Abdalá y Jacobo Bucaram enfrentan audiencia de apelación en caso por delincuencia organizada; empresario busca que se confirme su sobreseimiento

La defensa del empresario Bryan Pérez espera que quede en firme el sobreseimiento que se le definió el 4 de octubre pasado dentro del caso por el delito de delincuencia organizada relacionado con supuestas irregularidades en la comercialización de 21.0000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 en plena pandemia, para empezar a definir las acciones que eventualmente se tomarán.

Pérez junto con el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y Verónica A. fueron sobreseídos del delito de delincuencia organizada por el juez penal de Pichincha Geovanny Freire, quien definió que los cuatro fueron compradores privados de pruebas rápidas para COVID-19, las cuales fueron importadas de manera legal al país.

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Sí fueron llamados a juicio en este caso el israelí Sheinman Oren, el agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) Leandro B. e Isabel P., quien actualmente se encuentra prófuga. La fiscal Lidia Sarabia presentó en la audiencia preparatoria de juicio más de 40 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio contra los siete procesados y pidió que sean llamados a juicio, solicitud a la que dio paso parcialmente Freire.

Dos meses y medio después de conocido el llamado a juicio para unos y el sobreseimiento para otros, este miércoles los jueces de la Corte Provincial de Pichincha Patricio Vaca (ponente), Miguel Narváez y Anacélida Burbano, desde las 14:30 de este miércoles, instalarán la audiencia para tratar la apelación interpuesta por la Fiscalía al sobreseimiento otorgado a los Bucaram, a Bryan Pérez y a Verónica A.

César Valencia es abogado de Pérez, un empresario de 28 años que dejó el país por las amenazas que recibió luego de denunciar la estafa de la que fue víctima al haber entregado 20.000 pruebas rápidas a los israelitas Sheinman Oren y Shay Dahan (este último fue asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) y no recibir pago alguno. Las amenazas se habrían producido, asegura el abogado, pese a que su cliente era parte del Programa de Víctimas y Testigos.

Valencia dice no entender cómo la Fiscalía mantuvo a su cliente como procesado más de diez meses sin un solo indicio o evidencia que revelara que él hubiera participado del delito que se investigaba, y más aún, califica a Pérez como la víctima de este caso. Para el abogado, por un lado, existió “negligencia” en la investigación de la Fiscalía, institución que, dice, no entendió nunca que Bryan Pérez fue una víctima de una estafa; pero, por otro, aclara que la Fiscalía empezó a equivocar su investigación y enredarse en el aspecto político al vincular a dos integrantes de la familia Bucaram.

En lo referente a Abdalá y Jacobo Bucaram, el juez Freire señaló en su decisión oral que no se puede establecer criminalidad sobre el almacenaje de dichas pruebas en relación con el exmandatario; y acerca de Bucaram hijo señaló que adquirió esos test sin que le entregaran eventualmente la totalidad de ellos. Agregó el juez que esas pruebas no fueron negociadas en hospitales públicos.

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Valencia asegura que su cliente no solo ha recibido una afectación a su honra y buen nombre al ser vinculado a un proceso penal días después de que él mismo le notificó a la Fiscalía que dejaba el país por cuestiones de seguridad, sino que también es víctima de una estafa que bordea los $ 450.000 por pruebas rápidas para detectar COVID que le entregaron en consignación y que él negoció con los israelitas en mayo de 2020, no recibiendo el pago por ellas hasta el día de hoy.

El amigo de Pérez que le entregó a consignación las pruebas rápidas y quien a su vez es el importador de las pruebas al país habría planteado contra él un juicio penal para cobrar el total de las 20.000 pruebas entregadas bajo la figura de consignación.

La defensa de Bryan Pérez, por su parte, busca que la justicia de la provincia de Santa Elena le devuelva el dinero que se le decomisó a los israelitas, debido a que sería producto de la venta de las pruebas entregadas por el empresario ecuatoriano. La justicia le habría indicado que se necesita una declaratoria judicial en la que se defina que él es la víctima de una estafa.

En este mismo caso, el 15 de abril pasado la jueza María Elena Lara, quien llegó en este momento en remplazo de la jueza Verónica Medica, acogió los procedimientos abreviados de los también exagentes de la AMT Cléver A. y Samuel S., quienes aceptaron los hechos atribuidos por la Fiscalía, por lo que se los sentenció a cinco años de cárcel a cada uno. (I)