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Acción de protección contra amnistías otorgadas por el Legislativo se resolverá en audiencia el 24 de marzo próximo

En total 268 amnistías fueron aprobadas en paquete con 99 votos en la Asamblea Nacional, la madrugada del jueves 10 de marzo pasado.

15 de marzo de 2022. Andrés Páez fue parte de la marcha realizada en Quito, el martes último, para protestar contra de las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional. API / HAMILTON LÓPEZ Foto: API

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El jueves 24 de marzo próximo, desde las 10:40, se analizarán en audiencia los argumentos con que cuenta el exlegislador Andrés Páez para fundamentar la acción de protección que presentó con la finalidad de echar abajo la resolución de la Asamblea Nacional con la que otorgó 268 amnistías.

La convocatoria la hizo la jueza Lucila Soria, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia radicada en Quitumbe, en el sur de Quito. La acción de protección va en contra de la medida aprobada por el Legislativo con 99 votos y por ello se le notificó a la presidenta del organismo, Guadalupe Llori, para que responda en representación de la Asamblea.

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Soria dispuso que el auto de calificación de la demanda, así como el fundamento de esta y sus anexos fueran entregados a Llori en calidad de presidenta de la Función Legislativa. También se notificó para los fines pertinentes al procurador general del Estado, Íñigo Salvador. La diligencia se dará en una sala de la Unidad Judicial de Quitumbe, en el sur de la urbe.

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Páez presentó la acción constitucional un día después de que 99 votos de asambleístas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, parte del BAN e independientes dieron luz verde para que se amnistiara a 268 personas que eran parte de 60 procesos relacionados con la supuesta judicialización por ejercer el derecho a la resistencia, defensores comunitarios, por administrar justicia indígena y defensores de la naturaleza.

Según el demandante, existen actos violatorios en la resolución con la que el Legislativo, según él, otorgó “amnistías indiscriminadamente”.

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La resolución de la Asamblea también mantiene otra demanda en la Corte Constitucional. El colectivo Quito Levántate, encabezado por Andrés Castillo y Patricio Alarcón, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante las posibles violaciones que se cometieron al entregar amnistías en casos en los que la Carta Magna los prohíbe puntualmente, por ejemplo, el secuestro.

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Tanto este colectivo, que suma a diversos sectores sociales y productivos de la capital, como el movimiento Pachakutik han anunciado que asistirán a la acción de protección de Páez con amicus curiae. Los primeros para respaldar lo que pide Andrés Páez, mientras que los segundos para rechazarla, pues creen que las amnistías fueron legalmente otorgadas por el Parlamento. (I)

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