Acabar con las funciones prorrogadas de Carlos Riofrío en la Contraloría y designar a Raúl González como ‘súper’ de Bancos entran al debate del Consejo de Participación Ciudadana

Decidir la posible remoción de Carlos Riofrío como titular de la Contraloría General del Estado y designar a Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos son dos iniciativas que agiliza el bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Faltan diez días para que se produzca el cambio de autoridades en el CPCCS, tras las elecciones del 5 de febrero y, en el organismo, se resolverá sobre la situación de los titulares de la Contraloría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos, en lo que será una extensa sesión número 10 que se instaló este miércoles, 3 de mayo.

La consejera Graciela Mora tuvo el respaldo de sus coidearios Gina Aguilar, Teddy Tama y Olindo Nastacuaz para resolver sobre una solicitud planteada por un grupo llamado Frente de Perjudicados de la Contraloría para que se remueva a Carlos Riofrío de sus funciones como subcontralor del Estado, argumentando que concluyó el periodo para el cual fue electo la exautoridad y prófugo de la justicia Carlos Pólit Faggioni.

Ese colectivo remitió un documento al Consejo de Participación Ciudadana en el que pide que concluya con la subrogación de Carlos Riofrío González y asuma quien lo subroga (Alberto Jhayya Segovia).

En la actualidad, una comisión ciudadana de selección, integrada por el CPCCS, lleva a cabo el concurso público para designar a la nueva autoridad. Aunque el proceso se encuentra aletargado debido a que en el trámite de una acción de protección un juez dispuso que se retrotraiga a la fase de admisibilidad, para la revisión de requisitos de más de 100 concursantes.

Carlos Riofrío se encuentra prorrogado en este cargo, amparado en una resolución de la Procuraduría General del Estado, ya que el periodo de cinco años por el cual fue electo Carlos Pólit y el cual está reemplazando concluyó en marzo del 2022.

Desde junio del 2017, en reemplazo de Pólit, que fue censurado por la Asamblea Nacional y procesado por concusión en el caso Odebrecht, estuvieron Pablo Celi de la Torre, Valentina Zárate y finalmente Riofrío.

Debido a que el CPCCS, que lideraron los exconsejeros Sofía Almeida y Hernán Ulloa no aceleraron la designación del nuevo titular, el propio Riofrío solicitó un criterio jurídico a la Procuraduría General del Estado, que en febrero del 2022 aclaró que el reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) en su artículo 105, numeral 4 “alcanza” al titular de la Contraloría, pese a “su condición de servidor público sujeto a periodo fijo (el contralor es electo por un periodo de cinco años) excluido de la carrera del servicio público”.

El organismo enfatizó que para garantizar la continuidad de la prestación de servicios y actividades institucionales, por el principio de “seguridad jurídica”, se aplicará el reglamento a la Losep que prevé por excepción que un “servidor público sujeto a periodo fijo no se puede separar del desempeño de su puesto a menos que sea legalmente reemplazado, sin que para ese efecto se requiera la formalización de acto administrativo alguno”, cita el pronunciamiento de la Procuraduría.

No obstante, un criterio elaborado por el coordinador jurídico del Consejo y excandidato a concejal de Guayaquil, José Varas Flores, expone que el periodo de cinco años de Pólit terminó el 14 de marzo de 2022; que el encargo que realizó el extinto CPCCS de Transición a Pablo Celi también concluyó el 14 de marzo de 2022; y, que la subrogación de Riofrío también feneció.

Por lo que sugiere a los consejeros que Riofrío atienda el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría y que asuma el subcontralor, que en este caso es Alberto Jhayya.

Dicho articulado señala que el subcontralor será designado por el contralor y lo subrogará en caso de ausencia temporal o definitiva hasta la designación del titular.

En la sesión de este 3 de mayo, Graciela Mora pidió que se trate este punto, pues hace un mes el colectivo hizo esta propuesta y debe resolverse.

Su moción generó tensión. Entre los consejeros se discutía en secreto si incluirla en el debate y en qué orden. Mora respondía llamadas telefónicas; Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz escuchaban a su equipo de asesores; mientras que los vocales de minoría Mónica Moreira, Carlos Figueroa y Aland Molestina esperaban que se tomara votación.

Carlos Figueroa y Aland Molestina recordaron que hay un pronunciamiento de la Procuraduría que no debería ser evadido.

“No voy a apoyar a esta gente que pretende desestabilizar la institucionalidad del país. De seguro son los mismos que están atacando los concursos de elección de autoridades. El coordinador jurídico del Consejo debería tener la delicadeza de incluir en su informe el pronunciamiento de la Procuraduría, porque nada tenemos que ver en la designación de un subcontralor”, reclamó Figueroa.

Graciela Mora le respondió que, al contrario, la Contraloría es parte de la estructura del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana debe vigilar el buen funcionamiento de las instituciones. Con cuatro votos a favor y tres abstenciones se incluyó para el debate del pleno.

Otro punto a tratar es abrir paso a la designación de Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos, pese a un fallo judicial de un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que confirmó la nulidad de esa elección que se efectuó en julio del 2022.

Para este caso hay un informe elaborado por el funcionario Jorge Varas, que concluye que la sentencia judicial de primera instancia, tomada por la jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, Larissa Ibarra, y confirmada por la Corte Provincial de Justicia, es “contradictoria y carece de eficacia jurídica”, porque declarar la nulidad se vuelve “inejecutable”.

Su opinión es que hubo decisiones del CPCCS que presidió el exconsejero destituido Hernán Ulloa “anteriores al 19 de julio de 2022, que mantienen aún su validez y por tanto producen todavía efectos jurídicos”, como la condición de postulante calificado a Raúl González.

Dicho abogado propone al pleno del CPCCS declarar nulos todos los actos que haya tomado el anterior pleno del CPCCS entre el 20 de julio y el 19 de noviembre de 2022 que estén relacionados a la designación del titular de la Superintendencia de Bancos, según concluyó, porque son contrarios a la Constitución.

Pero que se considere como válidos los actos y decisiones del pleno de mayoría que integró Hernán Ulloa (con María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo) para que se ratifiquen sus actos entre el 2 de marzo y el 19 de julio de 2022.

Es decir, cuando se dio trámite a la terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la que se incluyó a Raúl González como candidato.

Luego les recomienda que se reinstale la sesión 28 del pleno del CPCCS de 2022, para escuchar la exposición del plan de trabajo de Raúl González, o que solo se reproduzca la exposición que hizo el 19 de julio y que lo designen, pues fue el único candidato que no recibió impugnaciones.

A propósito de esta designación, en marzo pasado, los consejeros de mayoría anularon más de 60 resoluciones que se tomaron en el periodo del exconsejero Hernán Ulloa, entre las que se encontraba la designación de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos.

Su designación se realizó el 3 de diciembre de 2022, pero la Asamblea Nacional se negó a posesionarlo.

De esa forma, si el CPCCS decide designar a Raúl González, se recomienda remitir con urgencia la resolución a la Asamblea Nacional para que lo posesionen en el cargo, aunque fue posesionado el 11 de agosto, días después de que la jueza Larissa Ibarra nulitó su elección. (I)