criterio que sirva de guía para tomar decisiones, luego que la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas anuló una acción de protección y medida cautelar que favoreció con la restitución en sus cargos a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, quienes fueron censurados y destituidos por el Parlamento.

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Este punto fue parte de una sesión que se extendió durante todo el día jueves, en la que se aprobaron veedurías ciudadanas y que tras varias suspensiones se reinstaló a eso de las 21:00 y concluyó a las 03:10 de este viernes.

Dicho informe jurídico recomendó declarar la nulidad de todo lo actuado por los cuatro exconsejeros entre noviembre y diciembre del 2022, con base en la sentencia de la Corte Provincial. Los otros tres exvocales, Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero, no participaron de esas plenarias debido a la acción legislativa.

Aunque el 23 de enero fueron destituidos los siete por disposición de la Corte Constitucional (CC) que declaró el incumplimiento de una sentencia en la que les ordenó designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura.

La opinión jurídica también les recomendó analizar los actos administrativos y simples de administración, “en virtud de que pueden existir actos inherentes a la gestión de la institución que podrían afectar el normal desenvolvimiento, teniendo en cuenta el principio de eficiencia y transparencia que debe regir en la administración pública”.

Así, se declararon nulas 31 resoluciones, entre ellas, la designación de Roberto Romero como superintendente de Bancos que se realizó el 3 de diciembre del 2022, con el voto de Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán.

La decisión se tomó por una moción que la tenía lista y que la había “pensado” el vocal Olindo Nastacuaz, pero que generó malestar en los consejeros Aland Molestina, Mónica Moreira y Carlos Figueroa, quien reclamó que fue el primero en presentar una moción y que no le dieron paso a tratarla.

Se entrecruzaban las voces por los reclamos, mientras la presidenta Gina Aguilar anulaba los pedidos de palabra de Aland Molestina y Carlos Figueroa y priorizaba la intervención de Nastacuaz.

“Yo sabía que ustedes tramposamente iban a hacer esto. Por eso suspendió la sesión en la tarde. Es el colmo, no está cumpliendo su palabra, presidenta”, decía indignado Figueroa.

En respuesta, Aguilar apeló al género y les espetó: “No porque son varones pueden venir a gritar. (…) Tengan la bondad de callarse y después todos hablarán”.

Molestina le aclaró que sus pedidos no “tienen que ver con el género”, sino que se cumpla con los procedimientos parlamentarios. Pero Aguilar no les hizo caso.

Finalmente, se les permitió hablar cuando Nastacuaz terminó de exponer su moción.

Los dos consejeros recordaron que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de diciembre del 2022, en el que se señala que el CPCCS no tiene competencia para revisar o anular procesos de designación de autoridades.

Sin embargo, los consejeros de mayoría desestimaron ese documento y concluyeron que los argumentos de la Procuraduría se refieren a la elección de autoridades del Estado que se realiza mediante comisiones ciudadanas y no por ternas enviadas por el presidente de la República, como es en este caso, la elección del titular de la Superintendencia de Bancos.

Incluso, Graciela Mora, quien leyó una respuesta a Figueroa, recordó que hay un superintendente electo que no ha podido asumir funciones pese a que fue posesionado por el Parlamento en julio del 2022. Ello era en referencia a Raúl González Carrión.

Fue un extenso debate en el que también intervino la vocal Mónica Moreira increpando la acción de los consejeros de mayoría, hasta que a eso de las 02:00 se puso a votación la moción planteada por Nastacuaz.

La resolución que anula la designación de Roberto Romero y otras 30 resoluciones de “actos administrativos y simples de administración” se aprobó con los votos de Olindo Nastacuaz, Graciela Mora, Teddy Tama y Gina Aguilar.

Carlos Figueroa, Mónica Moreira y Aland Molestina se pronunciaron en contra.

Figueroa colgó un letrero escrito a mano en el que reclamaba que le silenciaron el micrófono y cuestionó que si tenían la mayoría, para qué incidentaron e ignoraron su moción que había presentado a eso de las 17:00 del 9 de marzo, en la que proponía rechazar el informe jurídico. “No es de inocentes, esto es de vivísimos”, les reprochó.

En tanto, para defender la actuación de los cuatro de mayoría, Teddy Tama habló de “una sanación procesal” que se producía por efectos de la sentencia de la Corte Provincial de Santo Domingo que anula la acción de protección que devolvió sus cargos a los cuatro exconsejeros, quienes actuaron entre el 23 de noviembre y el 2 de enero pasado y que designaron un superintendente de Bancos.

A las 03:10, la consejera Gina Aguilar hablaba a la ciudadanía que estaría mirando el pleno virtual y les ofreció que la próxima semana se retomarían acciones en relación con los concursos de designación de autoridades que llevan a cabo tres comisiones ciudadanas.

Además, pedía que recuerden que la atribución que tiene el CPCCS para designar autoridades no es la más importante, sino que hay otras más importantes, como la integración de veedurías ciudadanas y la lucha contra la corrupción

Durante la sesión no se discutió sobre cómo se llenará la vacante de la Superintendencia de Bancos, aunque en el interior se analiza plantear que el proceso se retrotraiga al 19 de julio, cuando el candidato Raúl González Carrión expuso su plan de trabajo.

Raúl González integró la terna que propuso el presidente Guillermo Lasso el año pasado y que incluyó también a Rosa Guerrero y Doris Padilla.

Las dos candidatas no fueron calificadas para participar porque incumplían requisitos legales y González fue el único que superó la fase de admisibilidad y la impugnación ciudadana, pero desde el Gobierno se le había pedido que renuncie a su participación y él se negó.

Luego, en una primera sesión del anterior pleno del CPCCS del 19 de julio, no hubo los votos necesarios para designarlo; al siguiente día, la plenaria se reinstaló y fue designado con el voto de los ahora exconsejeros Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, al que se sumó Francisco Bravo.

Horas después, una ciudadana, Michelle Guerra de Andrés, planteó una acción de protección que fue aceptada por la exjueza de Samborondón (Guayas) Larissa Ibarra, quien anuló la elección de González y dispuso que se haga un nuevo proceso.

Ante recursos de apelación de las partes, en segunda instancia, la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la nulidad de la designación de Raúl González. (I)